El Estado ingresa casi 4 millones de euros anuales por estos conceptos
El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Economía, Carlos CuerpoMUNDO
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Las arcas públicas se nutren principalmente del cobro de impuestos pero no únicamente, también son fuente de ingresos las tasas que cobra la Administración por realizar distintos trámites. Las que aplica el Ministerio de Economía han disparado su recaudación un 64% en los últimos cinco años, mientras que en Hacienda ingresan ahora un 8% más por este concepto.
Según información publicada por el Ministerio de Hacienda esta semana, este departamento ingresó el año pasado 2,74 millones de euros por tasas cobradas a ciudadanos y empresas, mientras que Economía recaudó 1,08 millones.
Este último departamento es el que ha experimentado el mayor incremento, debido también a la comparativa con un año 2020 en el que por la pandemia hubo muchos menos trámites. "La evolución en el último quinquenio refleja un incremento de un 64,4%, si bien condicionado por la acusada disminución registrada en los ejercicios 2020 y 2021, afectados por la situación derivada del estado de alarma", recoge el informe.
De todas las tasas de Economía, la que más dinero aporta (un 63% del total) es la que se cobra por el estudio y análisis de operaciones de concentración empresarial, como por ejemplo la oferta pública de adquisición de BBVA a Sabadell, recaudada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Le sigue la tasa por inscripción de mediadores de seguros y corredores de reaseguros (36,7%) y, muy de lejos, las tasas que cobra el Instituto Nacional de Estadística, como las vinculadas a expedición de certificados relativos al IPC, que acreditan oficialmente cuánto han variado los precios entre dos periodos y han sido muy demandados últimamente a tenor de la evolución de la inflación, u otros certificados estadísticos, como los de población, actividades económicas, de vivienda, etc.
De Hacienda, la tasa que más contribuye a las arcas públicas es el canon de superficie de minas, cobrado anualmente a las empresas o particulares por el derecho a utilizar -explorar, investigar y explotar- de forma privativa minas públicas; seguida de la tasa de acreditación catastral, que se aplica cuando se solicita un documento al Catastro.
En este caso, pese a que se ha expandido la solicitud telemática a través de internet, en la que no se pagan tasas, los ingresos por pedir el certificado presencialmente han subido un 6,1% en el último lustro.
Más allá de estos ministerios, los ingresos de la Administración por tasas judiciales ascendieron en 2025 a 44,9 millones de euros, si bien han descendido un 10,1% en el último quinquenio debido a los cambios normativos que han dejado exentas de su pago a las personas físicas.