Un mes después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastó especialmente a La Guaira en Venezuela, este 24 de junio, el chavismo en el poder acumula una suerte de deuda con los venezolanos que va más allá de las cifras de muertos y damnificados. Una deuda que no se salda con anuncios grandilocuentes.

Tres obligaciones concretas permanecen incumplidas: transparentar con detalle las donaciones internacionales recibidas y su destino real; iniciar investigaciones sistemáticas e independientes sobre la calidad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV); y emitir una palabra genuina de reconocimiento a la sociedad civil organizada y espontánea que, sin uniformes ni cargos oficiales, se desplegó un mes (y sigue allí) para intentar salvar vidas y aliviar el sufrimiento.

La primera de estas deudas es la información detallada sobre la ayuda externa. Desde el mismo 24 de junio, más de 100 países ofrecieron solidaridad, según el propio gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Más de 40 naciones movilizaron equipos de búsqueda y rescate, pasando por el país más de 2.000 rescatistas y 160 perros. Algunas ayudas en metálico anunciadas: Estados Unidos comprometió 386 millones de dólares; la ONU liberó 15 millones del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia; Canadá y Corea del Sur aportaron 5 millones cada uno; y el Reino Unido, 2 millones de libras.

Hubo muchísimas donaciones en productos y medicinas, en equipamiento.

Sin embargo, un mes después, no existe un inventario público, verificable y desglosado de cuánto llegó exactamente en dinero, especies o servicios, ni de quiénes y cómo se beneficiaron. El Gobierno ha preferido anuncios genéricos y fotografías de entregas controladas por militares y funcionarios uniformados.

Organizaciones humanitarias y testigos reportaron bloqueos a centros de acopio ciudadanos, exigencias de salvoconductos, redirección obligatoria de donativos hacia sedes partidistas y retenciones de insumos por parte de autoridades policiales. No hubo ninguna investigación oficial.

Los venezolanos tienen derecho a saber cuántos contenedores llegaron, cuántas toneladas se entregaron realmente a las familias damnificadas y cuánto dinero de fondos de emergencia llegaron a las arcas públicas. Esa información no es un favor: es una obligación mínima de un Estado que pretende administrar una emergencia de esta magnitud.

La segunda deuda es aún más grave porque toca directamente la responsabilidad del Estado en la pérdida de vidas. La Gran Misión Vivienda Venezuela, programa bandera iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, se convirtió en símbolo de la fragilidad estructural que el sismo expuso con crudeza.

Expertos como Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, no han dudado en calificar la historia de esas viviendas como “una historia de corrupción y construcciones de mala calidad”, levantadas “sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos”.

Los proyectos se ejecutaron con contratistas de países aliados ideológicamente (otrora aliados) bajo supervisión militar, priorizando la velocidad y el volumen sobre la calidad técnica. Informes de Transparencia Venezuela en 2014 y 2017 alertaban ya sobre irregularidades, falta de estudios de suelos, ausencias de memorias de cálculo y sospechas de esquemas de corrupción en la adjudicación de contratos.

Se hace necesaria una investigación sistemática, independiente y con estándares internacionales sobre las causas de los derrumbes, y en particular de las edificaciones hechas con fondos públicos.

En un país donde la GMVV se presentó durante años como el mayor logro social del chavismo, con más de cinco millones de unidades entregadas, el silencio sobre la calidad de esas construcciones no es solo una omisión administrativa: es una forma de eludir responsabilidades políticas y penales. Los supervivientes y los familiares de las víctimas merecen saber si vivían en estructuras que, desde el principio, estaban condenadas a fallar.

La tercera deuda es la más simple y, por eso mismo, la más reveladora. Durante un mes, miles de venezolanos no uniformados ni funcionarios oficiales se han desplegado, con o sin recursos asignados: vecinos que excavaron con las manos entre los escombros, jóvenes que organizaron centros de acopio espontáneos, médicos y enfermeros que atendieron heridos en la calle, periodistas que documentaron lo que el Estado no quería mostrar, iglesias y organizaciones civiles que canalizaron alimentos y medicinas, y plataformas ciudadanas que registraron a los desaparecidos cuando las autoridades se negaban a contarlos.

Esa sociedad civil —organizada y espontánea— sostuvo la respuesta inicial mientras la maquinaria oficial aún se organizaba. Edmundo González lo resumió con precisión: “La solidaridad de los venezolanos no puede encubrir la orfandad institucional”.

Sin embargo, el discurso oficial ha sido pródigo en condecoraciones y homenajes a los rescatistas internacionales y a los militares y uniformados venezolanos. Desfiles, medallas y actos solemnes han celebrado a las fuerzas armadas y a las brigadas extranjeras. En cambio, una palabra genuina de agradecimiento a los civiles que no portaban insignias ha brillado por su ausencia.

No hubo mensajes presidenciales dirigidos a esos venezolanos anónimos, ni reconocimientos públicos que los distinguieran de la maquinaria del partido, ni gestos que admitieran que, una vez más, la sociedad salvó lo que el Estado no pudo o no quiso atender a tiempo. Esa omisión no es un detalle protocolario: es la expresión de una concepción del poder que solo valora lo que controla y que mira con recelo cualquier iniciativa que escape a su tutela.

Mientras miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos, viviendo en carpas o temiendo el colapso de edificios dañados, el chavismo continúa administrando la tragedia con la misma opacidad y la misma lógica de poder que caracterizaron las décadas anteriores: el control por parte de cuerpos policiales o militares. Así ha sido en este primer mes después del 24 de junio.