El supervisor inicia un endurecimiento de su política de vigilancia de cómo presta la banca a sus clientes y los 'bonus' que da a sus comerciales con sanciones inéditas.
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Como aún no son firmes, el Banco de España no ha publicado todavía la sanciones históricas que impuso en 2025 al Banco Sabadell y, sobre todo, a CaixaBank, pero, como publicó este diario, ascienden a 16,5 y 25 millones, respectivamente y muestran un claro cambio de política. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha decidido que la institución enseñe los dientes a las entidades financieras para intentar mostrarse más útil a los clientes protegiéndoles mucho más que en el pasado de tratos inadecuados.
El organismo supervisor desvela entre líneas en su última memoria sobre sanciones y en el informe remitido al Congreso que ha castigado al Banco Sabadell por amplio beneficio obtenido en una política que considera irregular: vincular la contratación obligatoria de seguros a la concesión de hipotecas. La entidad que preside Josep Oliu ganó la batalla de la OPA al BBVA, pero, según la dirección general de Conducta del Banco de España, cometió una infracción muy grave de la Ley de crédito inmobiliario. "La vigilancia de las prácticas de venta combinada constituye una prioridad (...) La experiencia supervisora confirma que en algunos casos los clientes no identifican con claridad el carácter obligatorio u opcional de los productos ni su impacto en el coste final de la hipoteca, lo que puede dificultar una toma de decisiones informada", señala el Banco de España. En cuanto a CaixaBank, los 25 millones a esta entidad se deben a que "no cuenta con políticas y procedimientos suficientes como para asegurar el principio de préstamo responsable" en infracción muy grave de la Ley de Supervisión de entidades de crédito. Acusa a esta entidad controlada por la Caixa -y que cuenta con el Gobierno como segundo máximo accionista a través del Frob- de no dar instrucciones claras desde la cúpula para que los comerciales eviten que el cliente se endeude más allá de sus posibilidades. Muy grave, porque, según la Dirección General de Conducta, hay "creciente riesgo de sobreendeudamiento derivado del contexto económico (crecimiento del PIB, mejoría del empleo y [hasta la guerra de Irán] reducción de la inflación y de los tipos de interés) y del previsible aumento de la demanda de crédito". La justicia dirá si estas sanciones están bien aplicadas porque tanto CaixaBank como Sabadell las han recurrido por considerarlas injustas, pero lo que es evidente es que hay un giro hacia el endurecimiento por parte del supervisor.
Es llamativo que Escrivá ha disparado las sanciones sin que haya cambiado el marco legal, pero el gobernador ha decidido hacer un uso más extensivo de los márgenes de multa sin oposición hasta ahora del histórico secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego. Cuando éste tuvo bajo su responsabilidad la política de conducta, proponía multas muy inferiores. El cambio comenzó en 2022 cuando el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, encomendó al veterano inspector de grandes bancos, Alberto Ríos, la dirección general de Conducta en 2022 y, el gran salto se ha dado en 2025 al pasar las sanciones globales a 49,4 millones, ¡más que en los cinco años anteriores juntos!
¿Y este año? Escrivá ya anunció en un foro supervisor a puerta cerrada que se insistirá en investigar cómo se aplican "los principios de concesión de crédito responsable y los requisitos de información previa de los préstamos al consumo e hipotecarios, así como a los modelos de gobernanza interna de las entidades relacionados con la conducta". Esto supone inspeccionar que la información que se facilita a los clientes es comprensible y transparente y que no se les obliga a contratar productos de forma irregular. También vigilar que no se incentiva a los comerciales de las sucursales a colocar préstamos sin tener en cuenta el riesgo que corren los clientes de sobreendeudarse. Se pueden ofrecer bonus, pero también retirarlos como mínimo al de la sucursal que ha metido a un cliente en una situación que su tren de vida no ampara.
Esta política incisiva, que debería extenderse por cierto a los informes sobre la política económica y fiscal del Gobierno, es muy positiva si se aplica con rigor. Eso sí, deja en evidencia que el supervisor fue laxo durante demasiados años con un sector tan clave como el bancario. Ya se vio con la supervisión de las cajas que la laxitud hace estragos.