La Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos avanza en la revisión de empresas y bienes bajo control del Estado para definir cuáles permanecerán como activos estratégicos y cuáles podrían abrirse a esquemas de inversión privada o incluso ser vendidos.
Así lo señaló, en entrevista con Unión Radio, Luigi Picella , empresario y expresidente de Conindustria, quien integra la comisión creada para evaluar el patrimonio público en una eventual etapa de reorganización económica.
Según explicó, el primer paso consiste en clasificar y valorar los activos estatales. Aquellos considerados estratégicos podrían mantenerse bajo control público, aunque con participación privada mediante alianzas o esquemas de coinversión destinados a mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios.
«Puede darse el caso de que un activo sea estratégico, pero se abra a la inversión público-privada para repotenciarlo», afirmó.
Como ejemplo mencionó el sistema eléctrico, donde considera que el país requiere no solo recursos financieros sino también asistencia técnica y gerencial.
Picella indicó que la comisión también distingue entre activos operativos y no operativos. Los primeros podrían ofrecerse a inversionistas para aumentar su productividad, mientras que los segundos serían liquidados y los recursos obtenidos se destinarían a otras necesidades del Estado.
«Lo que no sea estratégico para el país pase a manos privadas y sea productivo», señaló.
El empresario afirmó que uno de los objetivos centrales es «redimensionar el tamaño del Estado», una meta que, a su juicio, permitiría mejorar la eficiencia económica y estimular la actividad empresarial.
También aseguró que los mecanismos de transferencia no serán discrecionales. Entre las opciones que se estudian figuran subastas públicas y colocaciones en el mercado bursátil para democratizar la propiedad de determinados activos.
«No va a ser una asignación a dedo. Todo se hará público y de forma transparente», sostuvo.
Uno de los aspectos más sensibles abordados durante la entrevista fue el futuro de empresas afectadas por procesos de expropiación durante las últimas dos décadas.
Picella señaló que los casos serán revisados individualmente y que, cuando los procedimientos no hayan sido concluidos legalmente o no se haya efectuado el pago correspondiente, podría contemplarse la restitución de los bienes.
«Si no se concluyó ese proceso, pues se devolverán los mismos», afirmó.
Además, aseguró que ha sostenido encuentros con antiguos propietarios de empresas intervenidas por el Estado y que muchos han expresado interés en regresar al país y recuperar sus activos.
«Todos los empresarios que he recibido me han manifestado que quieren regresar y recuperar su empresa», dijo.
El miembro de la comisión aseguró que existe interés de inversionistas nacionales y extranjeros en sectores como electricidad, cemento, manufactura e infraestructura.
Mencionó reuniones con empresarios provenientes de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Francia e Italia, así como con fondos internacionales interesados tanto en adquirir activos como en financiar procesos de recuperación empresarial.
Sin embargo, reconoció que persisten obstáculos importantes para atraer capitales, entre ellos la inflación, el diferencial cambiario, las limitaciones crediticias y la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica.
«Hay muchas leyes que hay que seguir discutiendo para crear confianza en todo lo que queremos hacer», señaló.
Picella afirmó que organismos multilaterales y fondos de inversión han mostrado disposición a financiar proyectos de infraestructura y procesos de recapitalización industrial en Venezuela.
No obstante, reconoció que gran parte de estos recursos todavía se encuentran en fase de expectativa y dependen de la consolidación de condiciones macroeconómicas y jurídicas que permitan ejecutar las inversiones.
«Todo ello viene en camino, pero todavía no ha llegado; son expectativas», concluyó.
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