El archivo del proyecto reabre el debate sobre el modelo productivo gallego entre inversión industrial y rechazo ambiental
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este miércoles, durante la sesión de control en el parlamento gallego.David Cabezón (Xunta de Galicia)
Actualizado
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado este miércoles al BNG y al PSdeG que hayan tratado de atribuirse el mérito del archivo de la macrocelulosa que la portuguesa Altri proyectaba en Palas de Rei (Lugo) y ha advertido de que, más allá del cruce partidista, el resultado deja «un claro perdedor: Galicia y su futuro». En la sesión de control celebrada en el Parlamento gallego, Rueda ha enmarcado el carpetazo, provocado por la falta de conexión eléctrica suficiente, como la caída de una de las principales apuestas industriales de la legislatura, un proyecto con capacidad para generar hasta 2.500 empleos y llamado a reforzar el tejido productivo de la comunidad.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha cuestionado que el frenazo pueda presentarse como un éxito y ha deslizado que celebrar el archivo equivale a asumir sus consecuencias. Según ha sostenido, Lugo pierde una oportunidad industrial y la infraestructura energética que la sustentaba mientras la oposición reivindica el parón. Rueda ha ido más allá y ha acusado a BNG y PSdeG de haber influido ante el Gobierno central en la decisión sobre la conexión eléctrica, antes de interpelar a la líder nacionalista, Ana Pontón, sobre qué propuesta concreta ofrece a «los jóvenes ingenieros, biólogos y tecnólogos» que buscan desarrollar su carrera en Galicia. «Usted ha sido capaz de frenarlo, sí, pero ¿ahora qué?», ha cuestionado.
Desde la bancada nacionalista, Pontón ha presentado el archivo como «una gran victoria» ciudadana y «una rotunda derrota» del Ejecutivo, llegando a retratar a Alfonso Rueda como un «comercial» de Altri. Ha encuadrado la planta como un proyecto «del siglo pasado» y ha reactivado además la batalla por el memorando de entendimiento suscrito en octubre de 2021 entre la sociedad Impulsa y la multinacional lusa, un documento que, según sostiene, compromete a la Xunta y que el Gobierno mantiene bajo confidencialidad. Pontón lo califica de «acuerdo secreto» y recuerda que el BNG ha acudido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para forzar su entrega íntegra en el Parlamento. «Vamos a poner luz donde usted quiere poner oscuridad», ha advertido.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, este miércoles, durante la sesión de control en el Parlamento gallego.Cedida (BNG)
En esa misma línea, Rueda ha reiterado que el memorando está sujeto a cláusulas de confidencialidad y que su publicación depende del consentimiento de las partes firmantes. Niega que la Xunta haya ocultado su existencia y defiende que el Ejecutivo actuará con firmeza frente a «presiones y demagogia», amparado en «el mandato del pueblo a través de las elecciones». A su juicio, el debate trasciende el cruce dialéctico y obliga a definir qué modelo productivo quiere Galicia en un escenario de competencia entre territorios por atraer proyectos industriales.
Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha sumado a la exigencia de «desclasificar» los papeles de Altri y ha instado al presidente a aplicar el mismo criterio de transparencia que reclama al Gobierno central en asuntos como la AP-9. Además, ha acusado a la Xunta de «saquear» a los ayuntamientos a través del anteproyecto de Ley de Administración Local y de trasladarles competencias sin financiación suficiente, poniendo como ejemplo el peso que soportan los municipios con el Servizo de Axuda no Fogar.
Así, el archivo de la macrocelulosa no ha cerrado el debate que acompañó al proyecto desde su anuncio, sino que lo ha trasladado con mayor intensidad al terreno político. Mientras la oposición reivindica el frenazo como un triunfo social y ambiental, el Gobierno sostiene que la caída de la planta proyecta una señal de inseguridad para futuras inversiones y obliga a Galicia a preguntarse qué mensaje envía a quienes valoran instalarse en la comunidad. En ese contexto, la cuestión de fondo no es sólo Altri, sino si la comunidad puede permitirse renunciar a proyectos industriales de gran escala sin disponer de una alternativa equivalente en empleo, inversión y capacidad productiva.