El 20 de mayo de 2026 pasará a ser una fecha icónica en la históricamente maltrecha relación entre La Habana y Washington desde que la lucha guerrillera encabezada por Fidel Castro logró imponerse el 1 de enero de 1959. Antes de la llegada del castrismo al poder, Cuba celebraba el 20 de mayo como su día de independencia, al separarse de España un día como hoy en 1902.

Así que la administración Trump, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tomó esta fecha para anunciar la imputación formal contra Raúl Castro, de 94 años, y otras cinco personas por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El caso, desvelado en Miami por un gran jurado federal, acusa al exmandatario cubano —entonces ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— de conspiración para matar a nacionales estadounidenses y de asesinato en relación con la muerte de cuatro personas: los pilotos Armando Alejandre, Mario de la Peña y Carlos Costa (estadounidenses) y Pablo Morales. Según los documentos judiciales, Castro formaba parte de la cadena de mando que ordenó el ataque a las aeronaves civiles que volaban en misiones humanitarias sobre el estrecho de Florida.

El fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, confirmó que se emitió una orden de arresto y que la acusación no era meramente declarativa: “No es una imputación simbólica; esperamos que se ejecute”, señaló. Sin embargo, la posibilidad de que Castro efectivamente sea presentando ante la justicia estadounidense es muy remota.

Medios internacionales como BBC, DW y El País coinciden en que se trata de un gesto de rendición de cuentas histórica para las víctimas y la comunidad cubanoamericana, pero también de un instrumento de presión política contra el régimen, en el cerco actual que la Casa Blanca teje sobre el régimen cubano.

A efectos prácticos, Raúl Castro no se encuentra en territorio estadounidense y el gobierno cubano, que no mantiene relaciones de extradición con Washington, ha calificado históricamente estas acciones como injerencias ilegítimas. Expertos citados por El Nuevo Herald de Miami estiman que las probabilidades de que Castro comparezca ante un tribunal estadounidense son “ínfimas”.

Con el control efectivo que aún ejerce sobre el aparato de poder pese a su retiro formal, el exmandatario permanece en la isla. La imputación no implica una detención inmediata ni un juicio inminente; funciona más como un instrumento de aislamiento internacional y legitimación de sanciones.

Horas antes del anuncio judicial, el secretario de Estado Marco Rubio dirigió un mensaje en video, grabado en español, directamente al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia. En un tono inusual por su claridad y destinatario, Rubio evitó centrarse en el Partido Comunista y puso el acento en GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que Raúl Castro impulsó hace tres décadas.

“Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA”, afirmó Rubio. El secretario de Estado detalló que este holding militar maneja alrededor de 70 % de la economía cubana —hoteles, gasolineras, remesas, bancos y 40 % de las transacciones—, con activos estimados en 18.000 millones de dólares, mientras la población enfrenta apagones de hasta 22 horas diarias, escasez de alimentos y combustible.

El mensaje, que se interpreta como un llamado explícito a la población a resistir, marca un cambio estratégico: en lugar de atacar frontalmente al Partido Comunista, Rubio apunta al núcleo militar-económico que sostiene el sistema.

Al dirigir el mensaje al “pueblo cubano” y aislar a GAESA como el obstáculo principal, Rubio busca erosionar esa unidad militar que ha caracterizado al régimen desde los tiempos de Fidel Castro. La acción judicial sobre Raúl Castro también busca debilitar o fisurar el aparato militar.

La imputación y el discurso de Rubio deben verse como caras de una misma moneda, ya que forman parte de una estrategia coordinada de presión. Desde marzo pasado, diversas fuentes indican que Washington mantiene contactos discretos con figuras del entorno de Castro —incluido su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, vinculado a GAESA—, con el objetivo de explorar salidas negociadas.

Hacia los próximos días y semanas, es posible anticipar al menos dos escenarios plausibles de cómo evolucionará la presión estadounidense sobre Cuba, según el análisis que hemos visto en diversos medios internacionales.

En un primer escenario, más probable en el corto plazo, Washington intensificaría las sanciones específicas contra GAESA y sus filiales. Ya bajo sanciones previas, el conglomerado podría enfrentar nuevas designaciones que dificulten sus operaciones internacionales —remesas, turismo y comercio con terceros países—. El objetivo sería asfixiar financieramente al núcleo militar, obligando a sus mandos a elegir entre lealtad al régimen y supervivencia económica. Esto iría acompañado de mensajes públicos que diferencien al “pueblo” de los “negocios de GAESA”, fomentando descontento interno sin necesidad de intervención directa.

Un segundo escenario, más diplomático y condicionado a la respuesta cubana, contemplaría una combinación de incentivos y presiones selectivas. Tras la imputación, podría abrirse una ventana para conversaciones indirectas —vía interlocutores como el nieto de Castro o terceros países— que exploren concesiones políticas a cambio de alivio económico. Rubio ha dejado clara la hoja de ruta: elecciones multipartidistas, fin del control militar sobre la economía y distribución directa de recursos al pueblo.

No se vislumbra una extracción tal como ocurrió en Caracas el 3 de enero de este año, ni una acción armada de Estados Unidos. Se apostará al cerco, a la presión desde varios frentes y usando diversos recursos por parte de EEUU. Y tal como ocurrió en Venezuela, por algún lado -se espera- saltará la liebre.