Venezuela ha aprobado una nueva ley minera para abrir la industria del oro a inversionistas internacionales, pero la legislación pasa por alto la simbiosis entre la minería ilegal y el gobierno nacional, así como el oro sucio que esto genera.

La Ley Orgánica de Minas fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 9 de abril. La norma deroga las regulaciones establecidas en 1999 que prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos, especialmente el oro. La legislación es la más reciente de una serie de medidas orientadas a abrir los mercados de recursos de Venezuela a inversionistas internacionales, luego de que Estados Unidos capturara y removiera del poder al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

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El gobierno de Estados Unidos también ha hecho su parte. Desde enero, ha flexibilizado las sanciones impuestas en 2019 al sector aurífero venezolano y ha emitido una licencia para el oro importado de la empresa minera estatal Minerven (Compañía General de Minería de Venezuela). Los operadores internacionales de materias primas ahora se están moviendo rápidamente para invertir en la industria del oro del país.

El Estado y los grupos criminales en el negocio del oro

La mayor parte del oro de Venezuela proviene de minas informales controladas por grupos armados, y la inversión extranjera corre el riesgo de seguir alimentando la actividad criminal y las dinámicas de corrupción que sostienen esta economía ilícita.

Los focos mineros están plagados de organizaciones criminales. El sector minero venezolano se concentra en el Arco Minero del Orinoco (AMO), una región designada como zona minera por Maduro en 2016, ubicada principalmente en el estado Bolívar, aunque también abarca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Las operaciones de minería ilegal también se extienden por áreas protegidas de Amazonas.

Grupos guerrilleros, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y facciones de las disidencias de las FARC, como el Frente Acacio Medina, controlan operaciones en Amazonas y partes de Bolívar. Bandas armadas más pequeñas vinculadas a la minería, conocidas como “sindicatos”, entre ellas la Organización R (OR) y el Tren de Guayana, controlan minas de menor escala, suministran mano de obra y actúan como autoridades de facto en el AMO.

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Hoy, el Estado ejerce control sobre el AMO al trabajar de cerca con grupos criminales para obtener oro. Estos grupos no son actores marginales en la industria aurífera venezolana, sino que se encuentran entre los principales proveedores. Como ya han revelado investigaciones de InSight Crime, empresas mineras estatales, entre ellas Minerven —que hoy forma parte de la Corporación Venezolana de Minería (CVM)— reciben oro de minas o plantas de procesamiento controladas por grupos armados.

Las empresas estatales también compran oro a través de opacas “alianzas estratégicas”, en las que con frecuencia participan organizaciones criminales. Estas alianzas se adjudican a individuos con conexiones políticas o a funcionarios militares. En muchos casos, estos actores coordinan directamente con los sindicatos para llevar a cabo la extracción. El gobierno otorga permisos y facilita el acceso a maquinaria y combustible, mientras que los sindicatos reciben un porcentaje de la producción.

La nueva ley minera prevé sustituir las alianzas estratégicas por “brigadas mineras”. Sin embargo, ofrece pocos detalles sobre el futuro de las alianzas existentes o sobre cómo el Estado enfrentará la participación criminal en estas operaciones.

Imagen principal: Un minero venezolano transporta rocas hacia un molino para procesar el mineral en el estado Bolívar, Venezuela. Crédito: AP.