























La cementera colombiana Cementos Argos vuelve a mirar a Venezuela como un mercado estratégico. Tras casi dos décadas de la expropiación de su operación local, la compañía anunció que ya restableció relaciones comerciales activas en el país y se fijó una meta ambiciosa: colocar 5.000 toneladas mensuales de cemento en Venezuela hacia el cierre de 2026.
El movimiento no es menor. La empresa fue la última propietaria privada de Cemento Andino, planta ubicada en Trujillo que pasó a manos del Estado venezolano en 2007, durante la ola de nacionalizaciones impulsada por Hugo Chávez. Ahora, en medio de una nueva etapa de flexibilización económica y reapertura comercial, Argos busca retomar presencia en un mercado que considera de “gran potencial a largo plazo”.
Natalia Ochoa, vicepresidenta financiera de la compañía, explicó que el plan contempla una expansión “ligera en capital”, apoyada en la infraestructura logística y en acuerdos de distribución ya establecidos. Según dijo en una llamada con inversionistas reseñada por Valora Analitik, la meta de exportación para 2026 avanza conforme a lo previsto.
La apuesta ocurre en un momento en el que el sector construcción venezolano intenta salir de una contracción prolongada. Aunque todavía opera muy por debajo de los niveles previos a la crisis, la actividad ha mostrado señales de recuperación parcial impulsadas por proyectos privados, remodelaciones comerciales y demanda de infraestructura vinculada a petróleo, comercio y vivienda.

El retorno de Argos no implica, por ahora, una reinversión industrial directa en Venezuela. La estrategia se centra inicialmente en exportaciones y distribución, una fórmula que reduce riesgos operativos y financieros en un entorno todavía incierto.
Sin embargo, el mensaje de la compañía deja abierta la posibilidad de una expansión más profunda si mejoran las condiciones políticas y económicas. Ochoa aseguró que la reclamación pendiente por la expropiación de sus activos “nos posiciona de manera constructiva” mientras evoluciona el panorama venezolano.
La ejecutiva incluso planteó que un eventual acuerdo sobre el litigio podría convertirse en un “habilitador potencial” para una presencia más significativa en el país, especialmente ante las necesidades de reconstrucción de infraestructura e industria.
Ese punto es clave para entender el interés de las empresas colombianas. Venezuela sigue teniendo déficits importantes en vivienda, obras públicas, vialidad y servicios básicos, sectores que requerirían grandes volúmenes de materiales de construcción si se consolida una recuperación económica sostenida.
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