El Parlamento aprueba 52 resoluciones tras un pacto in extremis con el BNG sobre el agua mientras persisten las diferencias en los asuntos clave
El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, durante el DEA, este viernesE.M.
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Alfonso Rueda logró este viernes el cierre que buscaba. El Debate sobre el Estado de la Autonomía terminó con 52 resoluciones aprobadas, 11 de ellas por unanimidad, un balance que el PPdeG utiliza para apuntalar su gestión en el ecuador de la legislatura y evidenciar que existen espacios de acuerdo en cuestiones concretas pese a la mayoría absoluta.
El desenlace se decidió en el último momento. Populares y BNG pactaron a contrarreloj un plan integral de gestión del agua que deberá estar listo antes de final de año y que incorpora una inversión mínima de 800 millones. El acuerdo permitió elevar el número total de resoluciones y dejó una de las escasas imágenes de entendimiento transversal en una sesión en la que las diferencias se mantuvieron intactas en los asuntos de mayor contenido político.
Ese margen de acuerdo se extendió a otras materias de carácter institucional. Todos los grupos respaldaron el reconocimiento a las víctimas de ETA y el rechazo a pactos con formaciones que no condenen el terrorismo. También coincidieron en reclamar al Gobierno central un refuerzo de las políticas de protección frente a la violencia de género y mejoras en infraestructuras, además de insistir en el rescate y la transferencia de la AP-9.
Junto a estos consensos, el Parlamento dio luz verde a medidas en distintos ámbitos. Salieron adelante iniciativas para reforzar la cogobernanza de los fondos europeos, garantizar la dotación de profesorado de apoyo en los centros educativos y mejorar la atención sanitaria, con propuestas para adaptar especialidades médicas a la demografía de cada área y potenciar la telemedicina como vía de acceso a especialistas.
Las discrepancias reaparecieron con claridad en los asuntos de mayor carga política. El PP rechazó propuestas conjuntas de PSdeG y BNG en ámbitos como la financiación universitaria, el marisqueo o el Pazo de Meirás, lo que refleja la persistencia de diferencias en cuestiones estructurales y mantiene sin cambios el esquema de bloques en la Cámara.
El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, defendió el resultado del debate como muestra de estabilidad y aseguró que el Ejecutivo llega al ecuador del mandato con el 85% de sus compromisos cumplidos y con una agenda centrada en la clase media. Frente a ello, acusó a la oposición de mantener una posición "absolutamente alejada" de la realidad de Galicia.
Desde el PSdeG, la viceportavoz Lara Méndez cuestionó ese balance y acusó al PP de haber "cambiado una Galicia de derechos por una Galicia de caridad", denunciando un deterioro de los servicios públicos y señalando incumplimientos en acuerdos parlamentarios. "Son un fraude", afirmó, en referencia a la actuación del Gobierno gallego.
Por su parte, el BNG, a través de su viceportavoz Olalla Rodil, sostuvo que el debate concluye sin medidas que respondan a los problemas reales de la ciudadanía y calificó a Rueda como "el presidente del estancamiento", al tiempo que criticó la falta de soluciones en ámbitos como la vivienda, la sanidad o los servicios públicos. "Las gallegas y los gallegos no viven de anuncios ni pagan el alquiler con propaganda", resumió.
El debate concluye así con una combinación de acuerdos en cuestiones concretas y desacuerdos en los principales ejes políticos, en un contexto en el que el PP mantiene la capacidad de sacar adelante sus iniciativas mientras la oposición conserva una posición común de rechazo en los asuntos que definen el rumbo de la legislatura.