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Pedro Sánchez dio un primer aviso a los ciudadanos el 6 de marzo de la factura de Donald Trump: "Hay que ser conscientes de que lo que pueda suceder en sus bolsillos nada tiene que ver con las decisiones del Gobierno de España, sino con una guerra en Irán que es ilegal y que va a traer mucho dolor".
Y ya el segundo, el pasado día 20 al presentar el llamado decreto anticrisis, con un alivio fiscal en el consumo de energía con un coste global de 5.000 millones para las arcas públicas. "Las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados, y ya con eso sería suficiente como para decir no a esta guerra. Pero también en estos primeros meses a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia y que vamos a tener que destinar para poder proteger a nuestro tejido productivo, a los autónomos, al campo, a las industrias, a las pymes de nuestro país", declaró. Y dijo sentirse por ello "enfadado".
El Banco de España corrobora el coste del decreto, aunque es llamativo que la cifra se diluye fácilmente por ahora en la formidable máquina recaudatoria en la que se ha convertido Hacienda.Según los últimos informes de la Agencia Tributaria, correspondientes a enero y febrero, sólo la mejora de la recaudación en esos dos meses supera con creces el coste del decreto. En total, los ingresos tributarios crecieron un 13,5% dejando en las arcas públicas 6.755 millones más que en el mismo período del año anterior.
Si en los dos primeros meses de 2025 se obtuvo una recaudación ya récord entonces de 49.946 millones, se ha pasado en 2026 a rondar los 57.000 millones. Es decir, sólo el ingreso extra supera en un 35% el coste de la medida gubernamental. Y en las subidas de recaudación destacan, según la propia Agencia Tributaria, los impuestos más generalizados sobre esos mismos ciudadanos a los que Sánchez alerta del coste de la guerra: el IRPF y el IVA. Ambos galopan a lomos de la inflación en buena parte en un 10,2% y un 8,9%, respectivamente en términos homogéneos.
El Consejo General de Economistas alertó el pasado martes de cómo la resistencia de la ministra saliente de Hacienda, María Jesús Montero -que retoma su sucesor, Arcadi España-, de no adaptar la tarifa del IRPF a la inflación y la falta de actualización de los mínimos personales y familiares tienen fuerte impacto positivo para las arcas públicas y negativo para los bolsillos particulares. Según los ejemplos de la organización que preside Miguel Ángel Vázquez."un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026 que supera el 18%". Son miles de millones extra anuales de recaudación por este efecto.
Para el que fuera director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, "estamos en una presión fiscal del 37,3% aproximadamente que ha ido subiendo en los últimos años por una razón fundamental: la falta de deflactación de las tarifas del IRPF". El efecto es que "las rentas reales no crecen apenas, pero sí las nominales, que son las gravadas por la tarifa, lo que hace aumentar el porcentaje del impuesto". Ruiz Gallud matiza que algunas comunidades autónomas sí han deflactado su tramo del impuesto, aunque esa tendencia no continúa, porque, según el estudio del Consejo de Economistas, en 2026, sólo La Rioja y Canarias incorporan este alivio con claridad.
La Agencia Tributaria señala, por su parte, en su informe que febrero suele ser "uno de los meses con mayor recaudación del año" y que, al menos antes del comienzo de la guerra de Irán, se seguía registrando "fuerte crecimiento de los ingresos". A los factores habituales une 539 millones de nuevo impuesto a la banca y el "buen comportamiento de las declaraciones trimestrales de las pymes".
El problema es que no se puede elevar sin miramientos la presión fiscal en la gran economía de la UE con más tasa de paro, porque la esperada desaceleración que confirmará la crisis energética hará que la recaudación se resienta, como ha sucedido en crisis anteriores. En cambio, los gastos permanecen y suben de forma estructural.
De momento, la eficaz máquina recaudatoria apoyada en la inflación da para todo y, por eso es posible de momento el esfuerzo de aliviar impuestos por la crisis. Otra cosa es el futuro, y de ahí las recomendaciones tan desoídas de Bruselas o el BCE de no tomar medidas tan generalizadas y costosas. Por eso es tan importante que España cuente con un plan presupuestario creíble a medio plazo, pero el Gobierno no está para eso.
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