A mediados de mayo los informes elaborados por General Electric y Siemens sobre el sistema eléctrico se discutían en mesas de trabajo oficiales en Caracas. LOs males diagnosticados no podían sorprender a nadie en el país. Tampoco a los técnicos de esas empresas, la mayoría formados en universidades venezolanas y enviados por su conocimiento del terreno. En Corpoelec, por ejemplo, lo tienen muy claro: falta de inversión, equipos obsoletos y nulo desarrollo.

Eso fue lo que encontró el ministro de Energía Eléctrica Rolando Alcalá en los recorridos que hizo por el país tras su designación en el cargo en marzo de este año. Y eso es lo que se ha denunciado desde hace muchos años con respecto a la crisis del servicio. Así que en esas mesas de trabajo lo que se discutía, en esencia, era por dónde empezar y cómo asegurar los recursos y la continuidad de los planes.

Para entonces, de acuerdo a una fuente del sector, no solo General Electric y Siemens estaban evaluando las cosas en el país en una triangulación de contacto permanente con la embajada de Estados Unidos en Caracas, también participaban empresas de Italia y Portugal.

En ese momento, de acuerdo a los datos recogidos, Venezuela ya estaba en disposición de invertir 1.000 millones de dólares inicialmente. El presupuesto para destinar a obras de estabilización y generación termoeléctrica en la región central se consideraba “suficiente”. Sin embargo, había que terminar de evaluar muy bien los informes de las empresas y las decisiones a tomar.

La directriz era de cero improvisación y lograr resultados duraderos. Y de aquí hay que sacar una conclusión política derivada también de otros contactos con funcionarios: el gobierno de Delcy Rodríguez, aunque lo califiquen de “encargado”, no está trabajando ni haciendo planes de esta naturaleza para luego dejar el poder en el corto plazo.

La meta en Corpoelec es lograr un nivel importante de “estabilidad” del sistema en el transcurso de unos meses y empezar a ver resultados en materia de generación a finales de año. Sin embargo, en el acuerdo con General Electric Vernova anunciado el 15 de junio, la proyección es más conservadora en cuanto a generación: incorporar 1.000 megavatios en un lapso de 24 meses y lograr 5.000 en cuatro años.

Eso, claro, es un memorando de entendimiento: quiere decir que ya conciliaron en los aspectos técnicos, pero falta que empiecen a firmar contratos y liberar fondos.

¿Es la gran solución? No, pero ayuda. Y más si se cumplen las promesas de inversión en petróleo y las proyecciones de reactivación económica: todo eso necesita energía eléctrica y la generación actual -entre 12 mil y 13 mil megavatios- es deficitaria. Si consideramos el pico de demanda de 15.579 megavatios en mayo -información oficial- al que se le achacan los recientes apagones y el racionamiento que golpea especialmente en el interior del país, tenemos ya una idea de que esta podría ser una vía para ir reduciendo el déficit.

Un déficit cuya existencia no se explica -como han intentado hacer- con ese ligero incremento de la actividad petrolera e industrial que se supone se está dando en este momento, sino que es consecuencia del despilfarro de recursos, de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento y las infelices decisiones tomadas a lo largo de ese periodo desde la nacionalización del sector, el paso de gente como Rafael Ramírez por allí y la lista de militares que ocuparon los despachos donde debieron estar ingenieros eléctricos y verdaderos especialistas.

También se explica en casos como los de las represas Tocoma y Macagua, cuyas obras -encargadas a un consorcio liderado por la entonces empresa argentina Impsa -y en el que participaban Odebrecht e Impregilo- se detuvieron abruptamente en 2014. Para tener una idea, de acuerdo a una nota del Correo del Caroní, el presupuesto de Tocoma se amplió a 7 mil millones de dólares en 2013 con Jesse Chacón al frente del ministerio de Energía, y pasó luego a 9.365 millones con la gestión siguiente de Luis Motta Domínguez.

Impsa detuvo su trabajo argumentando que le adeudaban 1.200 millones de dólares en 2016.

Para junio de 2025, Impsa registraba en sus estados financieros una deuda de Corpoelec de 130 millones de dólares y expectativas por reanudar los proyectos de Tocoma y Macagua que implicarían contratos por casi 2 mil millones de dólares.

Impsa, que desde 2024 es controlada por el consorcio estadounidense IAF, se mostraba optimista en la reactivación alegando, entre otras razones, que los contratos seguían vigentes y Venezuela había manifestado su necesidad de continuar las obras.

La nueva realidad venezolana parece haber acelerado lo que ya se ha tardado tanto y el 13 de junio se anunció el acuerdo entre Venezuela y la empresa argentina-estadounidense Impsa para retomar los trabajos en Tocoma, con miras a aportar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional. El anuncio, en todo caso, fue muy general: no indicó cuándo comienzan las obras ni cuál es el plazo convenido para -literalmente- ver luz con este aporte en generación.

Un indicador del estado actual de las cosas es el planteamiento que hace la administración Rodríguez a los sectores productivos: tienen que generar su propia electricidad. O al menos una buena parte de ella.

¿Qué podemos esperar los venezolanos? De momento, ningún cambio significativo, aunque posiblemente en algunos meses comiencen a percibirse mejoras en lo que los técnicos llaman “estabilidad” del sistema. Lo que todos queremos -el fin de los apagones y del racionamiento- se tomará algún tiempo más, pero lo que se conoce indica que ya está en marcha porque es fundamental para los planes de Washington. Destrabadas las sanciones y establecida la agenda, hay espacio para cierto grado de optimismo.