La Comisión de Trabajo decide no tramitarlas por considerarlas "intrusas" al contenido de la norma
El ministro de Hacienda, Arcadi EspañaEFE
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El PSOE y Sumar, los partidos que integran el Gobierno, se han opuesto a la tramitación de dos enmiendas -presentadas por el PP y Junts al real decreto legislativo por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas- que permitirían que los contribuyentes no tuvieran que pagar el IVA de facturas no cobradas y que quienes tengan un litigio abierto con Hacienda no tuvieran que pagar multas hasta que no se resuelva el conflicto.
Según han explicado fuentes de ambos partidos a EL MUNDO, la mesa de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que preside Aina Vidal (de Sumar), decidió con tres a votos a favor -dos del PSOE y uno de Sumar- frente a dos en contra -del PP- no admitir las enmiendas al considerarlas "intrusas", es decir, muy alejadas del contenido de la norma, un "veto" que en opinión de Junts "no es habitual", lo que les ha llevado a presentar un recurso de amparo ante la Mesa del Congreso. Estas mismas fuentes señalan que en una primera reunión la semana pasada, los integrantes de la mesa de Sumar y el PSOE "recibieron una llamada del Gobierno" que les llevo a impedir su tramitación.
En la primera de las enmiendas, que tenía intención de modificar la ley del IVA, se proponía que los autónomos y empresarios que no facturen más de dos millones de euros al año pudieran abonar el impuesto en el momento de cobrar la totalidad de la factura o parte de ella, una medida que buscaba evitar la descapitalización que sufren algunos contribuyentes cuando tienen que liquidar el IVA trimestralmente por facturas que aún no han cobrado.
"El régimen se aplicará de oficio, sin necesidad de opción expresa, a todos los empresarios, profesionales y trabajadores autónomos que cumplan el requisito de facturación anual inferior a 2.000.000 de euros. Los sujetos pasivos podrán renunciar a este régimen mediante declaración censal con efectos desde el ejercicio siguiente", reza el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
La segunda buscaba que cuando un contribuyente impone un recurso de reposición ante la Agencia Tributaria, para solicitarle que revise y en su caso modifique una resolución, no tenga que abonar multas o sanciones mientras no se resuelva.
"La ejecución del acto impugnado", por ejemplo, la imposición de una sanción, "quedará suspendida automáticamente por la interposición en tiempo y forma de recurso de reposición, sin necesidad de pagar la deuda o de aportar garantías de ningún tipo. Esta suspensión se extenderá a la totalidad de la deuda tributaria, así como a las sanciones tributarias", señala el texto.
En caso de que el contribuyente recurriera sólo por parte de la deuda, tendría que abonar únicamente el resto.
Esta modificación no sería impedimiento para que la Agencia Tributaria siguiera cobrando intereses de demora por todo el periodo de suspensión en caso de que la resolución del recurso dictamine que debe ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado.
El derecho a no tener que pagar la deuda operaría también si se impugna el acto por la vía económico-administrativa, manteniéndose la suspensión hasta que se obtenga una sentencia judicial firme y no cuando haya resolución firme en vía administrativa, como ocurre en la actualidad.
Junts y el PP entienden que la regulación vigente obliga al contribuyente -sobre todo al de menor capacidad económica- a aportar garantías de elevado coste o a soportar la ejecución inmediata de actos "cuya legalidad aún no ha sido confirmada por instancia administrativa o judicial alguna", lo que genera un "evidente desequilibrio entre el contribuyente y la Administración Tributaria".
Sin embargo, los partidos del Gobierno se han opuesto a su tramitación en el Congreso de los Diputados y han bloqueado otro cambio legal, también auspiciado por el PP y Junts, que perseguía que aquellos mutualistas que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social pudiesen traspasar sus derechos económicos al Régimen de Autónomos (RETA).
El Ejecutivo se ha opuesto a esta medida, de la que se habrían beneficiado 47.000 personas, por su coste económico, ya que tenía un impacto presupuestario de 5.204 millones de euros.