El pasado 23 de junio, en la justificación en el Congreso de los Diputados de su Proposición no de Ley relativa al establecimiento del principio de prioridad nacional en las prestaciones públicas, el portavoz de Vox afirmó lo siguiente: «No existe la madre que atiende antes a un desconocido que a su propio hijo. Ni el marido que procura antes el bien de un extraño que el de su esposa. Ni tampoco el chico que no desee que a sus amigos, a sus vecinos, a los compañeros de trabajo les vaya lo mejor posible. Ahí fuera no hay gente que relegue, que arrincone, que menosprecie o que destierre a los suyos… Ahí fuera la gente ordena su vida y sus prioridades a partir de vínculos, de lazos, de deberes, de afectos, de amores, de lealtades o de responsabilidad con los suyos… Ni quieren a todo el mundo por igual, ni piensan en todo el mundo por igual, ni cuando los recursos son escasos los destinan a todo el mundo por igual. Nada de eso. Jerarquizan y priorizan. Y ponen primero a los suyos, a los seres queridos, a los de casa… Nadie entendería a un padre que marginara a sus hijos, no solamente por resultar contra natura, sino porque sería una sangrante elusión de sus deberes y obligaciones, una forma de desligarse y abandonar a los suyos, de dejarles en la estacada.»

Estos no son extractos periféricos, son el eje de la intervención.

A esto se añadía una reflexión sobre quienes actúan de manera distinta a la descrita, afectados por un fallo moral, una degeneración «cosmopolita», «una extravagancia intelectual propia de esta era del desarraigo, algo que habría sido incapaz de pensar, de imaginar o incluso de concebir el ser humano a lo largo de los siglos… Es la consecuencia de haber pensado que no hay un nosotros, y que por tanto tampoco hay un los otros, y que en definitiva no hay ni deberes, ni obligaciones, ni compromisos ni con nuestros seres queridos, ni con nuestras familias, ni con nuestros amigos, ni con nuestros vecinos».

Extravagancia intelectual han de padecer, pues, aquellos que concilian sin dramas sus afectos familiares, la atención a los amigos, el cuidado de su pueblo, el amor a su país, el celo por la buena Europa y el deseo de que en el mundo pasen más cosas buenas que malas y ayudan a ello en lo posible. O los misioneros. No es cierto. Yo creo que se puede incluso ser devoto de la Iberosfera y no por ello padecer una tara moral.

Parece obvio que la argumentación de Vox -canónica en sus sucesivas intervenciones públicas sobre el concepto- expresa algo bien distinto de una preocupación nacional. Ahí la Nación no está, tampoco está su Estado. Hay familias, amigos, vecinos, pero no hay Estado y no hay Nación. De hecho, es casi inevitable, en cuanto se dedican unos minutos a evaluar el impacto real de este soporte argumental, que emerjan algunas preguntas incómodas: ¿quién sería el padre cumplidor y quién sería el degenerado cosmopolita si comparamos a un expresidente que promueve la empresa de sus hijas negociando con dictaduras que pulverizan los derechos lejanos de quienes las padecen, con el militar español que patrulla a riesgo de su vida en el Líbano bajo el mandato de Naciones Unidas, dejando a su familia a miles de kilómetros? ¿Es mejor quien enchufa a un amigo obviando procedimientos que quien respeta los derechos de desconocidos con los que no ha cruzado ni cruzará media palabra en su vida? ¿Qué sentido tuvo hablar en 1812 de la Nación española como la reunión de los españoles de ambos hemisferios? ¿Y qué sentido tiene hoy que nuestra Constitución diga que la soberanía es nacional y reside en el pueblo español, representado en las Cortes Generales? ¿Qué significa que la Nación española en uso de su soberanía proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra? ¿Cuando leemos «Todo por la patria» en un hastial, debemos pensar que ahí habitan gentes de mala vida abducidos por las modas posmodernas y el relativismo moral, que se jactan de no atender a sus familias, una especie de «todo por la patria, nada por los míos», aunque se trate de una casa-cuartel?

El problema de esta argumentación no se solventa incrustando de cuando en cuando la palabra compatriota, que viene a ser un «este es como de la familia», porque confundir la Nación y sus instituciones con una especie de familia extendida es justamente el error de base.

La Nación española, sus instituciones y sus leyes existen y funcionan como deben en la medida en que las cosas no ocurren como Vox dice que deben ocurrir, en la medida en que no se mezclan los planos personales e institucionales como Vox quiere que se mezclen y considera «natural»; en la medida en que se comprende que la Nación no es el hogar familiar ensanchado, sino un vínculo que expresa el reconocimiento de igualdad en derechos y obligaciones entre personas que no son familia ni «como si lo fuesen», sino ciudadanos, miembros de una comunidad cívica, razonada y construida por amor a la igualdad y los derechos de los desconocidos e incluso de los odiados, en razón de su mera existencia; un golpe de voluntad moral, grandeza de espíritu, sobre la mesa de la historia y sus catástrofes cainitas e identitarias; y que precisamente de ese hecho de reconocerse iguales en derechos y obligaciones sin motivo «natural» sino por propósito consciente, emerge la cumbre de la civilización que es la Nación cívica, que nos aleja de la querencia tribal que siempre nos acecha y, con ello, de la guerra a la que tiende la militancia aguerrida del «nosotros/los otros», largamente acreditado como precursor del «amigo/enemigo».

