Había llegado la hora de recoger a los niños en la escuela primaria San Francisco de Asís, en el centro de Guayaquil, cuando alguien deslizó panfletos debajo de los limpiaparabrisas de los microbuses escolares una tarde reciente. El mensaje era cordial, pero inquietante.
“Te salida el grupo CJNG”, decía, con una falta ortográfica en la palabra “saluda”. “Queremos llegar a un acuerdo: 6.000 hasta 4.500. Estamos claros”.
En la parte superior de la hoja, los autores habían convertido la letra “j” en una pistola y dejaron un número telefónico chileno para que los dueños de los buses se comunicaran.
“No queremos errores”, decía el panfleto, acompañado de otra firma de lo que llamaban la “verdadera mafia”.
CJNG es el acrónimo del Cartel de Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal con base en México. Que estuviera extorsionando a los buses de una pequeña escuela primaria católica en Ecuador parecía poco probable, pero aun así generó temor.
“Ahora está en manos de las autoridades”, dijo uno de los conductores a InSight Crime antes de correr hacia el bus y alejarse rápidamente con cerca de una docena de niños a bordo.
El esquema forma parte de una tendencia nacional. En un país donde las grandes estructuras criminales se están fragmentando rápidamente, los remanentes, derivados e imitadores de estos grupos también se han expandido con rapidez hacia la extorsión.
La Policía ecuatoriana asegura que su ofensiva sostenida contra las bandas ha obligado a los extorsionadores a replegarse, citando estadísticas oficiales. Pero expertos y víctimas afirman que existe una desconexión entre lo que las autoridades dicen sobre la extorsión y lo que están viviendo los ecuatorianos.
La extorsión se ha disparado en los últimos cinco años, creciendo al mismo ritmo que una ola sin precedentes de crimen organizado y violencia que convirtió a lo que alguna vez fue uno de los países más pacíficos de América Latina en el más violento de la región.
En 2019, la Fiscalía General del Estado registró 1.616 casos de extorsión. En 2024, esa cifra ascendió a 23.080, un aumento de más del 1.300%. Durante ese periodo, grupos criminales como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones fortalecieron su poder, ampliando su participación en economías criminales como el tráfico transnacional de cocaína y la minería de oro ilegal. Las bandas locales fueron fundamentales para su crecimiento, ya que ayudaron a asegurar corredores de narcotráfico y a mover y almacenar drogas. Pero los grupos criminales necesitaban una forma de seguir pagando a sus miembros de menor rango.
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Los grupos criminales recurrieron a la extorsión y la convirtieron en una economía criminal que mueve millones de dólares. Algunas bandas locales se acercan a los residentes en los mismos barrios donde tienen presencia y exigen pagos diarios o semanales de entre US$1 y US$5 por vivienda.
Los negocios locales pagan aún más: las bandas demandan pagos que van desde unos pocos cientos hasta varios miles de dólares. En otros casos, los grupos criminales secuestran personas y extorsionan a sus familiares y amigos exigiendo rescates exorbitantes.
“Entonces ellos vieron su fortaleza ahora en el secuestro”, dijo a InSight Crime en 2025 Herbie Guamaní, excomandante de policía del noroeste de Guayaquil, un bastión de bandas como los Tiguerones y las Águilas.
Guamaní señaló que los secuestradores exigen entre US$10.000 y US$500.000. Y aunque las víctimas muchas veces no tienen cómo pagar esos rescates, las bandas igualmente obtienen ganancias con las sumas que logran reunir las familias.
En 2025, la policía llevó a cabo operaciones casi constantes contra redes de extorsión, mientras implementaba nuevas medidas para disuadir a los responsables y facilitar que las víctimas denunciaran los delitos ante las autoridades. Y para finales del año pasado, los casos reportados de extorsión habían caído drásticamente. Los datos de la Fiscalía General del Estado mostraron 16.131 casos en 2025, lo que representa una reducción del 30% respecto a 2024 y el total anual más bajo desde 2022.
Los datos policiales —que difieren ligeramente de los de la Fiscalía General del Estado en la clasificación de los casos— muestran una caída aún mayor en las denuncias. Los casos disminuyeron un 64% entre los primeros nueve meses de 2024 y el mismo período de 2025, según estadísticas compartidas con InSight Crime.
