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La caída de la natalidad es el combustible que alimenta el proceso de envejecimiento demográfico que va a definir España, al menos, en las próximas tres décadas. Aunque las consecuencias de este proceso se han documentado de forma bastante amplia en ámbitos del gasto público como el gasto en pensiones, el gasto sanitario o el gasto en cuidados, paradójicamente su impacto ha sido menos estudiado sobre el que probablemente es la partida de gasto que se verá afectada de forma más inmediata, el gasto educativo.
El proceso de caída de la población en edad escolar (de cero a quince años) ya viene sucediendo desde principios de siglo, y entre 2013 y 2023 se ha producido una caída de la población en edad escolar de cerca de 450.000 personas, y la expectativa es que este proceso continúe en la próxima década hasta 2037. Los datos recogidos por EsadeEcPol al respecto apuntan, a partir de las previsiones demográficas del INE, esperan que las escuelas agraven sus pérdidas de alumnos respecto a 2013 y esta cifra pase de 450.000 a cerca del millón de alumnos.
En el caso de la Airef, que emplea sus propias previsiones demográficas algo más optimistas respecto al INE, este proceso continuaría más allá de la década de 2040 y, en 2070, la población con hasta 14 años se haya reducido en 850.000 personas respecto a 2024, si bien la caída es menor en los tramos de edad más bajos (de 0 a 4 años) por el supuesto que toma la Airef de convergencia de la tasa de fecundidad entre España y el resto de países europeos, que a largo plazo se traduce una estabilización de la población en ese tramo de edad.
La pregunta clave es ¿Qué repercusiones tendrá la caída de alumnos sobre el nivel y la composición del gasto educativo? Lo cierto es que hay visiones encontradas, puesto que mientras que voces en el sector educativo esperan que se traduzca en una caída del tamaño de clase y, en última instancia, un crecimiento abultado del gasto por alumno, las estimaciones de organismos como Airef esperan más bien un crecimiento ligero del mismo y, por tanto, una caída del peso del gasto educativo sobre el PIB hasta 2050 de poco más del 4% del PIB al 3,5%. La caída generalizada del tamaño de clase es, con diferencia, una de las políticas educativas más caras y, en general, con pocos argumentos que justifiquen su eficiencia. Sin embargo, representa la mayor aspiración de la mayoría del sector docente en España que esperan aprovechar la caída de la natalidad como una herramienta para alcanzar menores tamaños de clase.
El principal problema para medir sus efectos es doble, la enorme dificultad de obtener datos educativos y el reto de encontrar una estrategia de investigación que permita aislar el efecto del tamaño de la clase del resto de factores que influyen sobre los resultados académicos de los alumnos y otras variables de interés. Ambas dificultades han sido magníficamente abordadas en el último informe de EsadeEcPol al respecto "Clases más pequeñas: impactos limitados para inversiones elevadas" firmado por el investigador José Montalbán Castilla. Empleando datos educativos de corte administrativo para alumnos de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, una estrategia empírica que permite aislar el impacto causal del tamaño de clase aprovechando la llamada "Regla de Maimónides", que emplea las discontinuidades en el tamaño de clase que se generan por la aplicación de un tamaño máximo de clase.
Los resultados presentados son extremadamente reveladores, y apuntan a que, si bien las caídas en el tamaño de clase se relacionan con mejoras en los niveles de disrupción dentro del aula, con un efecto estadísticamente significativo, esta menor disrupción no se termina de trasladar en forma de mejores resultados académicos, donde el informe de EsadeEcPol no encuentra resultados significativos en ninguno de los cursos analizados (3 y 6 de primaria), algo habitual en la literatura que ha estudiado este tema en otros países.
El informe propone tres hipótesis para explicar por qué la reducción del tamaño de clase no mejora el rendimiento académico pese a mejorar algunas dinámicas del aula. La primera es que familias y alumnos compensan el beneficio potencial relajando su esfuerzo, ya que dedican menos tiempo a los deberes, los padres se implican menos y disminuye el uso de profesores particulares. Sin embargo, estas respuestas son demasiado pequeñas en magnitud para explicar los efectos nulos, como confirman los propios autores al incluirlas como controles en la regresión. La segunda hipótesis es que las mejoras en el aula son reales, pero tan modestas que no cabe esperar que se traduzcan en aprendizaje, puesto que, según el cálculo de los autores, la reducción de disrupción obtenida al bajar 5 alumnos solo equivaldría a un aumento de 0,6% de la desviación estándar en las pruebas.
La tercera hipótesis es que quizás el efecto medio sea nulo, pero existan subgrupos concretos donde la reducción de ratio sí funcione. Sin embargo, informe lo analiza exhaustivamente por curso, materia, nivel socioeconómico, nivel de disrupción y experiencia docente, y también mediante técnicas de machine learning. En ningún caso encuentran subgrupos donde el efecto sea sustancial y estadísticamente significativo, aunque sí apuntan a que los centros con alta disrupción muestran estimaciones algo mayores.
La reducción del tamaño de clase mejora marginalmente algunas dinámicas del aula y el bienestar de docentes y familias, pero no se traduce en mejoras apreciables del rendimiento académico del alumnado. Estos resultados son especialmente relevantes en el contexto demográfico actual, donde la caída de la natalidad está generando una presión creciente para aprovechar la reducción natural del número de alumnos como vía para lograr clases más pequeñas, a costa de mantener el gasto y, en última instancia, incrementar el gasto por alumno. Sin embargo, dado que el gasto educativo se destina en un 70-80% a salarios, una política generalizada de reducción de ratios implicaría un coste presupuestario muy elevado con una rentabilidad educativa limitada.
Además, este incremento del gasto se producirá en un contexto de creciente presión fiscal derivada del envejecimiento, con mayor demanda de gasto en pensiones, sanidad y cuidados que, si bien por sí solo no justifica no incrementar el gasto en otras partidas (como educación) exige que el resto de los incrementos en el gasto estén especialmente justificados en términos de eficacia y eficiencia. La decisión sobre cómo gestionar la caída demográfica en el sistema educativo es, en definitiva, una de las más importantes y probablemente más difíciles, que afrontará la política educativa española en las próximas décadas.
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