"Pasamos de recibir 500 euros al mes a quedarnos sin nada después de que los médicos, el colegio y hasta una jueza nos dieran la razón. ¿Qué más podemos hacer?". Joaquín Dosrey lleva más de tres años buscando una respuesta. Lo cuenta junto a su mujer, Julieta Fernández, en el salón de su casa de Palmés (Orense), mientras despliega sobre la mesa una abultada carpeta repleta de informes médicos, resoluciones administrativas y documentos escolares.

Son los restos de una interminable batalla burocrática que, según denuncian, jamás debió llegar tan lejos y cuyo último revés todavía les resulta imposible de explicar: cómo su hijo Ignacio lleva más de seis meses sin recibir ninguna ayuda económica después de que la Justicia obligara a la Consejería de Política Social a corregir la valoración que le rebajó el grado de dependencia y de que la propia Xunta de Galicia elevara recientemente su grado de discapacidad del 78% hasta el 85%.

"Nuestro hijo está pagando cada día las consecuencias de un error que nadie quiere reconocer. Mientras las administraciones buscan excusas, él sigue viviendo una situación que para nosotros es una auténtica desgracia", denuncian.

El pequeño, que acaba de cumplir los 11, padece parálisis cerebral y un trastorno del espectro autista (TEA) grave que le obliga a depender de ayuda constante para afrontar cualquier tarea cotidiana. Es un menor no verbal que se comunica a través de una tableta con la que apenas puede pedir un yogur cuando tiene hambre o repetir algunas de las palabras que más le gustan cuando sale del colegio, como "barco" o "tren". Después de años de rehabilitación, solo ahora ha empezado a ponerse en pie y a dar sus primeros pasos sostenido por Joaquín y Julieta. "Necesita supervisión constante las 24 horas del día. En el colegio tiene una cuidadora que le acompaña durante toda la jornada escolar y, cuando llega la noche, también tiene que dormir con aparatos ortopédicos por los problemas de cadera que padece", explican.

El autismo que desapareció del informe

Precisamente por la gravedad de su situación, el caso de Ignacio nunca había estado en discusión. En 2017 la Xunta le reconoció el grado III de dependencia, el máximo previsto por la ley, una condición que permitía a la familia afrontar parte de los gastos derivados de sus cuidados mediante una prestación cercana a los 500 euros mensuales con la que sufragaban terapias, tratamientos y otros apoyos imprescindibles para garantizar su atención. "Hasta que una evidente negligencia nos dejó desamparados", recuerdan.

En octubre de 2023, Política Social acordó una revisión de oficio para actualizar su expediente. Era un trámite rutinario, una de esas comprobaciones periódicas que, en teoría, no debían alterar una situación clínica acreditada durante años. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la familia recibió la resolución y comprobó que el informe elaborado por el técnico del servicio de dependencia de Orense que había acudido a su vivienda para evaluarlo rebajaba a Ignacio al grado II de dependencia. Una decisión difícil de encajar en un menor cuya situación clínica se había agravado con el paso del tiempo.

Además, la resolución suponía un importante recorte de la prestación económica que la familia percibía a través del Programa Individual de Atención (PIA). Pero el verdadero desconcierto llegó al revisar el expediente. Según denuncian, la valoración había omitido por completo el trastorno del espectro autista que figuraba en el historial clínico de Ignacio y que, lejos de estar en discusión, ha sido ratificado por distintos especialistas a posteriori.

Cuando intentaron ponerse en contacto con el servicio de Dependencia para pedir explicaciones, la respuesta fue siempre la misma. Según relatan, se les trasladó que todo "se había realizado correctamente y conforme al baremo vigente". Convencidos de que existía un error, decidieron acudir a los tribunales.

Una victoria judicial

En una sentencia dictada en noviembre de 2024, el Juzgado de lo Social de Orense concluyó que la situación de Ignacio era sustancialmente la misma que cuando obtuvo el grado III en 2017 y consideró que la resolución administrativa no era ajustada a derecho. El fallo obligaba, al menos sobre el papel, a Política Social a restituir el máximo grado de dependencia y a asumir las consecuencias derivadas de esa decisión.

