A las 6 de la mañana empieza su recorrido. Todos los días Edgar toma el botellón de plástico y camina medio kilómetro hasta la tubería de agua más cercana, hace la cola y espera su turno allí, casi al lado de una cloaca.
Recorre medio kilómetro de vuelta con el envase de agua en sus hombros y la lleva a destino: la casa de alguno de sus vecinos. Al día puede hacer hasta diez viajes de estos, todos los que requieran sus clientes porque así se gana la vida: trajinando agua a cambio de algunos billetes de bolívares y un plato de comida.
Edgar tiene 44 años y está desempleado. Es cristiano evangélico y en medio de la crisis encontró una oportunidad. “Ahorita tengo un propósito de ayudar a mis vecinos y ellos me ayudan a mí. Hasta que llegue el agua…”
No imaginó que para subsistir tendría que trabajar de aguador, un oficio que era indispensable a inicios del siglo XX y que ahora también parece serlo.
El 22 de febrero, sin notificación previa, los habitantes de Cumaná dejaron de recibir agua por tuberías desde el Embalse Turimiquire. Lo mismo ocurrió en los cercanos municipios de Cruz Salmerón Acosta y Bolívar, así como en zonas del estado Nueva Esparta. Nadie sabía por qué ni cuándo se restablecería el servicio. Dos meses después, la situación no ha cambiado: aquí nadie sabe cuándo la normalidad volverá a sus grifos.
La primera información oficial llegó el 24 de febrero. La gobernación de Sucre anunció la suspensión del suministro hídrico por un día, debido a “labores de mantenimiento preventivo” en la tubería matriz del Embalse Turimiquire. El 27 de febrero tres municipios seguían sin suministro de agua y el anuncio oficial indicaba que Hidroven y el Ministerio de Aguas ejecutaban labores para solventar una afectación en el embalse. Dijeron, incluso, que equipos de buceo trabajaban para detectar la falla.
Así que no era un mantenimiento preventivo, ya era una falla.
Y mientras, el caos iniciaba en Cumaná. Las personas buscaban cómo abastecerse. Grupos de personas con envases en las manos -tobos, ollas grandes, botellones- se agolpaban en cualquier toma de agua que funcionara. Otros se iban hasta la zona rural en la parroquia San Juan, para bañarse en el río y llenar envases. Muchos iban a la playa a cargar agua salada para, por lo menos, poder limpiar sus inodoros. Los habitantes de esta zona abrían las puertas de sus hogares para ayudar a quienes les pedían “llenar sus potes”.
El 2 de marzo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez estuvo en Cumaná en un acto político de cara a la Consulta Popular que se realizaría ese mes. Ese día informó que un sismo ocurrido el 22 de febrero provocó un derrumbe y obstrucción del túnel trasvase del Embalse Turimiquire.
También dijo que el problema había sido resuelto. “Hace 5 o 6 días me escribieron para informar la situación y ya el plan se ejecutó; el agua está entrando”, aseguró. Pero el sismo del 22 de febrero no apareció en las publicaciones de Funvisis y el agua no salió por las tuberías ese día. Ni los siguientes.
La gobernadora Jhoanna Carrillo publicó el primer cronograma de distribución de agua por cisternas y las zonas en las que el líquido saldría por tuberías pocas horas al día el 5 de marzo. El 6 declaró oficialmente la “emergencia hídrica”, una serie de restricciones en cuanto al uso del agua disponible: no llenar piscinas, no lavar vehículos, prohibido el riego a gran escala, la tala y la quema en zonas agrícolas.
También empezaron las primeras denuncias y protestas sobre fallas en la distribución de agua: zonas excluidas, largas colas para proveerse, llegada de cisternas en horas de la madrugada, agua en malas condiciones y grupos de vecinos que perdían hasta el sueño para poder acceder al servicio.
