A sus 43 años, Guillermo Areán solicitó una excedencia voluntaria y abandonó su puesto como gerente de informática en la Dirección General de Tráfico (DGT). Atrás quedaban 15 años de servicio público. «Cuando entré era para comerme la administración», rememora. Sin embargo, su carácter, que él mismo define como un perfil de empuje, «especialmente inquieto y peleón» terminó por chocar con un muro en el sector público.

A pesar de haber logrado implantar proyectos durante sus últimos cuatro años, el desgaste fue inevitable: "Me había cansado ya de intentar impulsar siempre la innovación y necesitaba un descanso". Hoy Guillermo ejerce como emprendedor. Tras comprobar desde dentro el enorme desconocimiento mutuo que existe entre el sector público y el tejido empresarial, ha fundado su propio proyecto para asesorar a empresas privadas y aportar soluciones que den "frescor" a la Administración.

"Hasta ahora, para la administración pública la tecnología era algo que estaba dando servicio al negocio. Las personas que lideran en los diferentes puestos no tecnológicos tomaban decisiones y luego iban al área de tecnología y decían: 'Quiero esto'", explica Guillermo. Frente a esta inercia en la que ejercen de meros ejecutores, reclama que "el Estado no atrae talento, lo subcontrata". Por esto, insiste en la idea de que el Estado cuente con los informáticos "no solo para construir lo que las personas del negocio indican, sino también para co-construir y formar parte de la toma de decisión".

El martes de la semana pasada, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, anunció una nueva Oferta de Empleo Público en la que se prioriza la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar los servicios públicos. La oferta incluyó un incremento del 42% en puestos tecnológicos respecto al año anterior. Ahí destacó que, «por primera vez en la historia», se incluyen plazas específicas para especialistas en IA, ciberseguridad y ciencia del dato.

Asimismo, aseguró que se busca «digitalizar la administración pública» y transformar el sector, pero "seguir creando empleo público".

En la práctica estas declaraciones chocan con la realidad de las ofertas de años anteriores: durante los últimos años los procesos selectivos para convocar a profesionales del sector TIC finalizan sin que se adjudiquen todas las plazas disponibles, ya que el Ejecutivo tiene que afrontar una cada vez mayor competencia del sector privado y sus mayores salarios, en especial desde la pandemia.

Problemas desde 2022

La nueva oferta de empleo incluye 300 puestos para el cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información (A1), 400 para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) y 1.000 para los técnicos auxiliares, de categoría C1, el único escalón que el Gobierno ha conseguido llenar en cada convocatoria.

En los otros dos, al igual que con el resto de la Administración, el Gobierno ha hecho llamamientos records, especialmente en las grandes ofertas de 2022 y 2024 que agrupaban varios años y donde se ofrecieron casi 1.000 plazas tanto en A2 como en A1.

En el caso de los primeros, se nombraron entre ambas 716 funcionarios de 1.835 posibles, ni la mitad. En el A1, la diferencia fue incluso mayor y no se llegó al 20% de las plazas. En 2022, superaron el proceso de selección 119 personas para 800 posiciones, mientras que en 2023 la cifra se elevó a 152 de 968. Incluso así, 2023 fue el mejor año de la década en incorporación a la Administración de estos perfiles.

El motivo que más suena para explicar esta carestía de perfiles es el económico. Aunque el sueldo del A1 está entre 45.000 y 55.000 euros anuales en función de su destino, el de los A2 está en 35.000 euros, una cifra fácilmente superable a poco que se lleve unos años de experiencia en el sector tecnológico, algo que ocurre también con las labores de dirección que van atadas al nivel de cuerpo superior cuando se trata de la empresa privada.

Guillermo identifica dos causas que explican el fracaso de las ofertas a la hora de captar talento. La primera es la estrictamente económica, ya que, en sus propias palabras, "para atraer expertos hace falta dinero, no basta con la vocación pública" . La segunda es la centralización de las plazas. En la era del trabajo a distancia, el Estado sigue concentrando la inmensa mayoría de sus puestos en Madrid, lo que ahuyenta a los candidatos: "La gente no está dispuesta a dejar sus trabajos en las provincias de origen para venirse a Madrid a tener unas condiciones peores de las que ya tiene".