La analogía entre el hogar familiar y el hogar nacional es, simplemente, falaz, porque lo que es virtud en el hogar deja de serlo en el Estado. No estaría bien que una inspectora de Hacienda tratase a sus hijos como trata los expedientes que gestiona, pero tampoco que tratase sus expedientes como trata las felicitaciones de cumpleaños de sus hijos o los regalos de sus amigos. El Estado no es un hogar grande, no puede serlo, no debe serlo. El Estado es la forma jurídica y política de la Nación.

La idea de prioridad nacional no sólo no es teóricamente virtuosa, sino que además es falsa de hecho. Es un engaño, una trampa de una ideología de exclusión que opera en sus primeras fases de un modo comunicativamente eficaz, eludiendo su verdadero propósito de segregación por exclusión directa y apelando, para obtener ese mismo efecto, a un cierre de filas con «los nuestros» ante «un momento» de dificultades públicas -¿acaso los hay sin ellas?-, algo aparentemente indiscutible que produce el mismo efecto: dentro/fuera. Y no de momento, para siempre.

Falsa porque, en realidad, en cuanto una pretendida prioridad nacional pisa la tierra y se convierte en política pública revela su insolvencia: su efecto real no es que una madre ampare a «su» hijo, ni que un esposo atienda a «su» esposa. Las rentas, bienes, servicios y prestaciones irán a través del Estado desde una madre hasta un hijo, pero no el suyo; desde un esposo hasta una esposa, pero no la suya; desde un joven hasta otro, pero no su amigo. Y esto, un acto administrativo descarnadamente desprovisto de afectos personales directos es precisamente lo que nos permite tener un Estado y comportarnos como una nación cívica. Hay un sentimiento nacional, por supuesto, pero ese sentimiento puede existir en la medida en que desborda y somete a la pura llamada ancestral del hogar, y hoy, afortunadamente, ha aprendido incluso a ser supranacional. No desarraiga, hace que los frutos sean dulces, no amargos. La Nación es el hecho histórico que convierte en destinatario de mis cuidados, mis deberes y mis recursos a millones de perfectos desconocidos, con los que no me une nada de aquello en lo que Vox apoya su prioridad nacional. Y me convierte a mí en destinatario de los suyos. También en la Unión Europea (nuestra Constitución y nuestro parlamento nos quieren ahí, artículo 93 y Tratados sucesivos) y en los organismos internacionales.

Por otra parte, tomar en serio que los españoles van primero en todas las prestaciones públicas me autorizaría, como madrileño, a levantar de su asiento en el autobús a una ecuatoriana embarazada. Las palabras tienen consecuencias y conviene tomarlas en serio. Esta semilla aún no ha dado su fruto, pero sólo puede dar uno.

La idea de que lo mío es para los míos, destruye el principio de solidaridad, nos aboca al choque de las balanzas fiscales y la ordinalidad, cuestiona el sistema tributario, las políticas de redistribución y el Estado de bienestar desde su raíz.

Al final, muchos españoles descubrirán que con prioridad o sin ella siguen fuera y siguen esperando, y nadie podrá explicarles que eso obedece a un criterio de justicia, porque no lo habrá. Seguirán pagando impuestos para la casa de otro, se descubrirán «cosmopolitas» a su pesar y verán qué hacer al respecto. Y entonces, bajo esa presión, el corolario de una política de prioridad nacional habrá de ser hacerse desbocadamente incrementalista para que todos los nuestros estén dentro al final del proceso. Y eso no será posible. En todo caso, ése no es el modelo de bienestar de un liberalismo conservador consciente del mundo en el que vive, de lo que tiene y de lo que debe, de su pirámide de población, de su productividad y del equilibrio entre derechos y obligaciones indispensable, que, como siempre en esta tradición, ha de descansar en la idea prioritaria de justicia.

El camino de «los españoles primero» no desemboca en «los míos primero», sino en la frustración de contemplar que los míos no van a ser los primeros aun siendo españoles, si se respetan cosas tan fundamentales como el principio de solidaridad entre territorios de España, la obligatoriedad del pago de impuestos o el presupuesto europeo. Por no hablar de la deuda pública con la que pagamos todo eso que decimos que es nacional, que es esfuerzo de otros, muchos de ellos de otro sitio, y que pagarán dentro de muchos años quienes aún ni siquiera han nacido. Muchas políticas de hoy no las pagamos los españoles de hoy, las dejamos a deber y se pasarán al cobro a los hijos de los aún no suficientemente arraigados para disfrutarlas. No parece que el número de españoles que pueden vivir estrictamente con «lo suyo para los suyos» dé como para sostener la ficción de la prioridad familiar que realmente propone Vox, que en realidad es una impugnación directa y completa de la idea misma de la Nación española.

Y además de la reflexión política conviene tener a la vista la jurídica sobre lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denomina «discriminación indirecta». Véase al respecto su reciente sentencia de 7 de mayo de este mismo año en el asunto C-747/22 y la jurisprudencia completa a la que remite.

Sólo desde una suerte de anarcocapitalismo o desde una versión anabolizante del fraude nacionalista se puede sostener la idea de que cualquier cosa que suponga atención hacia los desconocidos constituye una degeneración moral que se ha de corregir y que no tengo por qué soportar. Esa atención que trasciende los lazos de sangre es precisamente la gloria de la nación cívica europea, de la Unión Europea y nuestra garantía de la paz y la prosperidad comunes. Que a eso se le ponga el nombre de prioridad nacional para disimular, no esconde su potencia destructiva de la comunidad nacional, de la Unión Europea, de la cooperación al desarrollo y del derecho de gentes mismo. De la justicia. De la nación de ciudadanos libres en la ley e iguales ante ella.

Miguel Ángel Quintanilla Navarro

Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y diputado del Congreso por el Partido Popular