Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han puesto bajo la lupa la relación simbiótica entre funcionarios mexicanos y los grupos de crimen organizado que deberían combatir.

El 23 de mayo, la fiscalía en México citó a Rocha Moya a declarar en respuesta a su acusación formal en Estados Unidos, donde el mes pasado los fiscales imputaron al exgobernador y a otros nueve funcionarios retirados y en ejercicio por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Este caso de alto perfil, que conecta a funcionarios con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, es el ejemplo más reciente de la presunta corrupción al interior del Gobierno mexicano, pero está lejos de ser el primero.

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La colaboración entre funcionarios estatales —incluidos secretarios de seguridad, fiscales generales estatales y gobernadores— es una historia más antigua que los 20 años de guerra contra el narcotráfico en México. La corrupción ha sido durante mucho tiempo un componente central de las operaciones del crimen organizado mexicano, y la impunidad resultante ha sido un factor clave en el ascenso de los grupos criminales más poderosos del país.

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El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue acusado de hacer tratos con el Cartel de Juárez para garantizar que los cargamentos de cocaína del grupo transitaran de forma segura por el estado. Villanueva fue declarado culpable de recibir entre US$400.000 y US$500.000 por cada envío y de lavar más de US$11 millones en sobornos a través del sistema financiero estadounidense.

Antes de terminar su mandato como gobernador, Villanueva Madrid huyó durante una investigación de las autoridades mexicanas. Poco después de dejar el cargo en 2001, fue acusado formalmente por fiscales estadounidenses en Nueva York. Evadió la justicia hasta mayo de 2001, cuando fue capturado por el ejército mexicano.

Inicialmente, Villanueva Madrid cumplió su condena en el Estado de México. Pero tras una prolongada disputa diplomática entre Estados Unidos y México, se convirtió en el primer exgobernador estatal en ser extraditado de a Estados Unidos, el 8 de mayo de 2010.

Villanueva Madrid fue posteriormente condenado a 131 meses de prisión por conspirar para lavar millones de dólares en sobornos del narcotráfico que recibió del Cartel de Juárez. Debido a problemas de salud, fue repatriado a México en diciembre de 2016.

Las autoridades mexicanas emitieron una orden de captura internacional contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en 2012. Sobre la base de los cargos presentados en su contra en México, fue acusado formalmente un año después en Texas por aceptar millones de dólares en sobornos del Cartel del Golfo y Los Zetas.

Los fiscales alegaron que Yarrington, también miembro del PRI, comenzó a colaborar con narcotraficantes cuando era alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros. Según la acusación, Yarrington ayudó a grupos criminales a introducir cocaína en Estados Unidos a través del puerto del Golfo de Veracruz. Posteriormente, invirtió parte de las ganancias ilícitas de estos arreglos en propiedades y empresas de construcción en Texas, de acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI).

Yarrington huyó de México en 2012. Cinco años después, el 9 de abril de 2017, fue detenido en Italia y extraditado a Estados Unidos un año más tarde. En 2021, admitió haber aceptado más de US$3,5 millones en sobornos y haber utilizado ese dinero para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos.

Aunque Yarrington fue liberado en noviembre de 2024, aún es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, según reportes de prensa mexicanos. En abril de 2025, fue devuelto a México para cumplir una segunda condena por lavado de dinero, según informes de prensa.

Otro exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue acusado formalmente por cargos de lavado de dinero en Texas en 2015. Hernández fue señalado de aceptar sobornos de Los Zetas a cambio de permitir que el grupo operara con impunidad en Tamaulipas, y de lavar ese dinero a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias.

Según reportes de medios locales, la policía estatal de Tamaulipas arrestó a Hernández en Ciudad Victoria en octubre de 2017. Su extradición fue aprobada en marzo de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero un juez mexicano finalmente la bloqueó. Las autoridades mexicanas retiraron posteriormente todos los cargos y Hernández fue liberado de prisión en 2023.

Como exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y secretario de Seguridad Pública del país entre 2006 y 2012, Genaro García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango condenados por vínculos con el crimen organizado.

En 2019, García Luna fue acusado formalmente en Nueva York por cargos de narcotráfico y por aceptar millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de garantizar el paso seguro de cargamentos de cocaína de varias toneladas.

