En marzo, una investigación en curso en Costa Rica sobre el asesinato de un destacado disidente nicaragüense salió a la luz pública y reveló que sectores del gobierno nicaragüense persiguen sistemáticamente a opositores políticos, contratan asesinos para matarlos en el extranjero y posiblemente protegen poderosos intereses criminales dentro del país.
InSight Crime obtuvo una copia de estos documentos a través de CR Hoy, un importante medio de comunicación costarricense. Los documentos se centran en el caso de Roberto Samcam, un excomandante rebelde sandinista que se convirtió en un alto oficial militar del gobierno nicaragüense, para luego transformarse en un duro crítico del régimen desde el exilio, antes de ser asesinado en Costa Rica en junio de 2025.
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Para los analistas que han seguido durante años la situación en Nicaragua, el asesinato de Samcam y los documentos que dejó atrás revelan hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para mantener su control sobre el poder.
“El asesinato atroz de Roberto Samcam en Costa Rica, tal como lo ha denunciado su familia y organismos de derechos humanos, deja en evidencia que, en efecto, existe una política de persecución transnacional”, dijo Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. “Eso quiere decir que hay: voluntad, planificación, organización y recursos dispuestos para ejecutar ese tipo de operaciones”.
La oposición abierta de Samcam al régimen comenzó en 2018, el año en que el gobierno de Nicaragua inició una brutal represión contra los movimientos de protesta organizados. Dio entrevistas, escribió columnas y blogs, y más adelante publicó un libro.
También pudo haber sido una fuente importante para el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, que emitió una serie de informes sobre la represión sistemática de ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país, además de haber proporcionado información de inteligencia a las autoridades costarricenses y posiblemente incluso a funcionarios antidrogas de Estados Unidos.
Samcam tenía abundante material sobre el cual escribir, y la represión gubernamental marcó un punto de inflexión para el país. El régimen ejecutó extrajudicialmente al menos a 40 civiles, y posiblemente hasta 106, la mayoría de ellos manifestantes, según un informe publicado en 2023 por un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que más de 330 civiles fueron asesinados. En particular, la ONU señaló que existió una intención deliberada de “emplear tácticas de combate y provocar la muerte de manifestantes en lugar de utilizar técnicas de control de multitudes”, lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad”.
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El gobierno nicaragüense había negado previamente haber ejecutado extrajudicialmente a alguien, y afirmó en cambio que estaba frustrando un intento de golpe de Estado por parte de figuras de oposición. En una entrevista, Ortega aseguró que “ni una sola de las protestas pacíficas fue atacada”.
Pero esto hizo poco para convencer a la comunidad internacional. En dos informes posteriores, el Grupo concluyó que el régimen —que para 2025 estaba dirigido por Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo— había consolidado el control sobre el Congreso, el Ejército y la policía.
La copresidencia también controla las instituciones de inteligencia, fiscalía, medicina forense, migración, telecomunicaciones y justicia, las cuales utiliza para espiar sistemáticamente, fabricar cargos falsos, realizar detenciones ilegales, cancelar arbitrariamente ciudadanías y torturar a figuras de la oposición provenientes de todos los sectores de la sociedad.
“El Grupo identificó que el presidente y la vicepresidenta [Murillo] dan órdenes e instrucciones, ya sea directamente o a través de asesores de confianza, a las distintas instituciones que luego ejecutan actos represivos contra opositores reales o no y sus familias”, señaló la ONU en su informe de marzo de 2024.
Y, sorprendentemente, la situación estaba a punto de empeorar.
Tras las protestas de 2018 y la posterior represión, miles de nicaragüenses huyeron del país. Según cifras de la ONU, las solicitudes de asilo pasaron de 2.722 en 2017 a 356.201 para finales de 2024. Muchos se trasladaron a España para escapar del régimen. Otros, sin embargo, probaron suerte en lugares como Costa Rica.
Entre quienes se refugiaron en Costa Rica estaban Joao Ismael Maldonado Bermúdez y Roberto Samcam. Maldonado y Samcam no eran cercanos, según las autoridades costarricenses, pero ambos habían participado en las protestas desde Carazo, un departamento al suroeste de Managua que en ese momento era uno de los epicentros del movimiento opositor. Los dos mantuvieron contacto y siguieron activos en la oposición desde el exilio.
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Maldonado ayudó a fundar el grupo Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) y organizó una marcha contra el régimen. Sin embargo, un día antes de la movilización, recibió cuatro disparos. Sobrevivió, pero en 2024 hombres armados volvieron a atacar y le dispararon otras nueve veces. Sobrevivió nuevamente. Su esposa quedó tetrapléjica tras el segundo atentado.
Maldonado no fue el único bajo ataque. En su investigación, las autoridades costarricenses señalan otros dos casos de ataques sospechosos contra destacados disidentes. Ambos hombres murieron.
Los ataques contra Maldonado y otros opositores pusieron a Samcam en máxima alerta. Al igual que Samcam, Maldonado fue acusado por el gobierno nicaragüense de fomentar la rebelión durante las protestas de abril de 2018. Ambos recibían amenazas telefónicas frecuentes de personas que presumían trabajar con los servicios de inteligencia nicaragüenses y el Ejército sandinista. También denunciaron en numerosas ocasiones ante las autoridades costarricenses el acoso y el avance de los tentáculos del régimen.
