En medio de un aumento de la cantidad de personas detenidas, en los centros de detención de inmigrantes no se cumplen con las normas de detención del propio ICE ni se protegen los derechos básicos, la seguridad ni el bienestar de los detenidos

LOS ÁNGELES. El fiscal general de California, Rob Bonta, publicó hoy el quinto informe del Departamento de Justicia de California (DOJ) sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes que operan en el estado, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a personas que no son ciudadanas. Durante inspecciones realizadas en los siete centros que operan en California en 2025, el DOJ concluyó que las condiciones habían empeorado considerablemente mientras la campaña de deportación masiva de la Administración de Trump dio lugar a hacinamiento y a escasez de recursos, especialmente en cuanto al acceso a la atención médica y a las condiciones del confinamiento. Lamentablemente, seis personas detenidas murieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, lo que representa la cifra más alta desde que el DOJ comenzó a realizar inspecciones en 2017. Dichas muertes, junto con los hallazgos del DOJ que evidencian condiciones de calidad inferior que incumplen las normas de detención del propio ICE, suscitan graves inquietudes sobre la capacidad de estos centros para detener de manera segura a una creciente población de detenidos y exigen un mayor grado de rendición de cuentas y supervisión. 

“La campaña de deportación masiva de la Administración de Trump ha resultado en un impactante aumento de la población de personas detenidas y, de manera alarmante, los centros han estado muy poco preparados para satisfacer esta nueva demanda de recursos. Durante las inspecciones, mi equipo halló pruebas de atención médica inadecuada y recibió innumerables quejas sobre condiciones perturbadoras, inseguras e insalubres, así como la falta de necesidades básicas,” afirmó el fiscal general Bonta. “Esto es cruel, inhumano e inaceptable, y urge que la Administración de Trump haga algo al respecto. El personal de mi oficina ha trabajado incansablemente para arrojar luz sobre las condiciones en estos centros y espero que este informe genere la debida indignación y la urgencia necesaria para mejorar las condiciones y proteger los derechos civiles de los detenidos”. 

En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la salud y la seguridad de las personas detenidas en casos de inmigración civil, durante la primera Administración de Trump, la Asamblea Legislativa de California aprobó la Ley de la Asamblea (AB) 103, que exige al DOJ que inspeccione y elabore informes sobre las condiciones de confinamiento en los centros de detención de inmigrantes hasta el 1 de julio de 2027. Reconociendo la persistente necesidad de transparencia en torno a estos centros, a principios de este año el fiscal general Bonta apoyó la Ley del Senado (SB) 1399, redactada por la senadora María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles), que eliminaría la disposición transitoria de la AB 103 para que estos informes esenciales continúen después de 2027. 

Desde que entró en vigencia la AB 103, el DOJ ha publicado cuatro informes sobre las condiciones en los centros de detención de California en 2019, 2021, 2022 y 2025, en los que se identificaron y documentaron condiciones de calidad inferior e inhumanas que incumplen las normas del propio ICE. 

EL INFORME DE 2026 

Para su quinto informe, el DOJ inspeccionó en 2025 los siete centros activos en California que operan conforme a contratos con ICE, incluido el Centro de Detención de California City, recién inaugurado. Mientras finalizaba el informe, el DOJ se enteró de que un octavo centro, Central Valley Annex, comenzó a admitir detenidos de ICE en abril de 2026, y los informes sugieren que ICE podría abrir centros adicionales en el futuro. El DOJ inspeccionará todos los centros nuevos sujetos a las disposiciones de la AB 103.

Durante su proceso de inspección en 2025, el personal del DOJ —con el apoyo de un equipo de expertos en correccionales y en atención médica— recorrió cada centro, revisó y analizó los registros, las políticas, los antecedentes de los detenidos y otros documentos, y entrevistó al personal y a 194 personas detenidas en los siete centros de detención. 

De las inspecciones del DOJ se dedujo un aumento sin precedentes en la población de detenidos, que creció aproximadamente un 162 %, de 2,303 detenidos en las visitas de 2023 a 6,028 en las de 2025. Esto, en parte, parece ser producto de la negativa de la Administración de Trump a liberar a los detenidos bajo fianza, aunada a su agresiva campaña de detenciones y deportaciones masivas.  En particular, pese a las afirmaciones de la Administración de Trump de que su objetivo ha sido “los delincuentes”, la mayoría de estas personas no tenía antecedentes penales y estaba clasificada en la categoría de baja seguridad.

A medida que aumentaba la población de detenidos, los procesos de admisión y las demás operaciones de los centros se vieron saturados. El DOJ identificó varios incumplimientos de las normas de detención del propio ICE relativas a las condiciones de confinamiento y a la atención médica básica en los siete centros activos en 2025, aunque hubo una variación significativa en la experiencia de los detenidos entre los distintos centros. El DOJ determinó un deterioro en las condiciones de los detenidos que no recibían atención médica adecuada o cuyo tratamiento médico se retrasaba, que estaban sujetos al hacinamiento, que no recibían la alimentación adecuada, que eran víctimas de uso excesivo de fuerza por parte de los guardias del centro de detención y que no tenían ropa adecuada, lo cual infringe las normas, tales como las que garantizan comidas nutritivas, un entorno adecuado, usos razonables de fuerza y atención médica adecuada.

