En su Diccionario de Política, el sabio italiano Norberto Bobbio nos recuerda que el término política se deriva del adjetivo de polis que para los griegos antiguos significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, público, y también sociable y social. Bajo esa premisa, una tragedia de las dimensiones que vive Venezuela tras los dos terremotos del 24 de junio es, en esencia, un hecho político.

No se trata de “politizar” la desgracia; se trata de reconocer que los terremotos, por impredecibles que sean, exponen un conjunto de decisiones (todas políticas) que fueron tomadas previamente desde el poder. La incapacidad del Estado de responder a una catástrofe de esta magnitud no fue fruto del azar, es el resultado de decisiones (todas políticas ellas) de quienes han gobernado a Venezuela desde 1999, cuando justamente ocurrió otra tragedia nacional.

Los sismos —un evento precursor de magnitud 7,2 seguido 39 segundos después por el principal de 7,5, el más potente en más de un siglo— golpearon con especial dureza el Litoral central y Caracas, aunque según el gobierno hubo afectaciones en un total de siete estados del país.

Un terremoto no se puede evitar. La preparación sí. Durante 27 años, el modelo de gobierno que administró las mayores rentas petroleras de la historia nacional no construyó sistemas fiables de alerta temprana, no mantuvo equipos de bomberos y defensa civil adecuadamente dotados ni remunerados, ni priorizó la resiliencia de la infraestructura pública.

Esa cadena de decisiones —o de su ausencia— es política en el sentido más profundo que señala Bobbio: concierne a lo público, a la ciudad, a la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos.

La respuesta inmediata tampoco escapa a esa lógica. Declarar el estado de emergencia, coordinar el flujo de información oficial y decidir quién habla en nombre del Estado son actos de poder. Que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, asumiera el rol de principal vocero en los balances diarios no es un detalle técnico: es la política definiendo el relato oficial de la catástrofe.

La diplomacia de la emergencia también es esencialmente un acto político. La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo conversaciones con mandatarios de países que hasta hace poco formaban parte del espectro de adversarios declarados, como Giorgia Meloni en Italia —cuyos equipos de rescate llegaron al país— o los gobiernos de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Milei dispuso ayuda humanitaria que incluyó personal médico, equipos de rescate y apoyo logístico; Bukele envió cientos de rescatistas salvadoreños, paramédicos y toneladas de insumos en varios vuelos, y sus equipos participaron activamente en la localización de sobrevivientes.

En el terreno de las operaciones, la coordinación internacional adquirió tintes aún más explícitos. Equipos de rescate de diversos países trabajaron bajo esquemas que incluyeron la participación de mandos militares estadounidenses de alto rango, mientras el gobierno de Donald Trump anunciaba un amplio despliegue de asistencia.

El propio Trump, a su modo, hace política usando a Venezuela al describir la situación con una metáfora que muchos consideraron desafortunada: más allá del terremoto, “la gente está feliz y bailando en las calles”.

Dentro del país, la asignación de contratos sin licitación —práctica habitual en emergencias, pero nunca exenta de controversia sobre transparencia y favoritismo—, la dirección de la ayuda hacia determinados puntos y no hacia otros, y la presencia o ausencia de maquinaria pesada del Estado en los sitios críticos son todas decisiones políticas.

Lo mismo ocurre cuando una madre llora desconsolada frente a un edificio colapsado y declara ante cámaras que nadie del Estado ha llegado a socorrerla: su testimonio no es solo dolor privado; es la constatación pública de una falla en la prestación del servicio más elemental que el poder político promete: la protección de la vida.

La oposición tampoco opera fuera de esta dimensión. Cuando Freddy Guevara exige que las Fuerzas Armadas pongan a disposición sus equipos y maquinaria para las labores de rescate, no está “politizando” la tragedia; está señalando un recurso estatal subutilizado en un momento de necesidad extrema. Cuando Juan Pablo Guanipa graba un video frente a un centro de salud en La Guaira que debería estar operativo atendiendo víctimas, está ejerciendo control ciudadano sobre una infraestructura pública que falló.

Y, finalmente, cuando María Corina Machado anuncia planes de regreso al país en medio de la emergencia, está insertando su figura política en el debate sobre quién puede o debe liderar la reconstrucción. Está haciendo política.
Acusar a estos actores de “politizar” la tragedia equivale a pretender que la política solo existe cuando la ejerce el chavismo.