La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una iniciativa que propone cambios estructurales en la forma en que se organiza, opera y financia el sector energético en Venezuela, luego de casi dos décadas de control estatal centralizado.
El debate legislativo se produce en medio de un contexto de crisis eléctrica persistente en varias regiones del país, donde los apagones prolongados y las fallas del servicio han vuelto a ocupar el centro de las denuncias ciudadanas.
Aunque el texto aún debe pasar por consulta pública y segunda discusión, la propuesta abre la posibilidad de una transformación profunda del modelo eléctrico venezolano, al incorporar empresas mixtas, operadores privados y nuevos esquemas de autogeneración industrial.
Uno de los cambios más relevantes es la autorización para la participación de empresas mixtas y privadas en actividades clave como generación, transmisión, distribución y comercialización, lo que marca un giro respecto al modelo dominado por el Estado a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
La reforma establece que estas empresas podrán operar bajo concesiones otorgadas por el Estado, con participación accionaria pública o privada, e incluso estructuras donde el Estado tenga participación minoritaria, siempre bajo autorización gubernamental.
El proyecto también plantea que las concesiones tendrán una duración máxima de 25 años, prorrogables por hasta 15 años adicionales, bajo condiciones específicas.
Uno de los elementos más llamativos del texto es la incorporación de una obligación explícita para las empresas distribuidoras y comercializadoras: compensar económicamente a los usuarios por daños ocasionados por apagones o fallas en la calidad del servicio.
Este enfoque introduce un cambio de lógica en la relación entre operador y usuario, al trasladar parte de la responsabilidad financiera de las fallas del sistema a los prestadores del servicio, un punto que el propio proyecto describe como un mecanismo de “empoderamiento ciudadano”.
La reforma también establece que industrias y centros comerciales deberán contar con sistemas de suministro eléctrico independientes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el objetivo de reducir la carga sobre la red pública.
Además, se fija un umbral de 2 megavatios (MW) a partir del cual las instalaciones deberán tramitar autorizaciones ante el Ministerio de Energía Eléctrica y, si corresponde, permisos vinculados al uso de hidrocarburos.
Este punto apunta a un modelo en el que grandes consumidores pasen a generar parte de su propia energía, lo que podría redefinir la demanda sobre el sistema nacional.
El proyecto plantea una reconfiguración del modelo de gestión del sector, permitiendo la creación de empresas mixtas con participación estatal o privada en igualdad o mayoría accionaria, dependiendo del caso.
Asimismo, se abre la posibilidad de que entidades del Estado participen como socios minoritarios en operadores del sistema eléctrico, siempre bajo autorización oficial.
El Estado mantendría su rol dual como regulador y operador, mientras se amplía la participación de actores no estatales en la cadena del servicio eléctrico.
Otro elemento de la reforma es la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue exoneraciones tributarias totales o parciales a proyectos vinculados con energías renovables, electrificación en zonas rurales o inversiones estratégicas para el sistema eléctrico.
También se contemplan incentivos para la importación de maquinaria y tecnología no producida en el país, con el objetivo de facilitar la modernización del sistema.
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