La familia de la joven asesinada en 2002 había pedido apartar a la Policía Nacional tras denunciar años de irregularidades, pero el juez sostiene que la causa sigue archivada y sin nuevos indicios

El juzgado de Tui ha vuelto a rechazar que la Guardia Civil asuma la investigación del asesinato de Déborah Fernández, la joven viguesa de 21 años que desapareció en mayo de 2002 y cuyo cadáver apareció diez días después en una cuneta de O Rosal (Pontevedra). La decisión llega después de que la familia solicitase que el caso dejase de estar en manos de la Policía Nacional y pasase a la Unidad Central Operativa (UCO) ante la pérdida de confianza en una investigación que acumula más de dos décadas de irregularidades, pruebas extraviadas y diligencias fallidas.

El juez ya había rechazado inicialmente esa petición en una providencia dictada en abril. La familia recurrió entonces la decisión alegando que otro cuerpo policial debía revisar las pesquisas y, ahora, en un nuevo auto notificado este martes, el magistrado ha desestimado también ese recurso y mantiene que no procede el cambio solicitado.

La resolución, contra la que todavía cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, centra gran parte de su argumentación en la situación procesal de la causa. El juez recuerda que el caso permanece archivado provisionalmente y sostiene que no existe "indicio ni hecho nuevo que justifique su reapertura". Según explica el auto, el recurso presentado por la familia tampoco aporta nuevos elementos que permitan reactivar judicialmente la investigación.

El magistrado añade además que el escrito no concreta qué norma se habría vulnerado ni qué perjuicio legal o procesal habría provocado la decisión recurrida. A continuación, recuerda que corresponde exclusivamente al órgano judicial decidir qué cuerpo policial practica las diligencias y que esa elección no depende de las partes personadas en la causa.

La decisión supone un nuevo revés para el entorno de Déborah, que lleva años denunciando graves irregularidades alrededor del caso. Entre ellas, la desaparición durante años del teléfono móvil de la víctima y su posterior reaparición sin tarjeta SIM, lagunas en los registros de llamadas o informes periciales que apuntaban a posibles manipulaciones de pruebas mientras permanecían bajo custodia policial.

LA FAMILIA SOSTIENE QUE EL DEBATE SE HA DESVIADO

La respuesta de la familia llegó apenas unas horas después de conocerse el auto. Su abogado presentó un escrito de aclaración en el que sostiene que el juzgado, la Fiscalía y la defensa del único investigado están centrando el debate en una cuestión distinta de la que realmente planteaba el recurso.

Según defiende el letrado, la familia nunca solicitó formalmente la reapertura de la causa, sino únicamente que las pesquisas pasasen a manos de la UCO. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el propio auto judicial fundamentan buena parte de su rechazo en que el caso sigue archivado provisionalmente y en que no existen nuevos indicios para reabrirlo.

Para la familia, ahí reside precisamente el problema. Consideran que se está respondiendo a una petición que nunca hicieron. "Desvían la atención", sostiene el escrito presentado este martes, al entender que la discusión no debía centrarse en si el procedimiento podía reabrirse, sino en qué cuerpo policial debía encargarse de revisar unas diligencias en las que aseguran haber perdido toda confianza.

El escrito de aclaración también reprocha al juzgado una aparente contradicción entre las dos resoluciones dictadas hasta ahora. Según expone la familia, en la primera providencia el juez argumentó que no tenía competencia para decidir qué cuerpo policial debía asumir la investigación, mientras que en el auto conocido este martes sostiene precisamente que esa decisión corresponde al órgano judicial.

Déborah Fernández desapareció el 30 de abril de 2002 en Vigo. Diez días después, su cadáver apareció cuidadosamente colocado entre la maleza en una cuneta de O Rosal. Más de dos décadas después, el crimen continúa sin resolverse.