La grabación en blanco y negro, borrosa, muestra una pequeña embarcación desplazándose rápidamente por el mar abierto frente a la costa de Venezuela. De repente, la embarcación explota envuelta en llamas. El video dura menos de 30 segundos, pero marcó el comienzo de un nuevo y más agresivo capítulo en la “guerra contra las drogas” de Estados Unidos.

La operación militar de septiembre de 2025 fue un ataque de precisión diseñado para destruir la embarcación y matar a quienes estaban a bordo: 11 miembros de la tripulación que Estados Unidos calificó de “narcoterroristas”, a pesar de no proporcionar pruebas sólidas para respaldar tales acusaciones. Aunque algunos sobrevivieron al estallido inicial, fueron asesinados con un segundo misil mientras se aferraban al costado de la embarcación en llamas.

Este tipo de ataque generalmente se reserva para tiempos de guerra. Solo que no era una guerra tradicional, sino una ofensiva militarizada destinada a interrumpir el tráfico de drogas en el Caribe. Y aunque los especialistas se enfocaron en el análisis de la legalidad de la intervención, el ataque enviaba un mensaje claro: Estados Unidos ya no se ajustaría al manual establecido contra el narcotráfico basado en la cooperación multilateral, los procedimientos investigativos, el debido proceso y el Estado de derecho. En su lugar, desataría el poder militar.

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El Caribe fue el campo de ensayo para este nuevo enfoque. Tras el primer ataque, siguieron otros dirigidos a embarcaciones sospechosas de traficar drogas, matando al menos a 48 personas en la región hasta fines del año pasado. Además, Estados Unidos desplegó una flota masiva —que incluyó alrededor de 15.000 soldados y el mayor buque de guerra del mundo— en una demostración de fuerza que culminó en enero con la captura nocturna del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de estar vinculado al narcotráfico y al “narcoterrorismo”.

El arresto de Maduro representó el punto álgido de la campaña de presión, y a mediados de febrero, Estados Unidos redirigió los activos principales de la flota y la atención mundial hacia Medio Oriente. Pero los ataques en el Caribe fueron solo el comienzo de una nueva fase radical de la política antidrogas de Estados Unidos, y pareciera que las tácticas han llegado para quedarse.

Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido ataques esporádicos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe, mientras amplía la ofensiva de bombardeos al Pacífico. También brindó apoyo operativo cuando Ecuador lanzó ataques aéreos contra lo que aseguró ser campamentos de drogas en la región fronteriza con Colombia, aunque un informe de The New York Times sugirió que en realidad habían impactado una granja lechera. Luego, en marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación del “Escudo de las Américas”, una nueva coalición de gobiernos en América Latina y el Caribe que comparten la visión de combatir el tráfico de drogas con la fuerza.

El enfoque militar, en el que parecen centrarse Trump y sus aliados regionales, ha planteado importantes interrogantes sobre el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero también surgen preguntas sobre si esta estrategia está siendo efectiva para interrumpir los flujos de drogas. La ofensiva en el Caribe ofrece algunas pistas tempranas.

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InSight Crime ha monitoreado de cerca las dinámicas del narcotráfico en la región desde el primer ataque de Estados Unidos, basándose en nuestra cobertura en el terreno desde Venezuela y varias islas del Caribe. Con la mayor parte de la flota de Estados Unidos ya en retirada, hacemos un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora y de las lecciones que se pueden extraer de las primeras acciones de esta nueva fase de la guerra contra las drogas.

Los ataques aéreos de EE. UU. han interrumpido rutas específicas de tráfico de drogas, pero el flujo no ha cesado

La amenaza de ataques aéreos letales ha demostrado ser un potente elemento disuasivo para el narcotráfico en algunas áreas, elevando los desafíos para los grupos criminales que antes veían las incautaciones y detenciones como el peor de los escenarios.

Poco después de que comenzaran los ataques, los narcotraficantes dejaron de usar en gran medida las embarcaciones rápidas (go-fast boats) para trasladar cocaína desde la costa venezolana hacia las islas caribeñas cercanas, una ruta de tránsito común para los envíos de cocaína que provienen de Colombia.

Fuentes en los puntos de salida de la costa venezolana dijeron a InSight Crime que el narcotráfico había quedado prácticamente paralizado, con algunos traficantes abandonando la zona por completo. Las rutas interrumpidas incluyeron el tramo marítimo entre el estado de Falcón, al norte, y las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire, así como las aguas entre el estado de Sucre, en el este de Venezuela, y Trinidad y Tobago. Estas islas sirven como puntos de transbordo para los envíos de cocaína destinados a mercados internacionales, aunque la cocaína que pasa por las mismas generalmente tiene como destino Europa y no Estados Unidos.

Sin embargo, dado que estas interrupciones se limitaron a un puñado de corredores de contrabando y principalmente afectaron a las embarcaciones rápidas, no impidieron que los traficantes siguieran moviendo cocaína por otros medios.

