El órgano fiscalizador denuncia que ningún ministerio ha acreditado debidamente ni la necesidad ni la urgencia de la incorporación de cientos de interinos entre 2021 y 2023
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso el pasado marzo.
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En apenas dos años, entre 2021 y 2023, el Gobierno contrató 245 funcionarios interinos para gestionar la llegada de fondos europeos destinados a gasto de protección social. Desde pensiones, sanidad o educación hasta servicios sociales. Cuando se acerca el momento de rendir cuentas ante Bruselas por la gestión del maná comunitario que se desplegó para propulsar las economías de los Veintisiete tras el golpe de la pandemia, el Tribunal de Cuentas ha afeado al Gobierno que la mayoría de esas contrataciones de interinos por la vía de urgencia no fueron debidamente justificadas.
El órgano fiscalizador analizó la gestión por parte de doce organismos públicos de las reformas e inversiones destinadas a promoción social dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Siete ministerios y otras cinco entidades adicionales, entre ellas el Sepe. La conclusión es rotunda: ningún ministerio justificó de forma totalmente correcta sus contrataciones de interinos. También ha afeado que ninguno de ellos optó por reorganizar sus propios efectivos antes de recurrir a contrataciones externas, a pesar de que esa era la vía prioritaria que fijó la ley española.
La reforma laboral que impulsó el Gobierno en 2021 especificó, además, que las contrataciones temporales en el contexto del PRTR y los fondos de la UE debían realizarse por razones expresamente justificadas de urgencia, estar estrictamente asociadas a la ejecución de proyectos europeos y cerrarse por una duración determinada, solo por el tiempo necesario para llevarlos a cabo.
El informe del Tribunal de Cuentas revela que tampoco eso se cumplió, pues a estas nuevas incorporaciones se les asignaron funciones "genéricas", lo que impidió constatar la justificación de esos nombramientos "en todos los casos examinados".
Reclutamiento en 24 horas
La Plataforma de Interinos de España (PDIE) ya denunció en 2023 el carácter de extrema urgencia de los procesos de reclutamiento que la Dirección General de Función Pública fue lanzando para acelerar la incorporación de interinos para gestionar los fondos europeos Next Generation, así como para cubrir las vacantes más apremiantes que se iban produciendo en la Administración. "Las ofertas de interinidad que está ofreciendo el Ejecutivo tienen carácter urgente para aceptarlas o rechazarlas, de tal forma que se da un plazo máximo de 24 horas para asumir o desestimar", explicaron.
Los trabajadores inscritos se vieron en la tesitura de tener que valorar de forma acelerada las plazas, incluso cuando estaban ubicadas en ciudades diferentes a su lugar de residencia, porque Función Pública advirtió que se daría de baja en las listas de reserva a quienes rechazaran o no contestaran a la oferta sin motivo justificado después de tres llamamientos consecutivos. Tres años después, el Tribunal de Cuentas ha constatado que la extrema urgencia de esas convocatorias, en muchos casos, no fue justificada.
En total, el informe apunta a 245 incorporaciones de interinos en el periodo analizado. De ellas, 184 interinos se destinaron específicamente al área de protección y promoción social. Los organismos que concentraron el mayor número de contrataciones fueron el Sepe (100), el Ministerio de Sanidad (60) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (20).
Sin control sobre las CCAA
El informe del Tribunal de Cuentas se extiende más allá de la plantilla y pone sobre la mesa una segunda advertencia: la falta de control sobre la ejecución de las Comunidades Autónomas de la lluvia de fondos europeos. Destaca que, a pesar de que se firmaron convenios que preveían comisiones de seguimiento y reuniones técnicas, luego no se llevaron a la práctica, al menos, no de forma efectiva. Por ejemplo, en el Ministerio de Inclusión, más de la mitad de las actas de las comisiones de seguimiento no están firmadas, porque ni siquiera se llegaron a celebrar las reuniones posteriores necesarias para validarlas.
Además, la plataforma estatal de control de los fondos NextGen, el sistema Coffee, no estuvo plenamente operativo en el plazo previsto, y su información tampoco ha estado plenamente actualizada.
En definitiva, la transferencia de fondos a las autonomías se ha revelado como un punto ciego para el Estado. Estas deficiencias, según concluye el Tribunal, comprometen la trazabilidad de los fondos europeos y ponen en riesgo el control global de la ejecución del Plan de Recuperación en España. Un nuevo palo en la rueda del Gobierno en su inminente cara a cara con Bruselas para rendir cuentas por la gestión de la mayor inyección de fondos públicos de la historia de Europa.