Actualizado Viernes, 5 junio 2026 - 00:19

Hubo un siglo en que rechazar un presupuesto podía costar una cabeza, y aprobarlo, una guerra. El parlamentarismo nació de ahí, de esa pelea sucia y sublime por el bolsillo del rey. Quien controla la bolsa controla el poder. Hasta hace poco, no tener cuentas públicas aprobadas suponía el fin de una legislatura. Un país que renuncia a votar sus cuentas se entrega, sin saberlo, a quien rellene los huecos en la penumbra.

La prórroga de los presupuestos nunca fue lo que su nombre promete. Prorrogar suena a austeridad, a tijera prudente. La realidad ha sido la contraria: se gastó más, mucho más de lo que aquellas cuentas heredadas autorizaban. La modificación de crédito fue la grieta por donde el gasto creció. Fue el suplemento que nadie debatió, un dispendio sin acta.

Y encima llegó el maná. Los fondos europeos, los Next Generation, eran nuestra hora estelar, el capital con que se nos ofrecía refundar el país desde el subsuelo: se prometió productividad, tecnología, una administración del siglo en que vivimos y hasta una respuesta valiente al invierno demográfico. Nada de eso llegó. En su lugar, tapamos agujeros corrientes con dinero extraordinario, financiamos lo de siempre con lo que debía ser irrepetible, vestimos de transformación lo que era pura inercia con membrete europeo. Cinco años después, uno recorre el mapa buscando la metamorfosis proporcional al diluvio y encuentra la misma productividad anémica, la misma flata de inversión tecnológica, la misma demografía hundiéndose en silencio.

Asoma aquí la sustitución más peligrosa de todas. Mientras el presupuesto se desdibujaba, la política halló un sucedáneo dejando de repartir el dinero para repartir el marco. Se renegocia sin tregua el andamiaje entero —quién recauda, quién decide, quién paga a quién—, de modo que las reglas del reparto mudan más deprisa que el reparto mismo. Ninguna cifra significa lo mismo dos ejercicios seguidos. El país entero es un Penélope al revés porque no teje de día para deshacer de noche aguardando a nadie, deshace de día lo que pactó la víspera y se acuesta sin saber qué Ítaca defiende. No es casual que algún jurista sereno recuerde que la Constitución concibió el presupuesto como acto soberano y anual, jamás como rutina aplazable sine die.

Hay algo más, lo que de verdad debería desvelarnos. El presupuesto era la gramática con que una nación conjugaba el verbo querer en futuro, el único documento donde un gobierno escribe, en columnas que no admiten retórica, qué clase de porvenir está dispuesto a conseguir. Renunciar a él es renunciar al futuro como categoría, instalarse en un gerundio perpetuo donde se administra el hoy sin atreverse a imaginar el mañana. Existen horas en que el destino de un país cabe en una sola decisión. Existen también, más calladas, las horas malgastadas en que la ocasión llamó a la puerta y preferimos no abrir, por no despertar a los que dormían tan a gusto a cambio de un apoyo parlamentario.

El verdadero riesgo, por tanto, no es que las cuentas de 2027 lleguen tarde, es que perpetúen este modelo desvirtuado. Se constituye una paradoja amarga para la economía: la sociedad que renuncia a priorizar no gasta menos, gasta más, siempre más, porque el dinero es justo lo que se derrama cuando falta el coraje de decidir.

El resultado es una extraña parálisis próspera. Hemos gastado más de lo que debíamos mientras la economía crecía. El país sigue recaudando, sigue gastando, sigue desajustando el marco territorial a cambio de supervivencia política, erosionando la estructura misma de la sostenibilidad pública. Para colmo, en el momento en que, además, más dinero ha llegado de la UE, no hemos cambiado nada.