El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero cobró casi dos millones de euros en comisiones de forma ilícita. Los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que investiga la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) en el marco del caso Plus Ultra se circunscriben a la etapa de Pedro Sánchez en Moncloa, cuando tanto el expresidente del Gobierno como su entorno familiar habrían ingresado prácticamente la misma cantidad invertida en propiedades inmobiliarias con la compra de dos chalés y dos pisos en zonas privilegiadas de Madrid.
Uno de los aspectos principales en los que se centra el auto de la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra es la trazabilidad de los ingresos que han recibido tanto Zapatero como sus hijas de la aerolínea rescatada por 53 millones de euros. En total, la suma de todo el capital recibido por el expresidente y la empresa Whathefav que administran sus hijas asciende a 1.936.560 euros. Cerca de dos millones de euros.
Sin embargo, la investigación (en fase «embrionaria» según recoge el escrito) no ha entrado aún a determinar el destino final de ese dinero. Para ello habrá que esperar a una futurible investigación patrimonial en la que se radiografíen de manera exhaustiva las propiedades y cuentas del expresidente socialista.
Lo que sí manejan los investigadores en esta fase de las pesquisas son los bienes inmobiliarios que la familia Zapatero ha acumulado durante los años señalados de interés para la investigación. Al tratarse de un delito de tráfico de influencias, por el que el expresidente habría movido hilos en favor de sus presuntos pagadores en los círculos en los que ejercía cierta autoridad, laUnidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional centra la atención en los años de Gobierno de Sánchez. De 2018 en adelante.
Fue precisamente en 2018 cuando Zapatero hizo una de las primeras gestiones empresariales que se le atribuyen: una reunión con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela entonces, para lograr que recibiese en audiencia al presidente de Globalia, Javier Hidalgo, con el objetivo de desbloquear una partida de 200 millones de euros que la aerolínea (luego rescatada) tenía atrapados en el país sudamericano. Aquella gestión se alargó en el tiempo y la compañía acabó contratando a otro desatascador: el empresario Víctor de Aldama.
Meses después de aquella gestión realizada por Zapatero al más alto nivel gubernamental de Venezuela, la familia del expresidente ejerció el derecho a compra del chalé en la zona de Valdemarín (Pozuelo) en el que vivían de alquiler desde 2012. Pagaron unos 800.000 euros por la propiedad, una vivienda de lujo en una urbanización exclusiva con cuatro plantas que sumaban 377 metros cuadrados. Tenía ascensor privado, garaje para varios vehículos (donde facturaba sus conferencias), gimnasio, zona de servicio, un jardín de diseño japonés y una piscina en la azotea.
Tras esa adquisición, la familia Zapatero estuvo cinco años sin realizar ninguna compra inmobiliaria. Entre 2019 y 2024 se concentró la actividad de lobby del expresidente y las presuntas actividades de tráfico de influencias con el Gobierno de España, así como con Venezuela y China principalmente. Años en los que Zapatero, según sostiene la UDEF, habría mediado en importantes negocios de petróleo y oro. También el rescate de Plus Ultra de 53 millones, del que la sociedad administrada por su presunto «testaferro» (Julio Martínez, con Análisis Relevante) habría cobrado un 1%.
En 2024, Laura Rodríguez Espinosa (la hija mayor, 33 años) adquirió un piso en la Dehesa de la Villa, una atractiva zona de Madrid con acceso a zonas verdes donde se ha encarecido el precio de la vivienda. El trato se cerró en torno a los 300.000 euros, y sobre la propiedad pesa una carga hipotecaria de 184.000 euros.
En ese mismo 2024 se sumó una nueva propiedad al patrimonio familiar de los Zapatero: un chalé en Puerta de Hierro. Una finca de 318 metros cuadrados, en un área rodeada de viviendas de lujo dentro de la M-30 madrileña. Se trata de una parcela donde había una pequeña construcción de 130 metros cuadrados derribada tras la compra. El plan de los Zapatero Espinosa es convertirla en un chalé de diseño, una operación a otras en la misma zona. Mientras tanto, el expresidente reside de alquiler en un chalé de Las Rozas (Madrid), a la espera de terminar la construcción de su nuevo hogar.
En 2025, Alba Rodríguez, la menor de las hijas (30 años) y la última en sumarse al negocio familiar al convertirse en administradora de Whathefav (marzo de 2023), se compró una casa en Valdezarza, cerca de la Dehesa de la Villa y Puerta de Hierro. Un piso de 300.000 euros al que aportó 60.000 euros de entrada.
Años antes, en 2017, aún fuera del radar de las actividades de lobby del patriarca, la familia adquirió una lujosa villa en Lanzarote. Desembolsaron 1,2 millones de euros por una parcela con chalé, frente a la playa de Famara, con una extensión de 1.329 metros cuadrados.
Previamente, los Zapatero habían comprado un chalé en la urbanización El Playazo de Vera, en la localidad del mismo nombre en Almería. Era 2007 y el entonces presidente del Gobierno convirtió la propiedad en su destino de vacaciones. Ahora, ese chalé está en el foco de la investigación. THE OBJECTIVE desveló en febrero de 2025 que Julio Martínez había fundado una de las empresas que cobraron de Plus Ultra en esa misma urbanización.
El pasado mes de abril, este diario pudo confirmar que la creación de la sociedad se efectuó en el mismo chalé en el que veraneaba Zapatero, supuestamente vendido en 2011. Fue en torno a esa fecha, explican fuentes consultadas, cuando conoció al que ahora la UDEF considera su testaferro.
Calama sostiene que Zapatero cobró casi dos millones de euros en comisiones de forma presuntamente ilícita, a través de una red organizada cuyo epicentro sería la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran testaferro del exdirigente socialista. El magistrado ha citado a Zapatero a declarar como imputado el próximo 2 de junio.
Según el auto, los pagos habrían partido de tres empresas (Plus Ultra, Gate Center y sociedades del grupo Thinking Heads) y tendrían como destinatarios al propio Zapatero y a Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas. La consultora de Martínez Martínez habría canalizado 490.780 euros hacia el exjefe del Ejecutivo y 239.755 hacia la empresa familiar, mientras Gate Center habría enviado otros 352.980 euros a Zapatero y 171.727 a Whathefav. Thinking Heads, vinculada al empresario Daniel Romero-Abreu Kaup, habría remitido 681.318 euros adicionales al expresidente.
El papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra, la aerolínea venezolana a la que el Gobierno inyectó 53 millones de euros durante la pandemia, es el núcleo de la investigación. Calama considera que el expresidente tuvo un papel fundamental en la concesión de esa ayuda pública y que la actividad investigada constituye un delito de tráfico de influencias, al detectarse una red jerarquizada que habría actuado en favor de la compañía, obteniendo contraprestaciones económicas canalizadas hacia su entorno.
El juez atribuye además a Zapatero haber dado instrucciones, con la participación de su secretaria, para crear al menos una sociedad offshore en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco) con el fin aparente de canalizar el cobro del 1% del rescate (530.000 euros) fuera de España y evitar su trazabilidad. Este patrón, según el magistrado, encaja en las modalidades típicas del blanqueo de capitales: sociedades instrumentales en jurisdicciones opacas, estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real y desconexión deliberada entre el origen y el destino de los fondos.
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