La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobada el 29 de enero por la Asamblea Nacional, fue tema de análisis para tres especialistas en materia energética que participaron en un foro realizado el pasado 5 de febrero en la UCAB, por iniciativa de su Escuela de Economía.
El economista e investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston, EE. UU.), Francisco Monaldi; la abogada y presidenta de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (AVH), Cristina Tovar, y el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de Venezuela (CEIA), el ingeniero Oswaldo Felizzola, coincidieron en que los cambios en la legislación pueden ser una oportunidad de apertura para la disminuida industria petrolera nacional, que puede propiciar desarrollo en el sector y generar repuntes en la producción, así como rentabilidad para el Estado y las empresas internacionales que operen en el país.
Sin embargo, los expertos advirtieron sobre aspectos de la reforma que generan interrogantes, entre ellas la discrecionalidad relacionada con las negociaciones o temas como la rendición de cuentas.
Venezuela pasó de producir 3,1 millones de barriles diarios, nivel histórico que alcanzó en 1998, a poco más de 1,1 millones de barriles por día en diciembre de 2025, según reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como consecuencia de años de desinversión, mal manejo administrativo, alta politización y escándalos de corrupción que marcaron la debacle de la industria petrolera nacional.
Cristina Tovar, presidenta de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos, destacó que con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, integrada por 80 artículos, el Gobierno busca que el nuevo marco regulatorio “lleve a la maximización de los recursos” en medio de crecientes necesidades de inversión nacional e internacional.
“Han surgido críticas por la discrecionalidad que permite por tipo de proyecto. Es una ley para definir cómo voy a negociar con el proyecto A y cómo negocio en el proyecto B, porque son distintos. Entonces permite la negociación para la maximización bajo los criterios según cada proyecto”, apuntó Tovar en su intervención.
La reforma de la ley revocó un conjunto de impuestos a la actividad de extracción petrolera y establece un límite de hasta 30% para las regalías sobre el valor de hidrocarburos extraídos y no reinyectados. Asimismo, permite al Ejecutivo ajustar ese porcentaje según cada proyecto y el tipo de inversión que se requiera.
“La ley no es restrictiva y permite acoplar el marco fiscal a cada proyecto. La regalía es la renta del Estado más fácil de recaudar. El diseño del régimen fiscal tiene que reflejar el potencial del recurso y equilibrar los intereses”, añadió la presidenta de la AVH.
El instrumento incluye un impuesto integrado de hasta 15% sobre ingresos brutos (por hidrocarburos extraídos) que sustituye contribuciones propias del sector, así como impuestos municipales y estadales.
La abogada, especialista en el área fiscal, precisó que con la reforma, la ley divide la participación del sector privado como operadores y clasifica el tipo de modelo de negocio según el funcionamiento contractual.
De ahí que se mantengan las empresas mixtas (EEMM), en las cuales el Estado tiene mayoría accionaria (un esquema vigente desde 2006) y se incluya una modificación de los Contratos de Participación Productiva (CPP) a Contratos para el Desarrollo de la Actividad Primaria (CPPH).
De acuerdo con Tovar, 47% de la producción petrolera en Venezuela proviene del funcionamiento de empresas mixtas, mientras que 33% de los niveles productivos del sector se debe al esquema de Contratos de Participación Productiva (CPP). “El mayor crecimiento viene de los Contratos de Participación Productiva, pero la estabilidad viene de las empresas mixtas (EEMM), que son las que tienen mayor inversión”, apuntó la especialista.
Otras de las modificaciones más llamativas que incluye la legislación es que permite el arbitraje independiente y elimina el requisito de aprobación de la Asamblea Nacional para la conformación de empresas conjuntas.
En medio de la flexibilización de sanciones por parte de EE.UU., la reforma a la ley es, además, un incentivo para que las petroleras internacionales, pero principalmente las estadounidenses, retornen a Venezuela para desarrollar nuevas operaciones en un país que, de acuerdo con Oswaldo Felizzola, requiere de inversiones de unos 10.000 millones de dólares por año para poder recuperar niveles de producción y competitividad.