"Las nuevas generaciones ya no valoran tanto el hecho de que la administración te dé un trabajo para toda la vida", advierte este exgerente de la DGT. Según explica, frente al coste de la vida en la capital, los jóvenes hoy «valoran la capacidad de poder teletrabajar» y de tener mayor movilidad en otros territorios.

Las carencias organizativas y la incapacidad del Estado para completar sus plantillas son la principal preocupación de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (ASTIC). Pese a valorar el anuncio, su presidenta, Leonor Torres, señala que "hay bastantes dificultades para cubrir y también para retener determinados perfiles dentro de la administración". A la hora de analizar por qué estas plazas quedan desiertas, Torres identifica como causa principal "la fuerte competencia con el sector privado", subrayando que, "existe una brecha salarial mayor en perfiles sénior", además este sector "ofrece retribuciones más altas y procesos de incorporación mucho más ágiles".

A esta desventaja se suma la imagen institucional. El Estado pierde la batalla de la comunicación frente al sector privado porque, según Torres, las nuevas generaciones "se piensan que tenemos trabajos muy burocráticos". El resultado es una fuga masiva de talento joven porque "no no conocen la administración ni los proyectos", añade.

Es precisamente por este fracaso a la hora de resultar atractivos por lo que Astic teme que la creación de las nuevas plazas en IA y Ciencia de Datos no funcione como algo real. "La especialización es más una etiqueta de acceso para atraer talento que una verdadera carrera técnica especializada", advierte Torres.

"Puede suceder que un perfil que se sienta atraído por una especialidad de inteligencia artificial acabe realizando tareas de contratación, de soporte o de cualquier gestión tecnológica generalista". La realidad termina ahogando al nuevo funcionario: "Tú apruebas con una especialidad, pero luego puedes desempeñar cualquier tipo de puesto simplemente porque la estructura de puestos es la que es".

Frente a las renuncias y la fuga de talento hacia el sector privado también hay casos inversos. Javier Sáez, de 53 años, encarna este fenómeno. Nacido en Costa Rica, desarrolló una trayectoria durante dos décadas en multinacionales como Dell y Acer.

Pasados los 40 años, decidió opositar para entrar en la administración pública. Hoy ejerce como jefe de área en la Intervención General de la Administración del Estado, donde lidera el desarrollo de un software para la gestión de fondos europeos.

Ante esto, Javier matiza sobre la brecha salarial entre ambos sectores, reconoce que las empresas privadas pagan cifras inalcanzables, pero aclara que se trata de "grandes especialistas en nichos muy específicos". Para él, "en general para un profesional medio que trabaje en el sector IT en el privado y comparándolo, por ejemplo, con un cuerpo A1, la diferencia no es tanta».

Su principal queja apunta al proceso de acceso que advierte Javier, que "es una carrera de fondo» y "no es algo que puedas decir 'voy a hacerlo en tres meses, seis meses'». Lo describe como un camino repleto de "sinsabores" donde «la suerte también influye» y cuya espera resulta a menudo "un poco frustrante" debido a "tiempos muertos por gestiones administrativas que serían optimizables". Leonor Torres coincide en este diagnóstico y subraya la evidente desventaja competitiva frente al privado es que "una persona que acaba de finalizar la carrera le ofrecen un trabajo en una empresa y tiene trabajo al día siguiente, y no dedicarse a estar estudiando para superar un proceso selectivo".

Con todo, Javier lamenta "la visión sesgada del funcionario gris típico" y asegura que «no tiene nada que ver con eso". A su juicio, se permite participar en materias de responsabilidad: "Tienes muchas veces en el sector público la oportunidad de construir tu propio puesto de trabajo, tú decides hasta dónde llegas" dice. Su conclusión es que "una persona que sea inquieta no se va a aburrir".