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El gasto público en España se sitúa a cierre de 2025 en el 45,6% del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea, donde llegaba al 49,6%, habiéndose reducido en los últimos años la brecha con la media comunitaria, ya que nuestro país ha incrementado su nivel de gasto mucho más que el continente, pero con mucho menor peso de la inversión pública.
Según la base de datos macroeconómica anual de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (AMECO), de 2016 a 2025 el gasto público en porcentaje de PIB creció 3,5 puntos en España frente a 2,1 en la media de la UE. De ese aumento, sólo un 25% se destinó a elevar el peso de la inversión pública -medida como la Formación Bruta de Capital Fijo-, que supone un 2,9% del PIB; mientras que la UE destinó prácticamente el doble de su esfuerzo en gasto a esa partida, hasta situarla en el 3,8% en promedio.
En España, el grueso del incremento del gasto se ha destinado al pago de beneficios sociales distintos a transferencias sociales en especie, que suponen un 17% del PIB, el séptimo valor más alto de la UE e incluyen el gasto en pensiones, prestaciones por desempleo, Incapacidad Temporal y otro tipo de subsidios, es decir gasto considerado "improductivo", que no genera valor económico, retorno de inversión ni aumento de la productividad.
El peso de la inversión pública sobre el PIB ha crecido del 2% hace una década al 2,9% ahora, pero sigue muy alejado del 3,8% de media comunitaria, a pesar del revulsivo que han supuesto -o debían suponer- los fondos europeos Next Generation. Es de hecho, el segundo nivel más bajo de toda la UE, solo por detrás de Irlanda (con un 2,7%). Según las previsiones de Bruselas para 2026 y 2027, esta partida seguirá el año que viene en España en el mismo nivel, mientras en el conjunto de la UE se elevará dos décimas, al 4%, ensanchando la brecha.
Hay que tener en cuenta que dentro de la inversión pública se computa no sólo los nuevos proyectos sino también la destinada a compensar la depreciación del stock de inversiones existentes, es decir, la que va a mantener en buen estado las infraestructuras del país.
En lo que va de siglo, la inversión ha sufrido muchos vaivenes. Subió con fuerza hasta el estallido de la crisis financiera, pero la necesidad de contener el gasto público a partir de entonces llevó al Gobierno en ese momento a restringir el flujo de inversión, que alcanzó su mínimo en torno a 2016, cuando se situaba un 33% por debajo del nivel de 1995.
Desde entonces se ha ido recuperando paulatinamente: alcanzó en 2023 el nivel del 95, veintiocho años después, y a cierre de 2025 se sitúa un 22,4% por encima del nivel de entonces. No obstante, sigue un 34% por debajo de su nivel de 2009, según un informe reciente del IVIE, que recordaba que esta partida "incluye los recursos destinados a mejorar la capacidad productiva y a conservar las infraestructuras hidráulicas, de transporte viario, ferroviario, portuario y aeroportuario y las infraestructuras urbanas, y también las dotaciones educativas, sanitarias, sociales, etc".
Víctor Ausín, técnico comercial y economista del Estado y quien fue director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Economía de 2021 a 2024 y director general de Política Económica hasta el pasado verano, señalaba la semana pasada en las páginas de Actualidad Económica que "desde el 2000, el gasto por beneficiario -ya sea desempleado o pensionista- ha crecido en torno al 20%, mientras que la inversión pública apenas llega a cubrir la depreciación del capital público existente". "Ese sesgo no es accidental. Responde a preferencias sociales ampliamente compartidas y ha sido, en la práctica, respaldado por los principales partidos políticos. Aunque democráticamente sea impecable, este patrón presupuestario no es económicamente inocuo: España está consolidando sus cuentas públicas, sí, pero sobre una base que no maximiza el crecimiento a medio y largo plazo", alertaba.
Además de elevar su gasto público a más ritmo que la UE, España también ha incrementado su nivel de ingresos públicos con más fuerza: 5,1 puntos de PIB desde 2016 frente a tan sólo 0,1 puntos adicionales en la media de la UE. Con todo, nuestro nivel del 43% del PIB sigue por debajo del europeo, en el 46,6%.
Los impuestos directos, sobre la renta y el patrimonio, han sido la palanca principal utilizada por el Gobierno para incrementar sus ingresos, al crecer su peso en el PIB en 3,1 puntos
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