Hace unos años, durante el 'procès' catalán, al independentismo y a otros muchos se les llenaba la boca hablando de la judicialización de la política. Insistían en que la declaración unilateral de la independencia de Cataluña era una cuestión política y que los tribunales ... no debían actuar. Nunca compartí esa tesis. Creo que las leyes están para cumplirlas y que si alguien se las salta, sean o no políticos, deben asumir las consecuencias. Ahora nos dicen que mira que bien desde que se aprobó la amnistía, cómo se han tranquilizado las cosas en Cataluña, y pueden tenerla razón, aunque no sé si el precio que se ha pagado (elevar a la enésima potencia la polarización en el resto de España) no ha sido demasiado caro... En los últimos años, meses, días... de lo que oímos hablar es de la politización de la Justicia. En platós de televisión, editoriales de periódicos o emisoras de radio escuchamos decir que muchos jueces hacen política con sus decisiones. Intentan convencernos de que los casos de corrupción no son para tanto y que en lugar de delitos, lo que hay es una persecución contra el presidente Sánchez, su familia, su gobierno y su partido. Y estando de acuerdo con que las actuaciones de algunos jueces dejan mucho que desear y dan alas a estas teorías, sigo creyendo en el sistema judicial español, garantista para el acusado y capaz de corregir los excesos que algunos de sus miembros pudieran cometer.Pero mientras nos entretenemos con la Justicia nos estamos olvidando de otro ámbito en el que la política está extendiendo sus tentáculos hasta niveles insospechados y que me preocupa sobremanera: las instituciones y en concreto los organismos reguladores y supervisores. Esta misma semana el Gobierno ha hecho su propuesta para sustituir a Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En la pelea entre un perfil más técnico o uno más político, el vicepresidente Cuerpo parece haber inclinado la balanza a su favor y se ha impuesto el perfil de un catedrático, como Juan José Ganuza. Pero junto al presidente se han propuesto otros tres consejeros directamente ligados con partidos o con el Gobierno, como la ex jefa de gabinete de Nadia Calviño, un exdiputado de ERC o una candidata de Sumar a la Junta de Castilla y León. Para contentar a sus socios el Gobierno ha introducido perfiles que poco o nada tienen que ver con la independencia y el carácter técnico que exigen estos organismos. Y además, y como ya se ha convertido en habitual, se ha ignorado por completo al principal partido de la oposición con el que, hasta la llegada de Pedro Sánchez, se solían negociar los nombres de los presidentes, vicepresidentes y consejeros de los órganos reguladores.En esas épocas, al menos se solían disimular los candidatos y aunque algunos procedían de los gobiernos, solían ser perfiles más técnicos que los actuales. Y además, al repartirse entre PP y PSOE, estaba representada tanto la derecha como la izquierda. Ahora el PP no ha elegido ni a uno solo de los consejeros de la CNMC, con lo que estará totalmente escorada hacia la izquierda. No sé si el perfil técnico del presidente permitirá compensar todo lo demás. Y en el resto de reguladores ocurre otro tanto. Y si no recordemos cómo a Sánchez no le tembló la mano al nombrar gobernador del Banco de España a un miembro de su Gobierno. El Gobierno y sus socios han colonizado los supervisores y reguladores que deberían actuar como contrapesos del poder político. Y quizás tengan la oportunidad de serlo en la próxima legislatura si las encuestas se cumplen. Tendremos un gobierno de derechas con los reguladores tomados por la izquierda.