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La regularización inminente de alrededor de medio millón de extranjeros que ya viven y trabajan en España tendrá consecuencias positivas para la afiliación a la Seguridad Social -que crecerá en proporción al número de ocupados regularizados-, para el número de horas trabajadas -ya que hasta ahora lo hacían en la economía sumergida-, en el Producto Interior Bruto (PIB) y en los ingresos públicos, pero podría contribuir a que los salarios se moderen, al aumentar la oferta de trabajadores en situación regular y aflorar empleo con bajos salarios, lo que reducirá la media por efecto composición.
En concreto, BBVA Research ha estimado en su último informe Situación España que los salarios reales por hora trabajada podrían caer un 0,6% en un año si se analiza la mediana. A cambio, el PIB crecerá un 0,6% más en un año de lo que habría aumentado en ausencia de la medida, ya que el número de horas trabajadas repuntaría un 0,7% y la afiliación a la Seguridad Social, un 13,7%.
El descenso de los salarios se explica por la mayor disponibilidad de trabajadores en algunos sectores y por un mero efecto estadístico, ya que al aflorar empleo que suele estar peor pagado, desciende la media salarial del país por efecto composición. Se trata, en cualquier caso, de un impacto temporal y muy limitado, que no implica que bajen los sueldos de los trabajadores del país.
Otra consecuencia algo negativa es que el deflactor del PIB -indicador utilizado para medir la inflación de la economía española excluyendo la importada del exterior- subirá un 0,8% más de lo que lo habría hecho en ausencia de la medida.
"La regularización podría afectar a 550.000 personas ocupadas de nacionalidad extracomunitaria, lo que aumentará la afiliación a la Seguridad Social de población extranjera y podría tener efectos positivos sobre las horas trabajadas totales, los precios y el PIB, aunque no se puede descartar un impacto casi nulo", señalan, poniendo cautela a las previsiones.
Las consecuencias sobre los salarios "son algo más inciertas y dependerán tanto de la productividad del empleo creado como de la complementariedad entre la fuerza laboral que se incorpore y la que ya se encuentra en situación regular", en alusión a que al aumentar el número de trabajadores disponibles en los sectores en los que se emplea la población en situación regular esto podría despresionar los niveles salariales.
En cuanto al tipo de personas al que afecta la regularización, Fedea ha estudiado quiénes son esos extranjeros que sí se consideran ocupados en la Encuesta de Población Activa, porque tienen un trabajo, pero no están dados de alta a la Seguridad Social, con lo que se considera que son trabajadores en situación irregular.
Según su análisis, son mayoritariamente asalariados (el 90%) y extranjeros extracomunitarios y, en particular, procedentes sobre todo de Centroamérica y Sudamérica.
Según Funcas, residen en España 760.000 personas americanas en situación irregular, entre las que destacan las de nacionalidad colombiana, con cerca de 290.000, la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).
Por género, hay más proporción de mujeres, y, por sector, se emplean principalmente en el empleo doméstico, la hostelería, las industrias manufactureras, la construcción, el comercio, las actividades sanitarias y de servicios sociales, información y comunicaciones y transporte y almacenamiento.
En cuanto a su distribución territorial, Cataluña es la región con más proporción del total de trabajadores en situación irregular (el 28%), seguida de la Comunidad de Madrid (22%), con lo que ambas acumulan a la mitad del total frente al 33% en 2018. Les siguen la Comunidad Valenciana (18%), Andalucía (10%) y Canarias (5%). En el extremo opuesto, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha no llegan ni al 1%.
La medida beneficiará a todos estos trabajadores que ya conviven en el país y hacen uso de los servicios públicos, y también a las empresas, de ahí que ha sido respaldada por el Consejo Económico y Social (CES), en el que están representadas las patronales.
Sectores específicos como la construcción han celebrado la decisión, ya que creen además que ayudará a solventar el problema de vacantes. "Desde el sector de la construcción y con independencia de cómo se articule, valoramos positivamente el hecho de que, por una parte, se pueda regularizar a trabajadores que ya están en España y que están en la economía sumergida porque fortalecemos a la Seguridad Social, limitamos la competencia desleal y los incorporamos a la economía productiva; y, en segundo lugar, la posibilidad de incorporar nueva mano de obra al sector de la construcción", señaló este martes Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, quien considera que necesita personal para acometer las inversiones del Plan de Recuperación y la ambiciosa política de vivienda.
La hostelería o el campo son otros sectores en las que las principales organizaciones empresariales también han celebrado la medida, aunque han pedido que vaya acompañada de "programas de formación" para el personal que ahora esté en disposición de incorporarse a esas actividades.
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