Gente que corre despavorida, helicópteros sobrevolando barriadas, disparos en rafaga de artillería pesada, es lo que muestran los videos e imágenes que se esparcieron rápidamente en redes sociales sobre una operación militar en el estado Bolívar, específicamente del kilómetro 33 al 88, en el municipio Sifontes, una de las principales zonas de extracción de oro del país.
Reportes verificados de la organización no gubernamental (ONG) SOS Orinoco confirmaron, el martes 9 de junio, el operativo de la Fuerza Armada Nacional, con despliegue de helicópteros artillados entre los sectores Las Brisas y Las Cristinas, zonas mineras clave, con el presunto objetivo de ir tras los líderes de los grupos armados -también llamados sindicatos- que operan en esta área del Arco Minero del Orinoco, y particularmente contra alias “Juancho”, cuyo nombre real es Juan Gabriel Núñez, de nacionalidad colombiana.
Además, se habla de la presencia de otras bandas criminales como el Tren de Aragua, y que uno de sus cabecillas, Yohan Romero, apodado Johan Petrica, sería otro de los objetivos de la movilización militar.
La violencia no es nueva en el sur de Bolívar. Desde 2016, cuando el gobierno decretó la creación del Arco Minero, la región ha sido escenario de matanzas, enfrentamientos armados y despliegues militares. Ese mismo año ocurrió la masacre de Tumeremo, con 28 mineros desaparecidos cuyos restos fueron hallados en una fosa común meses después. En 2019, en el sector Ikabarú, ocho personas, entre ellas indígenas pemones y mineros, fueron asesinados. Ambos hechos fueron atribuidos a grupos armados que intentaban tomar control de la zona.
Una investigación de Transparencia Venezuela señala que desde 2022 incrementó la presencia militar dentro de las poblaciones mineras. Esto ocurrió luego de la puesta en marcha de la Operación Roraima por parte del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), con la participación del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), una unidad especial integrada por los cinco componentes militares (Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia).
No obstante, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado que grupos criminales operan con la presunta complicidad de funcionarios militares y policiales.
“Este conflicto no es un hecho aislado. Es la expresión de un sistema de gobernanza criminal consolidado en el tiempo y promovido por el propio régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez”, detalla SOS Orinoco en una publicación en redes sociales.
A pesar del caos y el reciente despliegue militar en la zona, hasta el momento no hay reportes oficiales de fallecidos ni de detenciones. La ONG Provea alertó sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona, que han ocurrido con anterioridad con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y los operativos Trueno.
Otra confirmación de SOS Orinoco fueron las inspecciones a las instalaciones de la Corporación Venezolana de Minería, —principal encargada de las operaciones auríferas del país—, “bajo estrictas medidas de seguridad”.
“Esto evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio”, añade la organización que documenta la corrupción y el ecocidio que ocurre en el Arco Minero desde 2018.
Una captura de un estado de WhatsApp, presuntamente publicado por un miembro del Motor/tren de Guayana —uno de los supuestos sindicatos armados que opera en la zona—, pedía a los habitantes de El Callao mantenerse en sus casas. La imagen fue difundida por el periodista Fritz Sánchez, quien también aseguró que durante este miércoles no hubo reportes de nuevos enfrentamientos, a pesar de que la zona continúa militarizada.
El martes 9 de junio, numerosos vídeos e imágenes fueron propagadas en las redes sociales. La mayoría mostraba helicópteros, vehículos blindados y funcionarios militares extranjeros en la zona, pero todo era falso.
Ante la falta de información oficial, la organización SOS Orinoco advirtió sobre el alto nivel de desinformación en torno a este procedimiento, y subrayó que mucho de este material difundido no era actual ni había sido grabado en Venezuela, incluso algunas imágenes fueron generadas con inteligencia artificial.
SOS Orinoco también advirtió que estas incursiones militares sin enfoque integral pueden ocasionar más desplazamientos masivos de poblaciones, agudización de la crisis humanitaria en la zona y violencia contra civiles inocentes.
Estos hechos ocurren luego de que en marzo la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una nueva ley de minería que abre la puerta a capital extranjero, esto en medio del “nuevo momento político” con Estados Unidos, que, por su parte, alivió las sanciones con la emisión de tres licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, destinadas a facilitar el comercio de minerales venezolanos, entre ellos el oro.
La visita a Caracas del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el 3 de junio, también podría estar relacionada a estas acciones en Bolívar. El despliegue militar en el Arco Minero, además, coincide con la inauguración de una oficina en Caracas por parte de Rick de la Torre, un ex directivo de la CIA, que busca asesorar a posibles inversionistas estadounidenses.
Venezuela posee grandes yacimientos de oro, diamante, bauxita y coltán, este último —según SOS Orinoco—, solía ir a parar a China, en medio de transacciones turbias.
Las tramas de corrupción dentro del Arco Minero involucran incluso a políticos internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de Gobierno Español y una figura cercana a Maduro y los hermanos Rodríguez. En días recientes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España vinculó a Zapatero con una red de tráfico de oro y petróleo en Venezuela.
Ya antes, figuras como la fallecida ex senadora colombiana Piedad Córdoba y el exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo “el Pollo” Carvajal, habían hecho mención de este tema.
El Arco Minero representa una extensión de 112.000 kilómetros destinados a la actividad extractiva. Tan solo este territorio es más grande que países como Cuba y Portugal.
SOS Orinoco ha advertido que la minería sigue en expansión, por lo que ya existe en la cabecera de los ríos más importantes del país y en parques nacionales como Canaima, entre otras zonas protegidas.
“Esto está acabando, entre otras cosas, con el poder hidroeléctrico del país (…) La minería ilegal está sedimentando los ríos y destruyendo las turbinas de Guri y Macagua”, explicó Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, en entrevista para la periodista Goizeder Azúa. Hay que recordar que desde al menos 2010.
Fritz Sánchez, vocero de la organización, explicó en su cuenta de X que la operación militar se enfoca en un espacio donde se ubican intereses estadounidenses -Minerven, Las Cristinas y Brisas del Kuyuní-, pero hasta ahora la minería ilegal continúa devastando territorio dentro de los parques nacionales Canaima y Caura e incluso en la cuenca del Caroní.
“La voluntad permisiva ante el extractivismo ilegal se mantiene”, escribió Sánchez, “más allá de eventos puntuales, por intereses tutelados y limitados”.-Por: Ivanna Laura Ordoñez
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