Una fuente de alto nivel en la aduana de Trinidad y Tobago, que pidió permanecer en el anonimato, comentó a InSight Crime que en el pico de la ofensiva de bombardeos de Estados Unidos, en octubre del año pasado, “los flujos generales seguían estables”, y agregó que los envíos de drogas se habían “desviado a rutas marítimas menos patrulladas, playas más aisladas o puntos de transbordo terrestre en pequeñas naciones insulares”.

También hay pruebas de que la presión estadounidense en el Caribe ha impulsado el aumento de rutas alternativas a través del territorio venezolano y más allá. En Guyana, que limita con Venezuela, las autoridades reportaron un aumento en el número de vuelos no registrados que atravesaban el espacio aéreo del país tras el inicio de los ataques estadounidenses. Esto sugiere un posible desplazamiento hacia el este, rumbo a Brasil, desde donde la cocaína podría ser enviada alrededor del mundo oculta en barcos de carga.

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Los narcotraficantes también han mirado al sur, hacia el Amazonas, donde están utilizando cada vez más rutas fluviales y aéreas que trasladan drogas desde los departamentos colombianos de Vichada y Guainía, pasando por Venezuela, y hacia Brasil y Guyana, según una investigación de Amazon Underworld. También ha habido un aumento en el uso de embarcaciones de carga para transportar drogas por los ríos que conectan el estado Amazonas de Venezuela con pistas de aterrizaje ilegales y puntos de salida de semisumergibles más al norte, según un periodista local y un líder indígena que residen en la zona, y que solicitaron permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Es posible que los traficantes también estén aprovechando formas más discretas de transporte, como yates privados, que pueden cruzar las islas del Caribe mientras se mezclan con el tráfico turístico. Otras alternativas a las embarcaciones rápidas incluyen embarcaciones pesqueras y ferris interinsulares que pueden saltar de isla en isla mientras transportan carga oculta.

Los ataques también podrían incentivar el uso de embarcaciones semisumergibles, que son menos vulnerables a los ataques aéreos. En febrero, las autoridades de Surinam descubrieron un sitio utilizado para construir estos llamados “narcosubmarinos”. Las autoridades de Venezuela y Guyana han identificado astilleros clandestinos en las vías fluviales costeras que conducen al océano Atlántico.

Al mismo tiempo, el enfoque de Estados Unidos de atacar las embarcaciones rápidas no ha tenido un impacto significativo en los flujos de drogas a través de los puertos comerciales, que son los principales puntos críticos del Caribe para los envíos de cocaína de alto volumen. El ocultamiento dentro de carga legítima sigue siendo el principal método para llegar a los mercados consumidores en Estados Unidos, Europa y más allá, con los traficantes enviando los cargamentos a través de puertos en países como República Dominicana. Estas rutas no dependen de las embarcaciones rápidas enviadas desde Venezuela, ya que la cocaína llega a los puertos desde una amplia gama de destinos, a menudo en otros barcos de contenedores.

Atacar embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas ha hecho poco por afectar las redes criminales más amplias

Estados Unidos ha justificado el uso de ataques letales argumentando que sus objetivos eran miembros de grupos “narcoterroristas” involucrados en una guerra con Estados Unidos. Pero esa narrativa no refleja la realidad sobre el terreno.

Los narcotraficantes de alto perfil rara vez coordinan, y mucho menos pilotan, las embarcaciones rápidas que transportan drogas por el Caribe. Las organizaciones criminales que operan en los puntos de distribución suelen ser redes logísticas de nivel medio contratadas para mover cocaína caso por caso. Estos grupos reclutan localmente tripulaciones de embarcaciones, a menudo provenientes de comunidades pesqueras locales.

Eliminar a estos actores probablemente hará poco para desbaratar las operaciones de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes, ya que estas pueden reconstruir o desviar sus rutas de suministro contratando a otras redes logísticas en áreas fuera de las zonas donde opera el ejército estadounidense. Los intermediarios que coordinan estas redes de proveedores y prestadores de servicios comúnmente operan bajo un manto de legalidad, lejos de los corredores marítimos atacados por Estados Unidos.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela no ha alterado el papel del país en el tráfico de cocaína

Aunque el audaz arresto de Maduro en Venezuela eliminó a una figura acusada desde hace tiempo por las autoridades estadounidenses de facilitar el tráfico de drogas, el ecosistema criminal más amplio del país permanece en gran medida intacto.

Maduro dirigió un sistema de gobernanza criminal híbrida que otorgaba a altos funcionarios acceso a rentas criminales —incluidas las del tráfico de drogas— a cambio de su lealtad, mientras permitía a los funcionarios de menor rango complementar sus bajos salarios con sobornos o participando en actividades delictivas. La dependencia del Estado de fondos del submundo para mantener el poder convirtió a las redes de corrupción en socios clave para los traficantes de cocaína.

Hasta ahora, la administración Trump ha mostrado un interés limitado en una reforma gubernamental integral que aborde esta corrupción sistémica. En cambio, Washington parece dispuesto a trabajar con elementos de la estructura de poder existente siempre que el gobierno interino se alinee con sus principales demandas.

