El paquete, articulado en 20 medidas, se suma a los más de 120 millones que la Xunta asumirá por el plan estatal
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.David Cabezón (Xunta)
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un plan de 157 millones de euros para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el tejido productivo gallego y las familias más vulnerables. Lo ha hecho acompañado del Consejero de Hacienda, Miguel Corgos, que ha desgranado una batería de 20 medidas pensadas para "llegar rápido" y, sobre todo, antes de que la presión de costes termine por trasladarse al empleo.
"Se trata de anticiparnos a una crisis global que ya está teniendo efectos directos en Galicia y reforzar la capacidad de respuesta en los ámbitos más afectados", ha resumido Corgos, que ha insistido en que el objetivo es sostener la actividad sin dejar atrás a los colectivos más vulnerables.
Oxígeno para las empresas
El plan concentra su principal esfuerzo en evitar que la subida de la energía y los problemas logísticos frenen en seco la actividad empresarial. Para ello, la Xunta ha reservado 62 millones de euros en préstamos a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) dirigidos a compañías afectadas por el encarecimiento de costes y las tensiones en las cadenas de suministro. Estas líneas contarán, además, con un procedimiento abreviado que permitirá "resolver las solicitudes en un máximo de diez días" para que la financiación llegue antes de que la presión de costes se traduzca en ajustes.
Junto a esta línea, el Ejecutivo autonómico ha reforzado a los sectores donde el impacto es más inmediato. El pesquero, muy condicionado por el precio del combustible, concentrará 25,5 millones para modernizar infraestructuras y mejorar su eficiencia. El agrario recibirá 19,4 millones para avanzar en tecnificación y reducir costes de producción en un escenario de materias primas al alza. El paquete se completa con cinco millones destinados a la promoción turística, con la vista puesta en reforzar la posición de Galicia en los mercados internacionales.
Escudo social y energético
Además, el plan incorpora un bloque social de algo más de seis millones de euros orientado a amortiguar el impacto de la inflación energética en los hogares con menos capacidad de reacción. Incluye aplazamientos en alquileres de vivienda pública, ajustes en contratos de transporte para contener tarifas y una agilización en el pago de ayudas ya existentes como el bono térmico o la RISGA, con la intención de que los recursos lleguen antes y con mayor eficacia.
En el ámbito energético, la Xunta movilizará cerca de 40 millones de euros destinados a actuaciones de eficiencia y autoconsumo. Entre ellas, intervenciones en edificios públicos, apoyo a la creación de comunidades energéticas y desarrollo de instalaciones compartidas en polígonos industriales, con el fin de reducir la exposición de la economía gallega a la volatilidad de los precios energéticos.
El plan se ha planteado como un complemento a las medidas aprobadas por el Gobierno central, que la Xunta considera "insuficientes y adoptadas sin contar con las comunidades". Según sus estimaciones, el impacto fiscal de estas decisiones supondrá más de 120 millones de euros menos de ingresos para la comunidad.
En paralelo, el Ejecutivo gallego trasladará propuestas al Gobierno y a la Unión Europea orientadas a reforzar la respuesta ante la crisis, entre ellas una mayor flexibilidad en los fondos comunitarios y nuevos mecanismos de apoyo a los sectores afectados.