Eran poco más de las 10:00 de la mañana en Maracaibo cuando Carmen, maestra de una escuela pública, decidió hacer una dinámica con sus estudiantes en el marco de la Semana Santa.
—Niños, niñas, por favor, prestemos atención. En la hoja que les estoy entregando deben escribir sus deseos a Dios para estos días santos—, explicó la docente.
El salón quedó casi en silencio y las hojas se llenaron con peticiones escritas con lápices y colores. Minutos después todo era algarabía otra vez.
Carmen pasó puesto por puesto para recoger la tarea de sus estudiantes y se sentó en su escritorio para darles un vistazo.
Lo que hizo con tanta ilusión en un momento se desbarató.
“Dios quiero que mi abuelo no me toque más y que mi papá venga a casa”, decía la carta de los deseos de Maria*, una de sus alumnas de 11 años.
La historia de María le da rostro a un problema de salud pública invisibilizado en Venezuela, cuya sombra cotidiana se cierne sobre el estado Zulia: el abuso sexual infantil.
En 2025 abusaron sexualmente a 118 niños, niñas y adolescentes en Zulia: uno cada tres días. La cifra es el subregistro —a falta de estadísticas oficiales actualizadas— que proviene de la creación de una base de datos propia de la corresponsalía en Zulia de la Agencia PANA que procesó y analizó los 104 reportes que mencionan explícitamente casos de abuso sexual infantil en las cuentas oficiales de Instagram durante el año 2025 publicadas por el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), la Policía del municipio Maracaibo (Polimaracaibo) y la Policía del municipio San Francisco (Polisur).
Del total, 91% de las víctimas fueron niñas o adolescentes.
Los reportes de los casos permiten identificar que en 15 de los 21 municipios del estado Zulia ocurrieron abusos sexuales infantiles: Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, Jesús María Semprúm, Mara, Machiques de Perijá, Colón, Francisco Javier Pulgar, Baralt, Rosario de Perijá, Catatumbo, La Cañada de Urdaneta, Cabimas, Simón Bolívar y Santa Rita.
Mariangelica Morillo, psicóloga social y comunitaria asegura que la incidencia de abusos sexuales infantiles (ASI) ocurren en todos los niveles socioeconómicos y es una condena silenciosa de la que poco se habla. “Concentrarnos en que es una crisis de salud pública permite que lo reconozcamos como un fenómeno que daña a cada víctima y sus redes de apoyo, afecta al tejido social y al sistema sanitario. Lamentablemente, en el contexto del Zulia, por ser estado fronterizo que tiene movilidad pendular, se facilita a los perpetradores las posibilidades de huir en caso de ser develadas sus agresiones, favoreciendo la impunidad. Más allá del aspecto geográfico, es un ecosistema multiproblemático que ocurre en muchos países de América latina”.
La falta de educación sexual integral; familias y cuidadores sin herramientas para prevenir, detectar y gestionar casos adecuadamente; un sistema de justicia inaccesible y negligente, y un sistema de salud sin recursos ni personal formado para gestionar adecuadamente la atención a víctimas, son otros factores a tomar en cuenta según la especialista.
Entre los casos de violencia sexual con o sin contacto físico e incluso ocurridos digitalmente en Zulia, se documentaron abusos sexuales con y sin penetración; exhibicionismo; manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales; violencia psicológica; chantaje e intimidación, engaños; abuso sexual continuado; rapto; acoso sexual; agresiones físicas; grooming; embarazos no deseados; consumo obligatorio de anticonceptivo; uso de sustancias psicotrópicas; transmisión de infecciones de transmisión sexual; explotación sexual; amenazas de muerte y de suicidio.
Contrario a algunas creencias populares, más de la mitad de los abusos sexuales en Zulia (55%) fueron cometidos por personas que tienen vínculos de parentesco o cercanía con los niños, niñas y adolescentes, entre ellos padres, padrastros, tíos, abuelos, primos, hermanos, pareja de algún familiar, vecinos, profesores, amigos de la familia y hasta choferes del transporte escolar.
En todos los reportes de abuso sexual infantil estuvieron involucrados hombres como victimarios. En el caso de las mujeres, estas fueron reseñadas como victimarias en seis reportes.
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno aislado ni accidental. La psicóloga Morillo detalla que centrar el foco en el agresor mantiene la percepción de separación en la que se cree que esta forma de violencia es una anomalía, muy distanciada de nuestra cotidianidad, cometida por la versión caricaturizada de una persona enferma y no como una persona promedio.
“Como sociedad no somos todavía conscientes del impacto del trauma asociado a violencia sexual infantil y por ignorancia muchos creen que el problema se soluciona tan solo con capturar al perpetrador y lo consideran problema solucionado. La comunidad siente que todo quedó en el pasado y que pueden regresar a sus vidas sin la sensación de alarma y sin considerar las decenas de posibles víctimas a su alrededor que están en silencio”.
El análisis de las más de 100 publicaciones en redes sociales de la Policía del Zulia, Polimaracaibo y Polisur permitió identificar patrones en los actos de violencia sexual. En muchos casos se desconoce qué ocurrió con los niños, niñas y adolescentes después de la denuncia de los abusos; 68 víctimas fueron trasladadas a Centros de Diagnóstico Integral (CDI), ambulatorios u hospitales donde fueron valoradas, evaluadas o recibieron atención médica; y en algunos casos se menciona que luego de la atenciónen los CDI, ambulatorios u hospitales las refirieron al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses(Senamecf) y entregaron los informes médicos a las autoridades encargadas del caso.
Como hecho resaltante, en los reportes policiales hay pocas menciones de que los abusos sexuales fueron notificados a los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Es una práctica errónea común. Muchas veces hay una confusión de roles y los cuerpos policiales suelen enfocarse en la fase penal (notificación al Ministerio Público) y muchas veces olvidan la fase de protección, es decir, notificar a los Consejos de Protección”, argumenta Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap. “Hay muchas organizaciones que históricamente han denunciado la falta de articulación que existe entre la policía y los Consejos de Protección que evidentemente deja a los niños en una situación de vulnerabilidad”.
La abogada reitera que la protección debe ser integral, porque solo la justicia penal no garantiza que el niño, niña o adolescente esté a salvo. “Si no se notifica al Consejo de Protección hay un riesgo de revictimización. Entre las consecuencias está la fragmentación de la protección del niño, limitando el acceso de la víctima a una recuperación integral. Aunque la LOPNNA no establece sanciones a los funcionarios policiales, no notificar estos casos a los Consejos de Protección puede poner en riesgo al niño y este funcionario podría ser parte. Es su deber notificarlo como parte de sus labores”.
Sobre los abusadores sexuales se identificó que en muchos casos fueron trasladados a un centro asistencial cercano para su valoración médica, posteriormente a un centro de aprehensión y quedaron a disposición del Ministerio Público; otro punto a destacar es que, en algunos casos, casi fueron linchados por habitantes de la comunidad.– Agencia PANA
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