La vida empezó a girar en torno al suministro de agua y la posibilidad de abastecerse. Asearse por completo y tener la ropa limpia comenzó a ser un privilegio. Las protestas empezaron a emerger en las comunidades. Un cierre de calle por acá, otro por allá. Los ciudadanos decidieron aprovechar el Río Manzanares: comenzó a ser habitual ver a las personas recolectar agua, lavar ropa o hacer comida en fogones en sus orillas. Los reportes de enfermedades gastrointestinales también se multiplicaron.
Desde el 5 de marzo los colegios de profesionales de la medicina y el bioanálisis alertaron públicamente de la situación: el consumo de agua no tratada estaba ocasionando enfermedades, los niños y adultos mayores eran los más vulnerables y en las redes sociales los usuarios comentaban sobre casos de vómitos y diarreas que ocurrían en sus comunidades. Solicitaban que se declarase una emergencia sanitaria en la entidad.
Pedro Carvajal, presidente del Colegio de Bioanalistas, alertó sobre la insalubridad del Río Manzanares, el cual recibe descargas directas de aguas residuales domésticas, incrementando el riesgo de parasitosis. También advirtió que aumentaban los casos de pacientes con diarreas y vómitos. La Fundación Regional para la Salud (Fudasalud), ente adscrito a la gobernación que administra el sistema sanitario regional, lo negó todo.
Los anuncios oficiales nunca explicaron con claridad la magnitud del daño ni asomaron una fecha probable para el restablecimiento del servicio. La palabra “pronto” y la frase “en los próximos días” se convirtieron en las más dichas por la vocería gubernamental.
El 7 de marzo desde el Ministerio de Aguas anunciaron que técnicos, geólogos e ingenieros inspeccionaban el túnel trasvase Guacamán, para determinar cuándo culminarían las reparaciones: un equipo técnico multidisciplinario que incorporaba especialistas de varias instituciones nacionales trabajaría en el asunto.
Pero ya el Colegio de Ingenieros del estado Sucre había mostrado su disposición de sumarse a los trabajos. La presidenta del gremio, Cristina de Santana, consignó ante la gobernación, el Ministerio de Aguas e Hidroven, un informe de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, un diagnóstico de los sistemas Turimiquire y Clavellinos y una serie de propuestas inmediatas, a corto y mediano plazo, para garantizar el suministro de agua sectorizando la ciudad con el uso de la planta Juan José Codallo.
“El asistente del ministro de Aguas me dijo sí, nosotros lo vamos a llevar. Hasta la fecha, ya vamos a tener dos meses desde el colapso del túnel, y no nos han llamado en absoluto”, lamentó Santana.
Para la ingeniero hay una palabra clave que ha definido el accionar oficial y que les genera preocupación: “opacidad”.
“Nuestra preocupación estriba en la opacidad del gobierno. A pesar de que ellos quieren dar una imagen de que están informando lo que están haciendo, en realidad, si haces un registro de todas sus publicaciones, no hay una información veraz, fidedigna, exacta, que nos diga cuáles son las medidas que ellos están tomando para garantizar la estabilización del túnel, las obras de reparación del túnel, la forma de lograr una solución de una manera segura a largo plazo. Cuántas veces han dicho que en 72 horas ya está listo, ya va a haber suministro. En un plazo de horas. Y nada”.
La situación no solo trastocó la dinámica de los hogares, con la familia enfocada en obtener agua. Los colegios y universidades anunciaron el retorno a clases virtuales, la actividad comercial disminuyó y para mediados de marzo las ventas disminuyeron hasta 60% y las pérdidas estaban por el orden de los 16 millones de dólares, de acuerdo a economistas locales. 12% del comercio reportó paralización total.
Los comercios asumieron sobrecostos operativos para funcionar, ya que una cisterna cuesta hasta 100 dólares. 78% de los afiliados al gremio de los comerciantes reportaron inasistencias de trabajadores y 65% de ese ausentismo era debido a enfermedades gastrointestinales. “El restante, solo por la falta de agua en sus hogares”, dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Pablo Gatto.
