Cada dos semanas, un técnico de Euratom visita el Valle de Tobalina, en Burgos. Supervisa el desmantelamiento de una central nuclear: Santa María de Garoña. En marcha desde hace tres años, la empresa pública Enresa ya ha sacado de la planta más de un tercio del combustible gastado que se guardaba en su interior y ultima la extracción de las turbinas que sirvieron para generar electricidad entre 1971 y 2012, más de cuarenta años.

Garoña será la tercera central nuclear en España en desaparecer del mapa, y lo hará previsiblemente en 2033, pero no será la última si se cumplen los actuales planes del Gobierno. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) plantea un calendario muy ajustado de desmantelamientos. Almaraz I empezará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035. «España tiene una experiencia muy buena en desmantelamiento de diferentes tecnologías», asegura Manuel Ondaro, director del proyecto en Garoña.

Ningún desmantelamiento es igual. Cada central tiene su tecnología, su estructura, sus problemas. Aun así, el 100% de los procesos que se realizan siempre tienen un aprendizaje para el futuro, asegura Ondaro. La planta de Garoña, que operaba un reactor de agua en ebullición (BWR) de General Electric, ha sido un reto particular. En las centrales de primera generación como esta, el diseño buscaba salvaguardar la seguridad mientras la planta estaba en operación, pero no contemplaba qué pasaría después. No se construyó pensando en su demolición.

El reactor de Garoña utiliza una tecnología similar al de Fukushima afectado por el terremoto y posterior tsunami de Japón. Tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012. En aquel momento el cese de actividad se debió a razones empresariales. Cuando Nuclenor (sociedad formada por Endesa e Iberdrola) presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014, esta fue finalmente denegada por el Gobierno en agosto de 2017. 

El proyecto de desmantelamiento comenzó en 2023. Durará una década y costará 475 millones de euros. Hoy trabajan en él más de 300 personas. Aquí todo está planificado al milímetro. Hay más de 2.000 procedimientos previstos y se calcula la chatarra antes de generarla. El equipo trabaja con un inventario que incluye cada residuo: el peso, el volumen y la carga radiológica. 

Los residuos de baja y media actividad se llevarán al Centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba). En menos de tres siglos se convertirán en residuos convencionales con valores inocuos de radiactividad. 

El combustible gastado, en cambio, se quedará al lado de la central, en el Almacén Temporal Individualizado (ATI). Aquí se vigilarán y custodiarán en contenedores de casi 5 metros de altura y 70 toneladas de peso hasta que España construya un Almacén Geológico Profundo (AGP) al que llevarlos de manera definitiva. Será, previsiblemente, 2070.

La primera fase de los trabajos incluyen el desmontaje del edificio de turbina y el vaciado del combustible gastado que se encuentra en la piscina de la central nuclear. La operación del edificio turbina no empezará hasta finales de 2026 o incluso principios de 2027. No es un proceso fácil: incluye la retirada de un rotor de 140 toneladas y un estator de 270.

Para terminar de complicar la operación, los generadores tienen amianto. La solución será montar una grúa especial dentro del edificio para sacar el generador de una pieza. «Es un reto, no se ha hecho en España antes», explica la jefa de Ingeniería, Esther García Tapia.

El combustible gastado, sin embargo, se está sacando a buen ritmo de la piscina. «Vamos a saco, un contenedor detrás de otro», explica Óscar González Corral, director técnico del desmantelamiento.

Quedan más de mil barras en la piscina de contención de las 2.500 que había inicialmente. Se están enviado en contenedores blindados al Almacén Temporal Individualizado (ATI) aledaño a la central. Hoy se cuentan 17 tanques en el exterior. Cuando acabe el desmantelamiento habrá 49.

No se le pierde el respeto a la radiactividad al acudir, cada día, a una central nuclear. Cada trabajador tiene un dosímetro personal de radiación que debe llevar dentro de la instalación. Se valida y se lee para entrar y salir. Y la carga da cero prácticamente siempre. Tras décadas de trabajo en el sector, Ondaro ni siquiera tiene claro cuál es su carga acumulada, solo sabe que está dentro de los umbrales seguros.  

Hay un ejemplo que le gusta poner a González Corral: cualquiera que se haya hecho un TAC ha recibido en 35 segundos más dosis que él en 40 años de trabajo. 

En un desmantelamiento la prevención es fundamental y las medidas de seguridad para minimizar los riesgos se llevan a rajatabla. El edificio en sí está diseñado para contener cualquier posible fuga. También la equipación se ha diseñado para reducir el riesgo de contaminación. Todo está reglado: hasta los zapatos. En las zonas de riesgo bajo, las más habituales, la vestimenta de trabajo es un mono oscuro, con un buzo básico y zapatos de seguridad, que nunca saldrán de la zona controlada. Completan el traje guantes, cubrecabeza y gafas. 

«¿Tenemos preocupación? Claro que sí, por la protección radiológica. Pero sabemos manejarla muy bien», asegura González Corral. La evidencia, dicen, está en que no ha habido ningún accidente radiológico. 

La segunda fase del desmantelamiento de Garoña será la que haga desaparecer el resto de estructuras, incluidas las de carácter radiológico. Durará previsiblemente hasta 2033 y generará la mayor parte de los residuos, vinculados a la demolición. 

También es el momento clave para Marta Gómez de Gracia, la jefa de Protección Radiológica, ya que incluye el desmantelamiento del reactor y su estructura soporte. Es la infraestructura que tiene más radiación impactada y puede contener dispersos en el circuito pequeños desprendimientos de fragmentos de combustible, por lo que aumenta el riesgo de radiación. Pero «pesadilla ninguna, para eso están dispuestos todos los sistemas de vigilancia, para identificar todo el abanico de radiaciones que propicia el contenido del reactor», responde la ingeniera química.

En el Valle de Tobalina todo estará controlado durante el proceso. Se mide desde el ruido hasta la cantidad de polvo que se genera. Cada año se toman un millar de muestras variadas en un radio de 30 km. Incluso se analizan producciones de la zona como el queso, la miel o la pesca del Ebro. Todo para asegurar que el terreno se devolverá sin evidencias de que Santa María de Garoña estuvo allí.