El Gobierno se había comprometido con la Comisión Europea a aprobar en este segundo trimestre del año una reducción de los beneficios fiscales que le permitiera al país aumentar la recaudación de forma permanente -en el marco de los hitos pactados a cambio de los fondos europeos del Plan de Recuperación-, una promesa que ratificó el pasado 30 de abril cuando envió a Bruselas su Informe de Progreso Anual y que ahora está tratando de esquivar.
Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten a EL MUNDO que no consta que vaya a haber nuevas medidas a corto plazo (deberían aprobarse y entrar en vigor en menos de diez días para cumplir con el plazo) pero sostienen que "las medidas aprobadas hasta la fecha ya están permitiendo aumentar los ingresos públicos" y que será la Comisión Europea la que decida si ese compromiso se cumple o no "teniendo en cuenta que se han aprobado cambios fiscales de calado que incrementan la recaudación".
En concreto, lo pactado suponía la "entrada en vigor de normas por las que se eliminen o modifiquen beneficios fiscales y que supongan, según estimaciones en el momento de su entrada en vigor, un aumento permanente de los ingresos de 0,1 puntos porcentuales de PIB", tal y como quedó recogido en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo de la Unión Europea, del 19 de enero de este año, por la que se modificó la Decisión previa sobre la aprobación de la evaluación del Plan español. Tres meses después el Ejecutivo ratificó ese compromiso: "Su cumplimiento está previsto dentro de los plazos establecidos en próximos desembolsos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Q2 2026)", precisaban.
Pero una cosa es lo que se promete por escrito y otra distinta es la verdadera negociación que está llevando a cabo el Ejecutivo con la Comisión Europea para conseguir que dé el visto bueno a los hitos y objetivos presentados para ameritar los desembolsos pendientes.
Nuestro país, por ahora, ha recibido cinco desembolsos de los fondos europeos -el último en agosto del año pasado aunque aminorado porque no pudo certificar el cumplimiento de todo lo pactado- y ha presentado ya la solicitud del sexto, este marzo, que podría desbloquearse antes de fin de mes. Junto con la solicitud de ese penúltimo pago, el Gobierno solicitó los fondos que habían sido retenidos por la Comisión por no haber cumplido el hito relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, ni las reformas fiscales acordadas, entre las que figuraba la aprobación de un impuesto sobre el diesel.
"En este ámbito, y a la luz de los nuevos datos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria, España supera ampliamente el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del PIB. Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388", defendieron entonces.
Si se suma al compromiso relativo a los beneficios fiscales, España debería poder acreditar un incremento de ingresos tributarios del 0,4% del PIB para poder 'convalidar' las reformas no aprobadas, el equivalente a unos 6.700 millones de euros, según los últimos datos de Contabilidad Nacional.
El Ejecutivo defiende que esa cifra ya ha quedado garantizada con medidas como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, para patrimonios de más de tres millones de euros; los nuevos impuestos sobre el tabaco; la subida del tipo del ahorro en el IRPF; la tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades y otros retoques en ese tributo; y la decisión consciente de no deflactar el IRPF al menos hasta que acabe 2028. "La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural", señalan en el documento enviado en abril.
Esa decisión deliberada de no deflactar el IRFP, es decir, de adaptar el impuesto a la inflación, ha aportado 1,2 puntos porcentuales de los 2,8 puntos en que ha crecido la ratio de ingresos sobre PIB entre 2019 y 2025, es decir, el 43% del aumento del peso de la recaudación sobre el total de la economía se explica por la llamada progresividad en frío, el equivalente a unos 17.000 millones de euros, según cálculos del Banco de España recogidos en su Informe Anual.
Esta institución advierte de que en ausencia de medidas destinadas a revertir el aumento registrado en los tipos medios efectivos, su efecto sería "estrucutral" y, por tanto, permanente, ya que a menos que haya actualizaciones los tipos medios efectivos seguirían incrementándose.
Otras medidas que contribuirán a engordar los ingresos del Estado en el futuro serán el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales derivado de la reforma de las pensiones, el nuevo impuesto a la banca -que convierte en permanente el anterior tributo temporal que se aprobó en 2022- o la limitación a la compensación de pérdidas de filiales en el cálculo de la base imponible del Impuesto de Sociedades.
En los últimos años, España ha experimentado un fuerte incremento de la recaudación tributaria: en 2025 ingresó 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior y un 53% más que en 2019, el último año previo a la pandemia, cuando la recaudación solía aumentar a ritmos del 2% anual, cinco veces menos que ahora.
En los primeros cuatro meses de 2026 los ingresos tributarios han subido otro 10,6% interanual, acelerando incluso el ritmo de crecimiento, y es previsible que siga haciéndolo en lo que queda de año dado el aumento previsto de la inflación.
A la hora de prometer modificar ciertos beneficios fiscales, Hacienda siempre ha utilizado como guía el encargo que le hizo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para que analizara la eficacia de los beneficios fiscales existentes en España.
En ese documento, la AIReF proponía, en el IRPF, que el Gobierno hiciera desaparecer la reducción por tributación conjunta para matrimonios -actualmente de 3.400 euros- estableciendo un régimen transitorio hasta su total extinción, ya que supone un desincentivo a que el segundo perceptor de rentas (en el 80% de casos, la mujer) trabaje.
En cuanto al IVA, proponían que a medida que la economía se recuperaba del impacto de la pandemia se revisaran los tipos superreducidos (del 4%) y reducidos (10%) para elevarlos al tipo normal (21%), para así "mejorar la eficiencia distributiva del impuesto", ya que esos tipos benefician más a las rentas más altas, que son las que más consumen. Para no perjudicar a las familias con menos renta, se proponía articular medidas de gasto para los colectivos más vulnerables. La AIReF vio no concluyente su análisis sobre si la exención de la sanidad y educación privadas de pagar el IVA era eficiente.
En el Impuesto de Sociedades, la AIReF evaluó entre otras cosas los tipos reducidos de las sicavs y las socimis, diseñados para fomentar la inversión colectiva, y concluyó que existe una elevada concentración de la inversión en manos de pocos accionistas pese a los requisitos de la ley (que exige contar con cien accionistas), por lo que cree que deberían reforzarse esas condiciones para asegurar que la inversión es realmente colectiva
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