Los ingresos de quienes subsisten de forma independiente también mermaron. Mayrim Ramos es peluquera y manicurista a domicilio. Es mamá de tres niños menores de 16 años y desde febrero se enfocó en conseguir agua para su hogar y hacer colas para recibirla a través de las cisternas habilitadas en la parroquia Altagracia, la más grande de Cumaná. “Nos avisaban a las diez de la noche que venía una cisterna. Hacíamos la cola y era a las tres de la mañana que llegaban a distribuir”.
En los últimos dos meses ha disminuido su trabajo. Sus clientas casi no la llaman. “No se pueden lavar el cabello con la misma frecuencia y yo no las puedo atender en mi casa porque no tengo agua para eso”.
Ronnel Maíz tiene 26 años y es mototaxista. Ahora usa más su moto para buscar agua que para trabajar. “Cuando inició la crisis pasé tres días sin poder bañarme. La poca agua que conseguía se la dejaba a mi mamá, que es adulta mayor, y a mi hijo que tiene siete años. Yo puedo aguantar”.
Entre mediados de marzo y lo que va de abril las publicaciones en redes sociales de la gobernación sobre el estatus de la reparación del túnel trasvase Guacamán del Turimiquire disminuyeron.
Tampoco hay expectativas sobre la publicación de una fecha aproximada de restitución del servicio ni una cifra concreta de personas afectadas en los tres municipios y parte de Nueva Esparta, aunque fuentes extraoficiales calculan entre 800 mil y un millón de ciudadanos afectados.
El 25 de marzo informaron de una supervisión encabezada por el ministro de Aguas, Carlos Mast Yustiz, con relación a los trabajos en segunda fase de introducción de maquinarias que “el equipo del consejo científico recomendó”. Informaron que allí también laboraba un equipo técnico del Metro de Caracas. Mast Yustiz dijo que sacaban escombros y “avanzaban hacia la etapa final” de los trabajos.
El Ministerio de Aguas anunció, el 28 de marzo, que habían logrado acceder al punto crítico de obstrucción del túnel, a cinco kilómetros de profundidad del embalse. Pero ese día ocho trabajadores quedaron atrapados en el túnel tras un derrumbe. Un comunicado oficial emitido por la gobernación al día siguiente informó que los trabajadores fueron rescatados. Una vez más, no hubo detalles sobre lo ocurrido.
Para la presidenta del Colegio de Ingenieros de Cumaná, Cristina de Santana, los entes gubernamentales han trabajado “de forma artesanal” y sin un plan específico, que se conozca públicamente, en el que se detallen las medidas que tomarán ni las obras que se ejecutarán cuando pase la etapa de sacar escombros.
“Y ese es nuestro mayor temor, que una vez que terminen de sacar los escombros, entonces empiecen de nuevo a suministrar el agua a la ciudad en vista de la desesperación de la población, pero sin que se corrija y estabilice el túnel, ni se le hagan las obras de ingeniería que deben de hacerle para garantizar que a corto plazo no vuelva a suceder de nuevo un nuevo derrumbe y otra vez colapse el sistema”, advirtió.
El Colegio de Ingenieros observa todo desde la barrera, esperando un llamado oficial. “Hemos visto eso con el agravante también de que ahora resulta que las cisternas que trajeron de otros estados regresaron a sus zonas de origen”.
Esa es otra mala noticia: ni agua en las tuberías, ni suficientes cisternas. Santana indica que, a dos meses de iniciada la crisis, hay menos cisternas disponibles y en consecuencia menos capacidad para dotar a la población, sobre todo a los sectores geográficamente más elevados de la ciudad “que no reciben ni una sola gota de agua porque no llega la presión”.
Esto que comenzó el 22 de febrero sigue más o menos igual. Y Edgar continúa su ir y venir cargando agua desde las 6 de la mañana hasta que un día, quién sabe, sus vecinos abran los grifos y ocurra lo que ya parece un ansiado milagro.
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