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El mal diseño o la difícil ejecución de los fondos Next Generation ha sido uno de los mantras que ha acompañado al Plan de Recuperación desde su lanzamiento en 2021. A cuentagotas, se han conocido casos de empresas que han renunciado o devuelto fondos europeos, pero el Gobierno no presenta cifras oficiales.
Una investigación de EL MUNDO ha conseguido obtener datos de 1.400 millones de euros en renuncias de empresas privadas y entidades públicas, una imagen parcial que supondría un 3,5% de los fondos que ha gastado el Gobierno, según el último informe de ejecución de Funcas.
Sin embargo, la cifra es mucho mayor, ya que ministerios que han tenido que reformular grandes programas por la baja adhesión como Industria por el Perte VEC o Transición Ecológica se han negado a aportar la cifra, al señalar que no tenían disponible un compendio de todas las renuncias y su montante. Otros ministerios han accedido, pero sin identificar quién ha devuelto los fondos.
Así, sabemos que el Ministerio de Ciencia ha gestionado 1.114 renuncias y recibido 360 reembolsos de fondos de programas no ejecutados en su totalidad o que finalmente no fueron viables. Por los detalles sobre la naturaleza jurídica de los beneficiarios que dieron marcha atrás se puede concretar que entidades públicas y universidades jugaron un rol importante al devolver ayudas, ya que se trataba de inversiones asociadas a la compra de equipos científicos, atracción de talento científico o refuerzo de la tecnología sanitaria.
En total, el organismo dirigido por Diana Morant se encontró con 126 millones de euros de vuelta, el segundo con mayor tasa de renuncias de la lista. En estos casos el dinero no tiene por qué perderse, ya que puede reinvertirse en programas mejor diseñados o nuevos. Por eso, aunque el Ministerio de Transformación Digital encabeza por mucho la lista con 1.054 millones, tres cuartos del total, gran parte de ese dinero ha sido reencauzado por la economía y su componente principal del plan está al 97% de su ejecución.
En el caso de Transformación Digital, pesa especialmente el Kit Digital, que totaliza casi 800 millones de euros en renuncias, concentradas principalmente entre 2023 y 2024, año en que se agilizó su tramitación y se incluyó la subvención de portátiles para autónomos para garantizar el éxito en su ejecución.
Además, el Ministerio también sufrió la mayor renuncia de una empresa privada, Lyntia Networks, que devolvió 142 millones de euros a la Administración al constatar que no tendría clientes suficientes en su plan para conectar con fibra óptica las torres de telecomunicaciones de áreas rurales de toda España. Este programa ha sido uno de los más cuestionados por su diseño, forzado por Bruselas, y fue reconducido a ayudas directas a los mayores operadores.
La digitalización, no obstante, es una protagonista en los casi 200 registros que ha recopilado este diario. Programas como el Kit Consulting se acercan a los 20 millones en devoluciones, la Policía Nacional devolvió 2,5 millones por no ser capaz de ejecutar en plazo su programa de capacitación digital y más de una decena de universidades renunciaron a las subvenciones para "cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad".
Entre las razones, la que más abunda es la falta de capacidad para cumplir plazos, pero existen otras como reajustes de costes que hacen que el proyecto sea más barato o que una empresa decide finalmente no seguir adelante con un proyecto por razones de estrategia.
El Kit Digital y la macrorrenuncia de Lyntia explican el 80% de los más de 1.000 millones a los que renunció el sector privado. Entre las principales renuncias destaca también la renuncia a las ayudas de transporte sostenible de Naviera Altube y Axpo, que superaron los 14 millones de euros, o la devolución de siete millones de euros del Barcelona Supercompunting Centre de un programa para desarrollo de chips.
En el sector público, la composición es variada. Desde decenas de renuncias de universidades a programas de investigación a un aluvión de devoluciones de los fondos para implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Asimismo, programas como los que subvencionaban planes de accesibilidad en viviendas vieron como más del 60% de los 50 millones de euros enviados a las comunidades volvían sin gastarse, con algunas como Madrid o Galicia renunciando al 100% del importe.
No obstante, Baleares, Canarias y Extremadura encabezan la devolución de fondos al Estado con 16, 15 y 13 millones de euros, principalmente por programas de conectividad en polígonos o edificios o algunos de las ya mencionadas.
La mayoría de las empresas y organismos que renunciaron a los fondos lo hicieron incluso antes de que llegaran a su caja. Sin embargo, en algunos casos fue necesario reembolsar a la Administración... con el interés correspondiente, lo que permitió a Hacienda recaudar 7,6 millones adicionales.
Los datos se han obtenido a través de peticiones de transparencia a todos los ministerios. Han contestado afirmativamente los ministerios de Agricultura, Igualdad, Ciencia, Exteriores, Política Territorial, Derechos Sociales, Trabajo e Inclusión.
En algunos casos, las solicitudes se han fragmentado y dirigido a cada departamento. En Transfomación digital, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dio la información, la de IA, no. En Transportes, lo hizo la secretaría general de Movilidad.
Ministerios como Economía, Transición Ecológica, Vivienda o Industria han negado la información, no la han contestado o han argumentado que está disponible en la web del Plan de Recuperación, algo que no es cierto.
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