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En el juicio de 2018 contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el que había sido su socio, Jesús “El Rey” Zambada García, declaró haber sobornado a García Luna para que brindara protección al Cartel de Sinaloa.

García Luna residía en Estados Unidos cuando fue arrestado en Dallas, Texas. Tras su juicio en Estados Unidos en 2023, García Luna fue declarado culpable y condenado a 38 años de prisión.

Cienfuegos fue acusado de coludirse con el Cartel H-2, una escisión de la Organización Beltrán Leyva (OBL). Sin embargo, el caso pronto se desmoronó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró todos los cargos y devolvió a Cienfuegos a México para ser investigado allí. Los fiscales atribuyeron el giro a “consideraciones importantes de política exterior”.

Cienfuegos fue posteriormente exonerado por los fiscales mexicanos, quienes, tras revisar sus registros financieros durante su tiempo en el cargo, no encontraron irregularidades.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue declarado culpable de asociación criminal y lavado de dinero tras coludir con grupos criminales locales.

Duarte desapareció en medio de una avalancha de acusaciones de corrupción tras renunciar a su cargo en octubre de 2016. Enfrentaba cargos que incluían peculado y malversación de más de US$26 millones en fondos estatales, así como vínculos con el crimen organizado. Fue arrestado meses después en Guatemala, extraditado a México y condenado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los cargos en su contra.

Aunque Duarte debía terminar de cumplir su condena a principios de este año, actualmente enfrenta nuevos cargos por presuntas irregularidades en el manejo de 5 millones de pesos (US$290.000) de fondos públicos, según reportes de prensa.

Edgar Veytia, exfiscal general de Nayarit, fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico en 2019.

Veytia fue declarado culpable de dirigir a funcionarios corruptos para que apoyaran al Cartel H-2 a cambio de sobornos mensuales.

Durante su gestión, funcionarios estatales liberaron de prisión a miembros y asociados del grupo tras haber sido arrestados por delitos relacionados con las drogas, ordenaron a policías corruptos realizar intervenciones telefónicas y arrestos contra narcotraficantes rivales, y asistieron a grupos del crimen organizado en la ejecución de asesinatos y otros actos de violencia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En septiembre de 2025, las autoridades de Paraguay arrestaron a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, quien era buscado por asociación ilícita, extorsión y secuestro. Bermúdez Requena también fue acusado de liderar una célula criminal local vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocida como “La Barredora”, durante su tiempo en el cargo.

Tras hacerse públicas las acusaciones, Bermúdez Requena huyó de México. Después de su arresto en Paraguay en septiembre de 2025, fue extraditado a México, donde permanece bajo custodia. Su juicio está programado para iniciar el 1 de junio de 2026.

En 2021, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), se convirtió en el quinto gobernador de Tamaulipas acusado de vínculos con el crimen organizado.

Un año antes de que concluyera su mandato, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra.

En mayo de ese año, los fiscales mexicanos acusaron a Cabeza de Vaca de crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alegó que también desvió fondos públicos y facilitó la importación y el contrabando ilegal de combustible, práctica conocida en México como huachicol fiscal, según reportes de medios locales.

A medida que estas acusaciones salieron a la luz, Cabeza de Vaca huyó de México al dejar el cargo y reside en Estados Unidos desde 2022. Sigue negando cualquier irregularidad y alega persecución política. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una solicitud de extradición en mayo de 2026, pero los procedimientos aún no han concluido.

Rocha Moya fue gobernador del estado de Sinaloa hasta que pidió licencia a principios de mayo tras ser acusado formalmente por fiscales del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y delitos con armas de fuego.

Según los fiscales estadounidenses, Rocha Moya presuntamente se asoció con la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo, para facilitar sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. La acusación también incluyó a otros nueve funcionarios, dos de los cuales se entregaron a las autoridades estadounidenses, según The Guardian.

Rocha Moya también es sospechoso de haber ganado las elecciones de 2021 con ayuda de los Chapitos, quienes secuestraron e intimidaron a los rivales políticos de Rocha Moya, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA). Rocha Moya ha negado esta y todas las demás acusaciones en su contra.

Nota: Si bien esta lista cubre varios casos en la historia reciente de México, no pretende ser exhaustiva.