De hecho, las autoridades costarricenses sospechan que esos contactos con la inteligencia de Costa Rica pudieron haber desempeñado, al menos en parte, un papel en el asesinato de Samcam. Un testigo nicaragüense también dijo a los investigadores que la “información” de Samcam fue clave para el informe de Naciones Unidas sobre la represión gubernamental de 2018, algo que, según el testigo, irritó al régimen y ayudó a desencadenar el asesinato.
Tanto Maldonado como Samcam dijeron a las autoridades costarricenses que las amenazas provenían de funcionarios dentro del gobierno nicaragüense, y las autoridades de Costa Rica creen que el régimen tercerizó su escuadrón de asesinos.
En concreto, apuntan a Keny Navarrete, un ciudadano nicaragüense encarcelado en Alajuela, Costa Rica, por robo agravado y secuestro, entre otros cargos, a quien consideran responsable de coordinar a los sicarios desde prisión. (Las autoridades costarricenses también escriben su nombre como Kenny y Kenne).
En esta etapa de la investigación, las pruebas son circunstanciales. Por ejemplo, señalan que Navarrete utilizó su teléfono durante un tiempo inusualmente prolongado alrededor del momento del asesinato, y que uno de los presuntos tiradores tenía guardado en su celular un contacto identificado como “Kennet”. Navarrete y uno de los sicarios también estuvieron recluidos en la misma prisión durante un corto periodo.
Para las autoridades costarricenses, los orígenes de Navarrete también son fundamentales. Según su hipótesis, “el territorio define los objetivos” del régimen nicaragüense. En el caso de Samcam y Maldonado, esto se remonta a las protestas de 2018, ya que ambos fueron acusados de delitos en Carazo, uno de los epicentros de la oposición.
Uno de los perfiles de Facebook de Navarrete señala que es oriundo de Diriamba, un municipio de Carazo. Además, las autoridades costarricenses destacan que la tía de Navarrete fue concejal de una municipalidad vecina en Carazo y simpatizante del régimen durante las protestas.
Lo más llamativo es que las autoridades costarricenses creen que el plan para asesinar tanto a Maldonado como a Samcam se originó dentro de la Dirección de Información para la Defensa (DID), la división de inteligencia militar de Nicaragua.
Según los investigadores, la DID contactó a un “grupo paramilitar” afín al régimen en Carazo, donde Maldonado y Samcam supuestamente habían armado y organizado ilegalmente a los manifestantes en 2018.
Ese grupo paramilitar presuntamente contactó a Navarrete, quien a su vez se comunicó con los sicarios. Y el 19 de junio de 2025, un asesino, haciéndose pasar por repartidor, ingresó al complejo residencial donde vivía Samcam y tocó el timbre de su casa. Cuando Samcam abrió la puerta, le disparó ocho veces. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.
Las autoridades nicaragüenses no hicieron pronunciamientos oficiales tras el asesinato de Samcam ni después de que la investigación costarricense se hiciera pública.
Pero las autoridades de Costa Rica plantearon varios posibles motivos para el crimen.
Para empezar, según numerosos testimonios recopilados por las autoridades costarricenses, Samcam estaba promoviendo un cambio de régimen. En concreto, redactó un documento en el que él y otros propusieron lo que llamaron una Asamblea de Gobierno de Transición. Algunas de las personas entrevistadas afirmaron que el documento fue filtrado prematuramente por el propio Samcam. En esas mismas entrevistas, señalaron que temían por su seguridad tras la publicación, y los investigadores costarricenses hicieron numerosas anotaciones sobre las posibles implicaciones del texto.
Además de sus blogs y artículos contra el gobierno, en su computadora se encontraron otros materiales, entre ellos un mapa dibujado a mano que aparentemente indicaba la ubicación de numerosas pistas clandestinas utilizadas por el «Cartel de Sinaloa«.
El mapa también señala el lugar donde supuestamente las autoridades nicaragüenses incautaron drogas, aunque el documento afirma que aquello fue un “show”. Asimismo, menciona los nombres de varios oficiales militares, insinuando su participación directa en actividades criminales.
“Roberto junto con dos o tres analistas más, eran lo más activos denunciando la participación de la policía y el ejército, no sólo en la represión misma, sino también en el crimen organizado”, señaló Javier Meléndez, ciudadano nicaragüense y director de Expediente Abierto, un centro de pensamiento y medio de comunicación.
Aun así, estas afirmaciones son difíciles de comprobar, y el gobierno nicaragüense ha sostenido durante años que ha sido un modelo en operaciones antidrogas, y no un facilitador del narcotráfico. Sin embargo, el país también se ha convertido en refugio seguro para traficantes acusados provenientes de Honduras y Guatemala, entre otros países. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe antidrogas de 2025 que Nicaragua facilita el lavado de dinero mientras utiliza la legislación antilavado para perseguir a disidentes y grupos opositores.
Samcam, como ya se mencionó, también era una fuente clave de información sobre el funcionamiento del régimen. Según el documento, habló con las autoridades costarricenses y les proporcionó un conocimiento detallado de los servicios de inteligencia militar de Nicaragua y sus operaciones, incluidos los nombres de posibles operadores en Costa Rica. También pudo haber contribuido a los informes de Naciones Unidas que han desacreditado al régimen a nivel internacional.
En otras palabras, Samcam era lo que los criminales llamarían un “sapo”. Y eso pudo haber sellado su destino.
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