Pagar la deuda externa venezolana no es algo para nada sencillo. El reciente anuncio oficial sobre el inicio de ese proceso reactivó las preguntas sobre cuánto debe realmente el país, cómo podría pagar y cuánto tiempo tomaría salir del default.
Para el economista José Manuel Puente, la respuesta corta es incómoda: Venezuela todavía no tiene claridad sobre el tamaño exacto de su deuda y tampoco cuenta hoy con la capacidad financiera para resolver el problema rápidamente.
“Estamos arrancando un programa de reestructuración de deuda cuando el Fondo Monetario Internacional ni siquiera ha evaluado la situación financiera del país. Estamos conduciendo un vehículo en una carretera llena de curvas completamente oscuras”, afirma.
Puente considera que la reestructuración venezolana podría convertirse en una de las más complejas y grandes registradas en América Latina y el mundo en las últimas décadas. No solo por el tamaño de los compromisos pendientes, sino por la opacidad fiscal acumulada durante años.
El primer gran problema son los bonos ya vencidos y en default. Según explica el economista, Venezuela acumula alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos vencidos y no pagados, una cifra que considera imposible de cancelar en el corto plazo sin ayuda internacional.
“Eso es lo que tendrías que pagar de manera más inmediata y nosotros no tenemos ese dinero. El Fondo Monetario no te va a dar un rescate de 60.000 millones de dólares porque es muchísimo dinero para Venezuela”, sostiene.
Ese monto representa apenas una parte del problema. El cálculo más amplio de deuda pública y compromisos asociados podría ubicarse entre 180.000 y 190.000 millones de dólares, aunque Puente insiste en que hoy no existe certeza absoluta.
“No sabemos exactamente cuánto debemos. Hay estimaciones, aproximaciones, pero no hay información transparente. El Fondo Monetario tendrá que pasar meses levantando data para saber realmente qué hay y qué no hay”, explica.
La dificultad aumenta porque buena parte de los compromisos financieros venezolanos no están concentrados únicamente en deuda soberana o de Pdvsa. También existen fondos cuasifiscales (como el Fondo Chino) cuyos montos reales siguen siendo desconocidos incluso para antiguos funcionarios.
“Hay decenas de miles de millones de dólares ahí de los que no tenemos claridad”, advierte.
Cuando los economistas analizan la sostenibilidad de una deuda no solo observan el monto absoluto, sino su peso sobre la economía.
En el caso venezolano, Puente estima que la deuda total supera 200% del Producto Interno Bruto, un nivel que coloca al país entre los casos más delicados del mundo.
Aunque economías desarrolladas como Japón o Estados Unidos manejan coeficientes elevados de deuda, el economista marca una diferencia clave, y es que Venezuela no tiene la capacidad productiva ni los niveles de ingreso de esas naciones.
“El problema no es solo el tamaño de la deuda. El problema es que Venezuela tiene una economía profundamente debilitada y una fuente principal de ingresos, el petróleo, muy disminuida”, señala.
La producción petrolera venezolana todavía está lejos de recuperar los niveles históricos. Mientras en 1998 el país producía alrededor de 3,5 millones de barriles diarios, hoy apenas ronda una fracción de ese volumen.
Incluso bajo un escenario optimista, Puente calcula que Venezuela podría tardar hasta 2040 o 2045 en volver a producir los niveles de finales de los años noventa.
“Necesitamos muchísimo capital, inversión y tiempo. Hiciste las cosas muy mal durante muchos años y ahora vas a necesitar muchos años haciendo las cosas bien para recuperar equilibrio macroeconómico”, explica.
Uno de los puntos que más preocupa al economista es que el Fondo Monetario Internacional no ha podido revisar las cuentas venezolanas desde 2017.
Normalmente, los países miembros entregan periódicamente información macroeconómica y fiscal al organismo bajo el denominado artículo IV. Venezuela dejó de hacerlo hace años.
Eso implica que cualquier programa de rescate o reestructuración arrancará prácticamente desde cero.
“El Fondo Monetario va a regresar a Venezuela y va a pasar ocho, diez o doce meses levantando información para saber exactamente cuál es la situación”, afirma.
Puente sostiene que la falta de transparencia fiscal venezolana se convirtió en uno de los principales obstáculos para cualquier solución financiera.
De hecho, apunta que Venezuela fue eliminada recientemente del Open Budget Index, el principal índice internacional de transparencia presupuestaria, luego de años ocupando los últimos puestos del ranking.
“Venezuela salió de último junto a Yemen como el país menos transparente en materia fiscal”, asegura.
Para Puente, pensar que Venezuela podrá cancelar toda su deuda en pocos años es irreal.
El economista considera que el objetivo realista será reducirla a niveles manejables mientras el país recupera capacidad productiva y acceso al financiamiento internacional.
“Probablemente nunca la vamos a pagar completa. Lo que hacen los gobiernos es reducirla y llevarla a parámetros razonables”, explica.
Entre las alternativas que podrían ayudar a cubrir parte de los compromisos vencidos están por un lado el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional, los créditos y respaldo de gobiernos aliados y organismos multilaterales, así como la venta de petróleo a futuro para obtener liquidez inmediata.
También cree posible que Estados Unidos tenga un rol clave en cualquier esquema financiero, especialmente por el interés geopolítico de Washington en la estabilización venezolana.
El economista insiste en que la reestructuración no puede ignorar la crisis social interna. Venezuela enfrenta déficits severos en salud, educación, infraestructura y pensiones, lo que obliga a equilibrar cualquier plan de pago con necesidades sociales urgentes.
“Un país con el sistema eléctrico colapsado, hospitales deteriorados y pensionados pasando hambre no puede dedicar todos sus recursos al pago de deuda”, sostiene.
A su juicio, el país deberá encontrar un equilibrio entre recuperar credibilidad financiera y atender la emergencia social acumulada durante años.
“Hay demasiadas prioridades para darle prioridad absoluta a Wall Street”, resume.
Puente también observa con cautela la contratación de firmas internacionales para dirigir la reestructuración. El gobierno venezolano anunció recientemente la incorporación de la firma estadounidense Centerview Partners para asesorar el proceso.
Aunque reconoce que Venezuela necesita apoyo técnico especializado, advierte que el país debe asegurarse de que los asesores respondan a los intereses nacionales.
“Tu abogado tiene que ser fiel a tu causa. Tienes que asegurarte de que estén defendiendo los intereses de Venezuela y no los de otros gobiernos o corporaciones”, afirma.
Puente asegura que la recuperación financiera venezolana será lenta.
Incluso si el país logra estabilizar su economía, aumentar la producción petrolera y acceder nuevamente al crédito internacional, el proceso de saneamiento tomará décadas.
“Nosotros probablemente no vamos a vivir una Venezuela con salarios de 2.000 dólares ni con estabilidad plena. Esta es la generación que va a pagar el costo del desastre económico acumulado durante años”, afirma.
Para el economista, el inicio de la reestructuración es apenas “el principio del principio”. El verdadero reto no será solo renegociar cifras con acreedores internacionales, sino reconstruir una economía capaz de sostener esos acuerdos sin sacrificar nuevamente el bienestar de la población.
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