"Hay que resignarse" porque los incendios forman parte ya de "un círculo vicioso", opina Marcos (35). El monte de su localidad, Villardevós, fue de los primeros en arder en el verano de 2025, si bien la rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que fuera de las más castigadas. No fue ni la primera vez ni será la última. En el momento que la tierra arde, opina, la atención política se dispara pero no es efectiva: "Muchos millones y ayudas se anuncian para que no vuelva a arder, pero cuando al año siguiente no hay incendios, se olvidan. Al año siguiente, que no ha crecido tanto la maleza, nadie se gasta ni un euro. Y es cuando vuelve el fuego", expresa este gallego ante las propiedades que cercan el municipio y vuelven un verano más, a estar desatendidas.

Marcos refleja el sentir a nivel nacional de muchos de los afectados por los grandes incendios de 2025... y anteriores. Los propietarios denuncian la falta de recursos públicos: ayudas solicitadas que nunca terminan de llegar, una burocracia que se alarga durante todo el año retrasando las tareas de prevención en los meses en los que es legalmente posible, o subvenciones que resultan insuficientes para acometer las tareas o comprar la maquinaria. Pero al mismo tiempo, en España el 72% del patrimonio forestal se concentra en manos privadas (20 millones de hectáreas para 3,5 millones de propietarios particulares). Es una proporción que se repite de forma generalizada entre regiones, si bien en áreas del Mediterráneo son más frecuentes las propiedades de grandes tamaños y en zonas del norte son más habituales los minifundios.

De esta forma la responsabilidad de los montes suele recaer en varias manos. Y esta alta privatización conduce al país a una situación complicada, porque muchos propietarios son desconocidos: herencias que se abandonan, espacios que se usan a modo de retiro en las vacaciones, o cultivos que resultaron improductivos y nadie ha vuelto a ocuparse de ellos. El peligro de esta situación es el mantenimiento: cuando las autoridades deben realizar algún tipo de intervención en la propiedad privada, no hay quien responda a la puerta. O para hacerse responsable de los posibles desastres.

En este contexto, muchos temen el verano que ya ha dejado varios incendios esta semana en Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura. "El verano tiene mala pinta, está todo seco como si estuviéramos a finales de julio, después de un invierno lluvioso y con mucha biomasa en los montes. Da miedo lo que se avecina, sobre todo después de los fuegos de 2025", opina Uxío, presidente de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de San Xurxo de Saiáns (Vigo). "La inmensa mayoría de propietarios tiene en absoluto abandono las tierras". Al final, todo vuelve a recaer en los ciudadanos (asociados), que realizan tareas diversas: desbroces selectivos, desbroces de bordes de pistas, podas...

Nadie ha olvidado el que el pasado fue el año con mayor superficie forestal afectada del último decenio, con 354.746,67 hectáreas quemadas -un alza de siniestros del 235,89% en la superficie forestal total- según los datos provisionales del Ministerio de Transición Ecológica. Y es que 2025 dejó 63 Grandes Incendios Forestales cuando la media anual del decenio es de 23. Todos ellos se sucedieron en verano, y la zona más afectada (50,79%) fue la noroeste: Galicia, Asturias, Cantabria, León y Zamora.

En esta última se encuentra, cruzando los dedos por un verano más tranquilo, Eduardo (70). "Ya nos estamos acostumbrando", después de varios incendios seguidos. El verano pasado, al municipio de Cubo de Benavente llegó un fuego "espectacular" que rodeó el pueblo y obligó a evacuaciones. Él, propietario de varias fincas forestales con chopos, vio arder "su huchita". Sus chopos de seis años -tardan 15 en crecer- servirían para vender la madera y complementar su pensión. Pero de unos 900, al fuego del verano pasado sobrevivieron entre 50 y 60. Y Eduardo se siente abandonado por la Junta de Castilla y León: como a otros vecinos, no le llegan compensaciones o ayudas -ni tampoco respuesta a las solicitudes- para recuperar lo perdido. "No pido que me paguen la chopera. Pero sí que me ayuden a quitar lo quemado, o a reponerlo. Como con un crédito blando", explica. Tiene también un bosque de pinos, pero ha dejado de asegurarlo: a 300 euros por seis hectáreas y media, "las coberturas no son gran cosa" en caso de incendio. Y de todas formas, ya se ha resignado ante la alta tasa de incendios intencionados en Zamora. Para este año, la diputación les ha facilitado palas de goma para apagar los conatos de incendios, y entre los vecinos, se han valido de los cortacéspedes para despejar de maleza los caminos alrededor de las casas.

También en Zamora, José Ignacio (69), con varias hectáreas de pino, se pregunta por qué han cesado los programas de mantenimiento. Históricamente la Junta fomentó la plantación con distintos programas e incluso ayudas para su buen mantenimiento, pero este vecino asegura que llevan años sin realizarse dichas actividades y, entre tanto, los bosques de pinos "están salvajes". Le parece imposible realizar el mantenimiento si no es através de maquinaria específica, y él solicitó a través de la asociación de propietarios las ayudas de los fondos europeos FEDER con este fin en 2021. Fueron informados de que la solicitud había sido aprobada, pero solo se han ejecutado tareas de prevención en una de las 15 parcelas solicitantes. "No se ha hecho absolutamente nada", declara, ni siquiera en invierno: "Los caminos próximos están llenos de hierba, los propios pinares están llenos de maleza y no se han hecho cortafuegos, que es fundamental". La Junta les ha advertido de que hay plagas en los pinos. Ahora ya es tarde -por las temperaturas y el riesgo mayor de incendios- y hasta octubre no se inicia la campaña de prevención.

