Más de cien jubilados y pensionados se concentraron este viernes en el centro de Caracas para exigir al Estado venezolano un aumento de sus ingresos y condiciones de vida que les permitan cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y transporte.
La protesta se desarrolló frente al Ministerio de Educación y la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), desde donde los manifestantes buscaban marchar hasta la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, un amplio despliegue policial y la presencia de vehículos antimotines en varias calles del centro de la capital impidieron el avance de la movilización.
A pesar de las restricciones, dos comisiones lograron entregar documentos con sus exigencias tanto en el Ministerio de Educación como en la Vicepresidencia.
Durante la concentración, los participantes denunciaron que el monto de las pensiones continúa siendo insuficiente para cubrir los gastos más elementales. Carlos Gallego, de 65 años, aseguró que la realidad de los pensionados está marcada por la imposibilidad de acceder a alimentos y medicinas con los ingresos que reciben cada mes.
«La pensión está en 130 bolívares, que significan 0,23 dólares. Entonces para nosotros comernos un kilo de carne tenemos que reunirnos entre 50 personas y comernos un pedacito, esa es la precariedad», afirmó.
Gallego también cuestionó el impacto que tiene el costo del transporte sobre quienes dependen exclusivamente de una pensión. Recordó que el pasaje urbano ronda los 100 bolívares, una cifra que consume casi la totalidad de los 130 bolívares que reciben mensualmente los pensionados del IVSS.
Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados de Caracas, señaló que las demandas del sector van más allá de un incremento ocasional de ingresos y apuntan a la recuperación de condiciones laborales y sociales que les permitan vivir con dignidad.
Según explicó, los jubilados exigen volver a recibir sus pagos a través de las nóminas de los ministerios y organismos públicos donde trabajaron, en lugar de depender de los bonos otorgados mediante la plataforma Patria.
«Estamos pidiendo que nos devuelvan a nuestras nóminas de nuestros ministerios, de las instituciones del Estado. No aceptamos que se nos siga pagando por esos bonos a través de la plataforma Patria, porque ese es un mecanismo de control social discriminatorio», afirmó.
El reclamo se produce un mes después de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunciara un incremento de las bonificaciones que reciben trabajadores y pensionados. La medida elevó a 240 dólares el ingreso indexado para los trabajadores activos y a 70 dólares el bono destinado a pensionados.
No obstante, distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores han cuestionado la política de bonificaciones, argumentando que estos pagos no forman parte del salario y, por tanto, no tienen incidencia en beneficios como vacaciones, utilidades o prestaciones sociales.
Rodríguez sostuvo en abril que los aumentos fueron posibles gracias a los ingresos petroleros y a acuerdos alcanzados con Estados Unidos, y aseguró que la medida contó con el respaldo de representantes sindicales oficialistas y opositores. Sin embargo, las protestas de este viernes evidencian que el descontento entre jubilados y pensionados persiste y que las exigencias siguen centradas en la recuperación del salario y de las pensiones como fuente principal de sustento.
Con información de EFE
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