A pesar de que el Gobierno en Perú ordenó enfáticamente a la policía respetar la identidad de género durante esta medida contra el virus, la norma ha supuesto una oportunidad adicional para que las personas transgénero y transexuales sean violentadas por las fuerzas del orden.
Solo en el primer día de circulación exclusiva de mujeres hubo al menos 30 casos de discriminación a mujeres trans por las fuerzas del orden, indicó la activista y política transgénero Gahela Cari, una de las primeras en expresar su «profunda preocupación» cuando se anunció la segregación.
«Ha habido una serie de castigos ilegales, arbitrarios y fuera de la norma, que van desde obligarnos a decir ‘soy un hombre, quiero ser un hombre’ a hacer ejercicios físicos, golpearnos y hacernos gritar fuerte nuestro nombre para que la gente sepa que somos transexuales. Es algo innecesario», relató Cari.
Todo empieza cuando son paradas por la calle por algún policía que les pide el DNI. A pesar de que tanto el presidente de Perú, Martín Vizcarra, como el ministro del Interior, Carlos Morán, advirtieron expresamente y prohibieron esto.
«El control es visual. Si tienen características de hombre, son hombres; y si tienen características de mujer, deben ser tratadas así», esa es la instrucción de Morán.
Para Cari, «la sed de transfobia» de esta clase de policías es superior incluso al riesgo de descuidar la distancia social para prevenir un posible contagio por coronavirus al requerir el DNI.
«Hay una serie de atropellos que han sucedido siempre, la diferencia es que ahora recién estamos volteando a mirar lo que pasa y recién nos indignamos por algo que vivimos a diario», advirtió.
Una vez que los policías revisan el DNI, les recriminan tener nombre masculino, los tratan como hombre y les ordenan volver a casa en el mejor de los casos, impidiéndoles comprar alimentos y medicamentos. La comunidad de transexuales y transgénero no se merece esto.
«Eso demuestra que no basta con un discurso. Eso es tan solo el primer paso. Se necesitan medidas concretas y estrictas para garantizar los derechos y la vida de las personas trans», añadió Cari.
En esta ocasión, el Ministerio del Interior y sus autoridades lamentaron estas agresiones e incluso han apartado del la fuerza y sancionado a los agentes identificados en las grabaciones.
«A mí me da mucho temor salir a la calle a pesar de tener la ley en la mano para poder frenar a cualquier efectivo. Cuando lo he hecho he estado sobre alerta para no tener que pasar por lo mismo que mis hermanas», reconoció Cari.
«Hoy salí a comprar y regresé muy rápido, tratando de tomar todas las preocupaciones debidas, pero no es justo que tengamos que estar de esta manera, porque esto ya de por sí tiene un impacto emocional en nosotras», apuntó.
La reacción a la orden del gobierno de respeto a la comunidad LGTBI no se hizo esperar por parte de los colectivos ultraconservadores como «Con mis hijos no te metas», la plataforma contra la legalización del aborto que llevó al gobierno a los tribunales por aplicar el enfoque de género en la educación pública.
Desde redes sociales este grupo conformado en su mayoría por evangelistas exhortó a los policías a desobedecer las órdenes del gobierno.
Por eso Gahela Cari anunció que tomarán acciones legales contra Christian Rosas, líder de «Con mis hijos no te metas», por delitos de odio. «No está haciendo uso de su libertad de expresión como él dice, lo que está cometiendo es transfobia y está incitando a que los policías cometan sedición».
Cari explicó que el problema es estructural, sobre todo en la educación: «Nadie nace odiando ni siendo racista, homofóbico o transfóbico. Eso lo enseñan los adultos. A los niños les ponen una mochila llena de prejuicios y discriminación».
Por ello reclamó la aprobación de la Ley de Identidad de Género para poder cambiar sus nombres en el DNI, y más específicamente una ley integral para personas transexuales y transgénero para garantizarles mayores derechos fundamentales como la educación y el trabajo a esta comunidad.
En mitad de estos episodios de discriminación en Perú la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes al Estado peruano por la detención arbitraria, torturas y violación sexual en 2008 de las que fue víctima en una comisaría Azul Rojas, una mujer transgénero que para esa época era un hombre homosexual.
El tribunal ordenó al Estado continuar las investigaciones y sancionar a los responsables, brindar de forma gratuita, inmediata y efectiva tratamiento a la víctima, así como adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.
«La sentencia nos abre nuevos escenarios y nos llena de argumentos legales y jurídicos. Hay que reconocer la valentía de Azul para enfrentarse a todo un sistema judicial y a un aparato estatal. No ha sido fácil en términos económicos y emocionales llevar un proceso de más de diez años contra tu propio país, pero lo hizo porque no garantizó sus derechos humanos», concluyó Cari.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。