Joan Rovira es secretario general del Consorci Forestal de Catalunya i Cooperativa Serveis Forestals, y es propietario forestal en Llavorsí (Lleida), dentro de una comarca que en los últimos años han sufrido varios incendios. Como agente en la tramitación de solicitud de ayudas, recalca que en muchas ocasiones las tareas de prevención superan a los propietarios. En su caso, el Consorci mantiene una alianza con la administración catalana que les facilita los medios: vehículos, todoterreno, mangueras, cubas... para hacer una primera intervención. "Evidentemente, es un trabajo de voluntariado", aclara por parte de los asociados. No omite que en invierno, en la época propia para ello, "nos encontramos que aquí hay una falta flagrante de recursos" (en función del tipo de hectárea, el coste de la actuación puede ir de 1.500 a 3.000 euros). "La demanda de ayudas por parte de los propietarios supera en tres veces la disponibilidad de recursos que pone la administración" en su comarca, explica. "Y ya no es un tema de conservar el monte. Ya es un tema de protección civil", insiste.

El obstáculo regulatorio y de inversión

"En España dedica más recursos a la extinción que a la gestión preventiva. Un dato frecuentemente citado por expertos del sector es que la inversión forestal ronda los 35 euros por hectárea al año, de los cuales aproximadamente 24 euros por hectárea se destinan a extinción y solo once euros por hectárea a prevención", denuncian desde la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE).

Según la empresa Nactiva, que actúa desarrollando proyectos colaborativos entre empresas y propietarios forestales, el coste medio de la gestión preventiva durante el ciclo de vida de los bosques hasta la corta implica 2.000 y 6.000 euros por hectárea. Una cantidad muy inferior a la de tareas de extinción y restauración, que pueden llegar a los 18.000 y 35.000 euros, explica Kiko González, portavoz de la empresa. Desde la empresa hacen hincapié en el aprovechamiento económico de los bosques para capturar el interés de los propietarios o empresas colaboradoras. Algo que desde Cose también plantean: los servicultores junto con Greenpeace y WWF ya han hecho una propuesta oficial a la Administración para una reforma fiscal con deducciones que premien el cuidado de las hectáreas forestales.

Lo cierto es que la gestión pública de la masa forestal está fragmentada, a nivel normativo y presupuestario: son las comunidades autónomas las competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios, no el Gobierno, explican desde Transición Ecológica. En este sentido, desde el sector servicultor denuncian la opacidad en datos y la falta de homogeneidad que permitan hacer una radiografía de la ejecución pública. Pero en base a su análisis de los datos de las comunidades, Patricia Gómez, gerente de Cose, explica que de media las comunidades autónomas españolas dedican un 65% de su gasto público total al después del incendio y solo un 35% a la prevención de los mismos.

Mientras tanto, las fincas permanecen desatendidas. Para abordar la situación, ayuntamientos como los de Galicia han enviado cartas a los propietarios para recordarles la urgencia de mantener las fincas en buen estado. Pero de nuevo, se topan con el problema de la titularidad de la propiedad. Esta una situación que desespera a vecinos como Manuela (60), que tuvo el último gran incendio junto a su casa por un monte en desuso desde hace años en Carballeda de Avia (Galicia): "El concello tiene que hacer algo, que la gente que vive aquí en el pueblo sí está limpiando todo lo que es suyo. Pero hay mucha gente que ya no vive aquí... Que las autoridades miren el catastro, está para algo: que busquen a los dueños, les manden una carta, que paguen, que les multen si no limpian...¡Alguien tiene que hacerse cargo! ¡Si no, pasa lo de siempre, seguiremos con el mismo susto en el cuerpo!".

"Es el dilema de todos los años: las fincas en desuso se llenan de maleza. La Xunta de Galicia se lava las manos. Pero tú tienes tu casa ahí al lado...", explica Marcos. Él puede recurrir al ayuntamiento para que limpie la propiedad vecina y desatendida con cargos al propietario, pero no es algo que suela dar resultado, porque hay demasiada demanda y los servicios están desbordados, explica. Por eso, entre los vecinos se subcontratan, a sus propias manos y maquinaria, para limpiar todo lo posible. "Prefiero perder 200 euros que arriesgarme a tener el incendio a 10 metros de mi casa. Ese es el problema. Y es el círculo vicioso" que, avisa este gallego, se completará en dos años. "El monte vuelve a crecer, se vuelve a llenar y donde había antes una retama, luego habrá cuatro que arderán con fuerza", lamenta.

Resolver la titularidad, aunque sea una "labor tediosa" también es "básica" y urgente. Además, determinante en el reclamo de subvenciones, argumentan desde Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (Amufor): de nada sirve seguir promoviendo ayudas si no hay quien las reclame. Aunque una vez reclamadas, también es urgente agilizar los procesos en las concesiones, valora Víctor, propietario forestal en Requena. "Llevan desde octubre del 2025 diciendo que van a salir las ayudas... pero no llegan". Explica que acaba de finalizar otro año de tareas de prevención en la que las principales empresas colaboradoras, como Tragsa, siguen muy ocupadas con la reconstrucción de infraestructuras afectadas por la Dana de 2024. Pero los propietarios forestales ahora aguardan el verano y los vientos de poniente (por la humedad son los más peligrosos) "con el corazón en un puño".

Este 2026, en el que el alza prematura de las temperaturas advierte de otra estación tórrida, en el campo más de uno pasará el verano con una garrafa de agua a la espalda.