El informe de la Fiscal Jefe Carmen Adán constata las maniobras de la cúpula de Sanidad para que no trascendiera el uso de vacunas caducadas. Adán ratifica que fue una "cuestión estructural concatenada" pero al no constar síntomas entre los afectados suspende el procedimiento penal.
El consejero Alberto Martínez junto a la directora general Lorea Bilbao con médicos del ambulatorio de Salvatierra el 28 de enero cuándo se reconoció la existencia de las primeras vacunas caducadas.ARABA PRESS
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El director de Salud Guillermo Herrero Alaña, un profesional con más de 30 años de experiencia en Osakidetza, recibió "reproches" del equipo del consejero Alberto Martínez por reclamar la convocatoria del Consejo Asesor de Vacunas para acelerar la revacunación de cientos de bebés indefensos. El pasado 21 de enero (seis días de activarse las alarmas internas por las vacunas hexavalentes), Herrero llegó a definir una "hoja de ruta" que incluía localizar cuánto antes a los afectados para protegerles con nuevas dosis de las seis graves enfermedades para las que estaban indicadas. Sin embargo, Martínez y la directora general de Osakidetza Lorea Bilbao mantuvieron su decisión de no vacunar gracias a que la directora de la Agencia Española del Medicamento María Jesús Lamas corrigió a sus propios técnicos.
El informe elaborado por la Fiscal Superior del País Vasco Carmen Adán sobre el suministro de vacunas caducadas constata que desde el 15 de enero al 21 de enero, tanto el laboratorio norteamericano MSD -fabricante de la vacuna hexavalente- como técnicos de la Agencia Española del Medicamento como el director de Salud Guillermo Herrero tuvieron claro que había que revacunar con rapides a los cientos de bebés a los que se les había suministrado vacunas caducadas. "Las declaraciones testificales abundan en que, desde la Dirección de Salud Pública, se elaboró un posicionamiento técnico por el cual se consideraba prioritario identificar los casos y revacunar cuánto antes porque se trataba de lactantes y población de riesgo", señala Adán en el informe con el que cierra la investigación penal del caso.
La Fiscal Superior decreta el archivo de la investigación penal contra los responsables de la sanidad pública vasca porque aún no están acreditados "síntomas" entre los niños que estuvieron hasta varios meses con vacunas caducadas pero no porque no existan serias dudas sobre cómo gestionaron la crisis la cúpula de Osakidetza con Martínez y Bilbao al frente. Adán constata en su informe que antes del 21 de enero "se paralizaron las revacunaciones por indicación superior" y que el doctor Herrero confesó que su propuesta para que se reuniera el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi "no fue bien recibida", "hubo bastante tensión" y recibió "reproches" por proponerlo.
El consejero Martínez nunca ha llegado a aclarar por qué primó el criterio cambiante de la Agencia Española del Medicamento frente al del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi integrado por profesionales de la sanidad pública vasca. El informe de la fiscal Adán constata cómo desde la Agencia del Medicamento primero se instó al Gobierno vasco a tener en cuenta el criterio del fabricante (revacunar) para cambiar de criterio después de una llamada del director de Farmacia Iñaki Betolaza a la presidenta de la Agencia Española del Medicamento.
El informe fiscal reconoce la gravedad del uso de vacunas caducadas como una "cuestión estructural concatenada" que dejó en desprotección a decenas de bebés por la exposición de virus y enfermedades. La vacuna hexavalente protege a los recién nacidos de la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y de una bacteria que casua meningitis o neumonía. Adán advierte que los listados de vacunas caducadas que le aportó Osakidetza fueron modificándose. Además, las documentación aportada por el Servicio Vasco de Salud -tras una visita de la Ertzaintza al despacho de la directora general Lorea Bilbao- estaba "incompleta con folios parcialmente en blanco para "romper la trazabilidad" de los correos intercambiados por los profesionales sanitarios.
El informe de la fiscal decreta el archivo de la investigación abierta a partir de una denuncia de la Asociación de El Paciente a la que se sumaron varios afectados. Pero la suspensión de esta investigación penal no se establece a partir de los indicios de irregularidades constatadas por Adán sino porque el artículo 316 del Código Penal que regula los delitos contra la salud vinculados a medicamentos establece que debe constatarse un "resultado lesivo" bien por reacciones adversas o por una pérdida de eficacia. "No constan acreditados elementos del delito", constata Adán ya que hasta la fecha ningún bebé ha manifestado síntomas de las enfermedades a las que estuvo expuesto por ser vacunado con dosis caducadas y no ser revacunado con urgencia.