Funcionarios de alto rango vinculados al narcotráfico han permanecido en sus cargos tras la destitución de Maduro. Esto incluye al ministro del Interior Diosdado Cabello, una figura política de peso que recientemente ha representado al gobierno venezolano en reuniones con funcionarios estadounidenses, a pesar de que el Departamento de Justicia lo acusa de conspirar con Maduro para traficar cocaína.

También la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, ha atraído la atención de las agencias de seguridad de EE. UU., ya que, según informes, la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) la ha identificado como un “objetivo prioritario” por sus supuestos vínculos con redes de narcotráfico.

La figura más prominente que fue destituida en la reestructuración posterior a la salida de Maduro fue Vladimir Padrino López, exministro de Defensa, a quien funcionarios de EE. UU. han acusado de estar relacionado con redes de tráfico vinculadas al llamado Cartel de los Soles. Su sucesor, sin embargo, enfrenta sanciones estadounidenses por abusos a los derechos humanos y ha sido relacionado con la red política de Cabello —una señal de que el gobierno de Rodríguez siente una presión limitada para purgar a fondo sus filas—.

Incluso si Estados Unidos ejerciera una mayor presión para que Venezuela actúe con dureza contra el narcotráfico, hacerlo probablemente requeriría una reestructuración casi total de las fuerzas de seguridad del país, incluida la remoción de mandos corruptos a nivel local, regional y nacional, además de aumentos salariales significativos para la tropa. Esto exigiría tanto voluntad política como recursos, ambos escasos.

La estrategia de Estados Unidos centrada en la fuerza militar podría fracturar la coalición más amplia contra las drogas que alguna vez lideró

Para los gobiernos que cooperan estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, los ataques letales suponen un delicado desafío de equilibrio. Si bien muchos desean mantener vínculos de seguridad sólidos con Washington, también pueden mostrarse reacios a asociarse con operaciones militares que eluden las normas legales internacionales y el debido proceso.

Con el tiempo, estas tensiones podrían erosionar la confianza con los socios que históricamente han compartido inteligencia vital con las autoridades estadounidenses.

Una de las fracturas más claras que ha surgido es con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína y aliado de larga data de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Los ataques generaron fricciones con el presidente colombiano Gustavo Petro, quien los describió como un “acto de tiranía” durante una entrevista con la BBC en septiembre de 2025. Posteriormente, ordenó el fin del intercambio de inteligencia con las agencias de seguridad de EE. UU. debido a preocupaciones sobre derechos humanos, aunque todo indicaría que la cooperación continúa de alguna manera.

En México, país que cuenta con organizaciones de tráfico de drogas responsables de transportar grandes volúmenes de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, el gobierno condenó los ataques en el Caribe, citando las reglas establecidas para las operaciones contra las drogas en aguas internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó las propuestas de la administración Trump para realizar operaciones de EE. UU. en suelo mexicano, advirtiendo que “no habrá invasión.”

También han surgido preocupaciones entre algunos socios europeos. Altos funcionarios de inteligencia de los Países Bajos le dijeron al periódico Volkskrant en octubre de 2025 que el país suspendería el suministro de cierta información de inteligencia a Estados Unidos tras los ataques, citando preocupaciones sobre cómo podría utilizarse la información. El mes siguiente, CNN informó que el Reino Unido había dejado de compartir inteligencia relacionada con las embarcaciones sospechosas de narcotráfico, aunque las autoridades británicas no lo han confirmado públicamente.

La creación del “Escudo de las Américas” liderado por EE. UU., una iniciativa de seguridad de 2026 destinada a coordinar la acción militar contra las redes de narcotráfico, podría profundizar estas divisiones. La coalición excluye a importantes actores regionales como Colombia, México y Brasil, lo que plantea interrogantes sobre si la iniciativa podría crear un sistema de dos niveles que limite la cooperación dentro de la coalición regional contra las drogas.

Los traficantes reactivarán las rutas interrumpidas cuando disminuya la presencia de Estados Unidos

Aunque los ataques de EE. UU. han continuado apuntando a las embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, el reenvío de activos navales clave hacia Medio Oriente y otras regiones probablemente creará un espacio para que los traficantes reanuden las rutas que quedaron inactivas durante el pico de la campaña de presión.

Estas rutas nunca se extinguieron por completo; los ataques continuos sugieren que los grupos criminales nunca dejaron de explorar el corredor de las embarcaciones rápidas.

Pero a medida que expande sus operaciones militares antidrogas hacia el Pacífico, Estados Unidos podría enfrentarse pronto a la imposibilidad de mantener un disuasivo militar efectivo que cubra todas las rutas de tráfico y métodos de transporte al mismo tiempo. Distribuir la presencia militar sobre múltiples regiones de tráfico —el Pacífico, el Caribe y Centroamérica— promete crear puntos débiles, ya que la intensa presión en un corredor de contrabando simplemente empuja a los traficantes a redirigir los flujos de drogas hacia otro.

Para las redes de narcotráfico que operan por tierra, aire y mar, la adaptación no es una excepción, es parte del modelo de negocio.

*Sara García, Henry Shuldiner, Sean Doherty, Beatriz Vicent, Cassia Jefferson y Mark Bassant contribuyeron a la investigación de este informe.