“El nuevo incentivo incluye que las compañías puedan traer tecnología. El crudo venezolano es ácido, tiene metales pesados. Ni las refinerías chinas ni de la India pueden refinarlo, pero Estados Unidos tiene esas refinerías y la tecnología. En Texas, las compañías ganan 5 dólares por barril; aquí en Venezuela pueden ganar 25 dólares, incluso con descuentos pueden ganar unos 10 dólares”, dijo el coordinador del CEIA.
Venezuela tiene una capacidad instalada para producir unos 3,5 millones de barriles diarios de crudo. De acuerdo con informes y reportes especializados sobre el sector, la declinación de los campos petroleros en Venezuela es de 20% por año.
“Venezuela produce menos de 1% de la producción mundial. Los yacimientos están sumamente deteriorados, empiezan a producir más gas y se llenan de agua. Eso es grave. Con el nivel de daño que hay, necesitamos inversiones para nuevos pozos y necesitamos otras tecnologías. Ese tipo de trabajo toma tiempo, pero la ventaja es que una vez abiertos nuevos pozos, ya hay una infraestructura. La ley consigue una oportunidad de oro, porque se tendría acceso al mercado con los equipos más acondicionados”, puntualizó Felizzola.
De acuerdo con Francisco Monaldi, un aumento de producción petrolera a largo plazo en Venezuela, que apunte al pico histórico productivo de 3.000.000 de barriles por día, requiere de una inversión de al menos 100.000 millones de dólares entre 8 a 10 años.
El especialista del Instituto Baker para Políticas Públicas considera que, aunque es una “oportunidad que se haya desarrollado este marco” ya que “proporciona la lista de deseos de las empresas internacionales”, persisten dudas sobre la estabilidad jurídica y el devenir político.
“Hay temas de legitimidad de la Asamblea Nacional actual. Es un momento fundacional, raro, con un proceso tutelado. Si hay una transición, la pregunta es cuál es la institucionalidad de todo este marco. Hay un potencial de 1.000.000 de barriles en manos de contratos sin claridad”, reflexionó Monaldi.
Para el economista, lo vinculado con la rendición de cuentas es fundamental. Recordó que Pdvsa, la estatal de hidrocarburos, no publica estados financieros desde 2016.
“Esta ley no es demasiado complicada, es corta, creo que es mejorable. Uno de los obstáculos es que Pdvsa deba tener 51% de las acciones. Con un socio así, que no es capaz de poner plata, y que la empresa socia tenga que poner dinero, eso sube los riesgos. Esa es una dificultad. Hoy hay iniciativas de transparencia que te llevan a divulgar en detalle todos los contratos. Lo otro es crear una institucionalidad. En los países exitosos se crearon empresas reguladoras independientes. Ante quién se rinde cuentas. Pdvsa sigue siendo quien va a firmar contratos, sigue teniendo un rol regulatorio, pero el Ministerio tiene un rol discrecional. No solo es rendir cuentas, sino cómo hacerlo de forma transparente”, remarcó.
El marco legislativo que establece ahora la reforma genera cambios en las perspectivas sobre el sector petrolero venezolano. De acuerdo con Monaldi, “en el corto plazo, Chevron será el principal beneficiario. La producción podría aumentar en 150.000 barriles diarios en uno o dos años”.
El especialista considera que la empresa española Repsol, la francesa Maurel & Prom y tal vez la italiana Eni podrían añadir a la producción unos 150.000 barriles por día.
“La mayoría de las exportaciones, más de 600.000 barriles, probablemente irán a EE.UU., pero al menos en el corto plazo probablemente habrá otros destinos: India y Europa, por ejemplo”, afirmó.
En la presentación del evento, el rector de la UCAB, Arturo Peraza, S. J., resaltó la pertinencia de la actividad: “Es pronto para decir muchas cosas, pero quizá nos van dar señales que nos indiquen hacia dónde se está dirigiendo el horizonte del país aparentemente en este proceso de transformación. A la academia le corresponde comprender y orientar ese proceso”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, Ronald Balza, quien moderó el foro, apuntó que la primera ley de hidrocarburos de Venezuela es de 1920.
“De allá para acá hay una serie de elementos que han sido recurrentes y que, incluso, han estado en la Constitución. Y después podemos preguntarnos cómo quedan con esta nueva ley: son temas relacionados con qué se reserva el Estado, cuál es la participación privada; cuál es el tipo de contratos que se pueden llevar adelante, lo que implica el reconocimiento de riesgos”, apuntó.
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