La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General No. 46, un instrumento que autoriza determinadas operaciones con petróleo de origen venezolano, pero bajo un esquema que mantiene el control jurídico, financiero y operativo en manos de Washington y deja fuera del juego a actores clave del mapa geopolítico.
Aunque la licencia amplía de manera significativa el margen de maniobra para empresas estadounidenses previamente establecidas, el texto no representa un levantamiento general de las sanciones. Por el contrario, fija condiciones estrictas, mecanismos de supervisión y exclusiones explícitas que delimitan quiénes pueden participar y bajo qué reglas.
La Licencia General 46 autoriza a entidades estadounidenses establecidas a realizar todas las transacciones consideradas “ordinariamente incidentales y necesarias” para operar con petróleo venezolano, incluso cuando estas involucren al Gobierno de Venezuela, a Pdvsa o a empresas donde la estatal tenga participación mayoritaria.
Entre las actividades autorizadas se incluyen:
La autorización también cubre servicios clave para la cadena operativa, como fletamento de buques, seguros marinos, cobertura P&I y servicios portuarios, incluso cuando intervengan autoridades estatales venezolanas.
La licencia es explícita sobre quiénes quedan excluidos de las operaciones con petróleo venezolano. OFAC prohíbe transacciones que involucren a personas o entidades ubicadas en, o constituidas bajo las leyes de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Esto incluye tanto empresas directamente en esos países como aquellas en joint venture, propiedad o bajo control de actores vinculados a ellos.
Además, la autorización impone restricciones específicas frente a China. No se permiten transacciones con entidades ubicadas en Venezuela o en Estados Unidos que mantengan estructuras de propiedad, control o joint venture con personas o empresas chinas. Con esto, se limita la participación de uno de los aliados estratégicos más importantes de Caracas en el sector energético.
Uno de los elementos centrales de la Licencia General 46 es que el control legal, financiero y operativo de las transacciones no se traslada a Venezuela. El diseño de la autorización deja claro que el eje de las operaciones se mantiene en Estados Unidos.
El texto establece que los contratos vinculados a operaciones con petróleo venezolano deben estar regidos por las leyes estadounidenses. Cualquier disputa o controversia deberá resolverse en tribunales o mecanismos de resolución ubicados dentro de esa jurisdicción.
En materia de pagos, la licencia dispone que cualquier transferencia monetaria dirigida a personas bloqueadas por el régimen de sanciones deberá depositarse en los Foreign Government Deposit Funds o en las cuentas que indique el Departamento del Tesoro. Esto impide que esos recursos queden bajo manejo directo o discrecional del Estado venezolano.
Al mismo tiempo, OFAC mantiene prohibiciones explícitas. No se permiten pagos no comercialmente razonables, canjes de deuda ni pagos en oro. Tampoco están autorizadas transacciones denominadas en monedas o tokens digitales emitidos por o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro.
La licencia tampoco habilita el desbloqueo de activos previamente congelados ni permite operaciones con buques que se encuentren sancionados por el Departamento del Tesoro.
A este esquema de control se suma un sistema de reporte obligatorio y periódico ante las autoridades estadounidenses, especialmente cuando el petróleo venezolano sea exportado o reexportado hacia países distintos de Estados Unidos. En esos casos, las empresas deberán informar de manera detallada las partes involucradas en cada operación, los volúmenes y valores del crudo, el destino final, las fechas de las transacciones y cualquier impuesto, tarifa u otro pago realizado al Gobierno de Venezuela.
El primer reporte deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores a la primera transacción. A partir de entonces, los informes deberán entregarse cada 90 días, mientras las operaciones continúen activas.
La emisión de la Licencia General 46 ocurre pocos días después de la aprobación en segunda discusión de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que amplía la participación privada y flexibiliza el marco legal interno del sector.
Sin embargo, la licencia deja claro que la apertura externa no es irrestricta ni neutral. Estados Unidos habilita operaciones con petróleo venezolano bajo sus propias reglas, excluyendo a aliados estratégicos de Caracas y reservándose el control jurídico, financiero y de supervisión.
Desde el punto de vista económico, la medida también tiene implicaciones concretas para la industria. El economista Asdrúbal Oliveros destacó que la nueva licencia, al permitir que empresas estadounidenses comercialicen crudo venezolano, impacta directamente el flujo de caja del sector, al reducir los descuentos aplicados al petróleo y disminuir los costos operativos y de transporte.
En su análisis, Oliveros subraya que este cambio no solo facilita operaciones comerciales, sino que también puede mejorar la rentabilidad inmediata de la industria, en un contexto donde la apertura legal interna se combina con una supervisión internacional estricta.
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