Otras observaciones que se incluyeron en el informe son, a saber:

Falta de personal: la dotación no se ha mantenido al mismo nivel que las necesidades derivadas del aumento repentino de detenciones y del confinamiento de los detenidos. En California City, especialmente, el centro no contaba con una dotación de personal adecuada al momento de abrir y no estaba preparado para recibir a los detenidos. La población de detenidos en Adelanto, donde recientemente hubo cuatro muertes, aumentó de 7 en 2023 a 1,570 a principios de julio de 2025, mientras que los niveles de atención médica y de personal no satisficieron las necesidades derivadas del incremento de la población detenida. 

Acceso inadecuado a la atención médica: los detenidos en todos los centros informaron que no pudieron acceder reiteradamente a las citas médicas solicitadas ni recibir el tratamiento médico necesario y oportuno, incluida la atención médica de emergencia, lo que contribuyó a crisis médicas evitables. En la mayoría de los centros, los detenidos con enfermedades crónicas y agudas no recibieron reiteradamente las remisiones necesarias para las consultas médicas de revisión, ni dentro del centro ni con médicos externos.

Un proceso de admisión prolongado y saturado: los centros de detención deben completar el proceso de admisión de los recién detenidos, que incluye evaluaciones médicas y de salud mental, dentro de las 12 horas de su llegada. Durante el aumento de detenciones, las personas detenidas en varios centros reportaron que esperaron varios días antes de recibir una clasificación, una asignación de vivienda y una evaluación médica. Mientras esperaban ser procesados, algunos detenidos dijeron que durmieron en el suelo sin acceso a necesidades básicas como el agua o la ropa.

Alimentos y agua insalubres, inadecuados o inaccesibles: en la mayoría de los centros, los detenidos declararon que recibieron alimentos mal cocidos, que no les concedieron los ajustes de régimen o de alergia, que los horarios de comida eran irregulares y que había problemas de acceso al agua potable. En Adelanto, los detenidos indicaron que los enfriadores de agua permanecían vacíos durante horas y que el DOJ observó agua turbia en el grifo de la unidad de vivienda para mujeres. En Golden State Annex y Mesa Verde, los detenidos afirmaron haber gastado entre $50 y $150 por semana en artículos de comisariato para calmar el hambre.

Falta de necesidades básicas: los detenidos de varios centros refirieron que vivían en condiciones sumamente insalubres y peligrosas, con dificultades de acceso a las necesidades básicas. En California City, los detenidos describieron que experimentaron temperaturas gélidas, goteras durante la lluvia y la falta de ropa adecuada para las condiciones meteorológicas. Para protegerse del frío, los detenidos modificaron sus calcetines para improvisar mangas y cubrieron los conductos de ventilación de sus celdas con hojas de papel. 

Barreras al debido proceso: a los detenidos se les negó el acceso a los teléfonos durante periodos prolongados en algunos centros, y se presentaron barreras de lenguaje que impidieron que entendieran los procedimientos y las reglas de los centros.

Preocupaciones sobre el uso de la fuerza: el personal de algunos centros, como en Adelanto y Desert View, parecía estar abusando de las medidas disciplinarias y del uso de la fuerza, ya que se reportaron varios incidentes en los que se utilizó aerosol de pimienta contra los detenidos. 

Palpaciones y registros al desnudo: Otay Mesa es el único centro en California con una política y una práctica de registrar a los detenidos al desnudo tras cada visita de contacto que no implique asuntos del campo legal. Los detenidos refirieron que esta práctica tiene un efecto sumamente negativo en su salud mental y en su dignidad. 

TRABAJO RELACIONADA

El fiscal general Bonta se compromete a proporcionar a los miembros del público y a los legisladores información esencial sobre las condiciones a las que se someten las personas detenidas en casos de inmigración civil en California. En marzo, el fiscal general Bonta presentó un escrito del "amigo del tribunal", en el que se opone a las condiciones de confinamiento en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto (Adelanto). El fiscal general Bonta también anunció que apoya la SB 941, redactada por el senador Steve Padilla (demócrata de San Diego), que prohibiría los excesivos aumentos de precios de los productos vendidos en los centros de detención de inmigrantes. El objetivo de la legislación propuesta es abordar la carga injusta e indebida que recae sobre los detenidos y sus familias al adquirir artículos de primera necesidad durante su confinamiento.  El año pasado, el fiscal general Bonta envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en la que arrojaba luz sobre las condiciones peligrosas en el recién inaugurado Centro de Detención de California City. 

El fiscal general Bonta también se ha opuesto repetidamente a la política antifianzas de la Administración de Trump, que impone la detención indefinida de una gran cantidad de no ciudadanos sin la oportunidad de una audiencia de fianza, y ha codirigido seis informes de amicus curiae multiestatales en apoyo de las impugnaciones legales contra dicha política. 

APRENDE MÁS

La Oficina de Concientización, Respuesta y Participación Comunitaria del Departamento de Justicia organizará una sesión informativa comunitaria el martes 9 de junio de 2026, de 1:00 PM a 2:00 PM, para compartir los hallazgos de este informe.