La disminución es “un indicador claro de la efectividad de las medidas adoptadas”, dijo un portavoz policial a InSight Crime por correo electrónico.
Sin embargo, expertos, funcionarios de seguridad y residentes pusieron en duda la versión de la policía en entrevistas con InSight Crime. Señalaron que las víctimas suelen no denunciar las extorsiones por desconfianza hacia la policía, las bajas tasas de esclarecimiento de estos casos y el temor a represalias por parte de los extorsionadores si descubren que la víctima acudió a las autoridades. Como resultado, las estadísticas de extorsión podrían estar muy por debajo de los niveles reales.
“[Llega un] punto en donde el número de extorsiones va a llegar a un punto tan alto que la ciudadanía [siente] que ante las extorsiones no están haciendo absolutamente nada”, dijo a InSight Crime Renato Rivera Rhon, analista ecuatoriano de seguridad de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Desde mi perspectiva, sí tiene un impacto en el número de denuncias. [Los casos van] a llegar a un tope y van a empezar a decaer porque la desconfianza crece y esto se ancla también”.
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Aun así, en algunos casos las autoridades sí podrían estar teniendo éxito en contener la extorsión. Pero esos avances se limitan a ciertos sectores de la población, mientras los criminales adaptan sus estrategias y objetivos en respuesta a la presión de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, un líder empresarial de Durán, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, dijo a InSight Crime en 2025 que las grandes compañías industriales de la ciudad estaban registrando una disminución de las extorsiones y mejoras en materia de seguridad, mientras que la extorsión contra pequeños negocios e individuos iba en aumento.
La extorsión parece haber alcanzado a todos los sectores de la sociedad. Entre las víctimas ahora hay profesores, trabajadores portuarios, mototaxistas, pescadores, conductores de camiones cisterna de agua y, como se mencionó anteriormente, dueños de empresas de transporte escolar, entre muchos otros. Algunas personas incluso pagan extorsiones para conseguir un lote de entierro en el cementerio público de Guayaquil.
El gobierno es consciente del problema y de sus amplias implicaciones políticas. En 2024, el presidente Daniel Noboa lanzó una ofensiva contra el crimen organizado, desplegando a los militares en las calles y las cárceles. Más de dos años después, las fuerzas de seguridad han capturado a decenas de los principales líderes criminales de Ecuador.
Pero la reorganización y fragmentación derivadas de la ofensiva gubernamental han agravado, en muchos casos, la extorsión. Facciones de bandas callejeras que antes actuaban unidas ahora buscan nuevos acuerdos de extorsión con negocios, mientras oportunistas criminales independientes han aprovechado el caos para amenazar a las víctimas haciéndose pasar por grupos criminales.
Un empresario de Guayaquil, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, dijo a InSight Crime que el creciente número de bandas dispersas significa que su empresa distribuidora ahora debe pagar a múltiples grupos para poder seguir operando, mientras enfrenta un entramado cada vez más complejo de territorios controlados por bandas y fronteras invisibles. En otro caso en Durán, la captura de Julio Alberto Martínez, alias “Negro Tulio”, líder de los Chone Killers, provocó aumentos en las extorsiones contra vendedores, ya que otras bandas intentaron imponer su control sobre el territorio de extorsión del líder capturado, dijo a InSight Crime un alto funcionario del gobierno local de Durán.
Como parte de la ofensiva del gobierno, los militares administran 11 de las 36 cárceles de Ecuador, que durante años han sido centros de actividad del crimen organizado, incluida actividades como la extorsión. Aun así, en 2026 las autoridades descubrieron varias redes de extorsión que operaban desde cárceles en Guayaquil, Manabí y Cotopaxi. Esto demuestra que la intervención no ha logrado impedir que funcionarios corruptos de las fuerzas de seguridad introduzcan artículos como teléfonos celulares a los reclusos, facilitando así las extorsiones.
“La corrupción es algo estructural. O sea, no es que los policías o los militares son la salvación… [Las bandas] han llegado a corromper a estos funcionarios”, dijo a InSight Crime un funcionario policial de Manabí, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente.
El funcionario agregó que la “gran mayoría” de las demandas de extorsión en la provincia costera provienen de las cárceles.
Imagen principal: collage creado por el equipo de diseño de InSight Crime con imágenes captadas durante trabajo de campo en Ecuador.
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