Para Joaquín y Julieta aquello debía poner fin al conflicto. Pero ocurrió exactamente lo contrario.

Lejos de asumir el error y restituir el mismo régimen de ayudas del que disfrutaban antes de la revisión (tal y como había ordenado la jueza), la Xunta siguió manteniendo una cuantía inferior. No solo eso. Poco después exigió además facturas de varios servicios vinculados a la rebaja de dependencia, pese a que la familia nunca los utilizó porque recurrió aquella decisión desde el primer día. "Es absurdo. Nos rebajan la dependencia, nos obligan a acogernos a unos servicios que nunca aceptamos, una jueza acaba dándonos la razón y después nos piden las facturas de esos mismos servicios. No tiene ningún sentido", denuncia Joaquín.

La tensión fue creciendo durante los meses siguientes. La familia asegura que recibió varias llamadas "de tono hostil" de quien se presentó como jefe del servicio de Dependencia de Orense. Según su relato, en una de ellas les advirtió de que una nueva valoración podría traducirse en una reducción todavía mayor de los recursos asignados a Ignacio, algo que interpretaron como una "medida de presión" para que aceptaran las nuevas condiciones. "Llegamos a decirle hasta en dos ocasiones que nos sentíamos amenazados", confiesan.

Sin ayudas desde hace seis meses

Pero lo peor aún estaba por llegar. En diciembre, Política Social suspendió cautelarmente todas las prestaciones al considerar que no se habían presentado las facturas requeridas y ante la negativa de los padres a aceptar las nuevas condiciones. De la noche a la mañana, Ignacio pasó de percibir cerca de 500 euros mensuales a quedarse sin nada. Desde entonces, los gastos han recaído íntegramente sobre el hogar. Una carga especialmente difícil de asumir en una casa con tres hijos, otro de los cuales también tiene un elevado grado de dependencia.

Aun así, aseguran que nunca han reducido los cuidados ni las terapias. "No es una cuestión de dinero. Ignacio no ha dejado de ir a terapia ni un solo día. Es más, hemos aumentado algunas sesiones y las hemos pagado nosotros. Parece que creen que ese dinero podría destinarse a otra cosa, pero nuestra prioridad siempre han sido nuestros hijos. Lo único que pedimos es que se corrija una equivocación", afirma Joaquín.

Después de más de tres años de recursos, informes, valoraciones y sentencias, y con pocas esperanzas de que la situación se desbloquee por otras vías, a la familia solo le queda hacer público su caso. "Solo pedimos que vuelvan a evaluar a nuestro hijo y que se cumpla la ley. Nuestra guerra no es contra la Xunta, que durante años nos ha ayudado y donde seguimos encontrando apoyo en algunos departamentos. Nuestra pelea es contra un error que nadie quiere reconocer. Si creen que estamos equivocados, que lo expliquen. Y si hubo un error, que lo admitan".

EL MUNDO se puso en contacto con el jefe del servicio de Dependencia de Orense señalado por la familia para recabar su versión de los hechos. El responsable negó las acusaciones y declinó realizar cualquier valoración sobre el caso, aunque aseguró conocer la situación. Por su parte, la Consejería de Política Social e Igualdad sostiene que ha cumplido "estrictamente" con lo establecido en la sentencia judicial, que, según recalca, se limitaba a pronunciarse sobre el grado de dependencia reconocido al menor.

El Gobierno gallego defiende que ejecutó el fallo restituyendo a Ignacio el grado III de dependencia y recuerda que las valoraciones de dependencia y discapacidad son realizadas por personal técnico funcionario independiente. Respecto a las prestaciones económicas reclamadas por la familia, asegura que la normativa exige la presentación de la documentación justificativa correspondiente y subraya que, hasta la fecha, no se han aportado las facturas ni los documentos requeridos, por lo que no puede realizar ningún pago.