La libertad de expresión y el abuso de esa libertad se encuentran en una disyuntiva muy inquietante ante el fenómeno de la Inteligencia Artificial
El CEO de Open AI, Sam Altman, y el CEO de Microsoft, Satya NadellaAP Photo
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La libertad de expresión y el abuso de esa libertad se encuentran en una disyuntiva muy inquietante ante el fenómeno de la Inteligencia Artificial, que no es una persona y ante cuyos posibles -y ya frecuentes- abusos, con casos crecientes de difamación, no existe eficaz protección legal.
En España es así... y el fenómeno es internacional. Preguntada el año pasado por una publicación jurídica la directora del área de Cultura del estudio Gabeiras & Asociados, Belén Álvarez, respondía: "En lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, por lo general la atribución de responsabilidad civil se basa en la culpa del causante del daño. De este modo, para el nacimiento de responsabilidad es necesario que concurra una conducta negligente o culposa, que se produzca un daño y que exista una relación de causalidad entre la conducta y el daño. Así pues, para que el desarrollador o proveedor de un sistema de IA responda de un daño es necesario demostrar su culpa o negligencia, el daño y la relación de causalidad entre la conducta y el daño. En el entorno de modelos de IA generativa puede llegar a ser una tarea compleja detectar el origen del daño". Y añadía: "La IA no tiene personalidad jurídica y, por tanto, no se puede dirigir una reclamación contra la misma. Como hemos anticipado, el responsable del daño puede ser, por ejemplo y atendiendo al caso concreto, el desarrollador o proveedor del sistema de IA, o el usuario".
No es una situación nada tranquilizadora para quien se encuentre acusado de un grave delito en todas las redes sociales y no pueda defenderse porque el bulo salió de ChatGPT...
Decía Álvarez que la Unión Europea está trabajando ante este problema y tiene en tramitación tres medidas. No sabemos más sobre ellas.
En Estados Unidos se ha formado un grupo de juristas encabezado por el profesor de Derecho de UCLA, Eugene Volokh, que mantuvo un simposio virtual el verano pasado después de que Volokh descubriese que ChatGPT se había inventado que una figura conocida estaba condenada por fraude. El problema es que allí una plataforma no puede ser enjuiciada por recoger falsedades propagadas por otros. Pero la IA actúa sola. Y la solución sería -están en ello los norteamericanos- en que si la empresa autora del bot que difama sabe que eso sucede, entonces una reforma legal permitiría demandar por difamación a esa empresa. Otra vía sería perseguir por negligencia a las empresas de IA si sus productos son defectuosos y por ello generan contenidos difamatorios.
Aquí y allá hace falta completar las leyes existentes y pasar la prueba de los tribunales. Si a quienes producen IA les acaba costando caro el daño que hacen, caerá en picado ese peligro que tanto inquieta en el ámbito de la libertad de expresión.