El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a la 'conselleira' de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.Xunta de Galicia
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La Xunta de Galicia quiere convertir parte de los bajos comerciales vacíos de Ourense en vivienda pública de alquiler asequible. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico ha recibido ofertas para adquirir 26 locales y entreplantas sin uso y transformarlos en hasta 32 pisos protegidos dentro de un nuevo programa piloto impulsado por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).
La iniciativa, dotada con hasta dos millones de euros, busca ampliar el parque público de vivienda en una ciudad donde la Xunta asegura no disponer actualmente de suelo residencial suficiente para impulsar nuevas promociones públicas. Según ha explicado Rueda tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, entre las propuestas presentadas figuran inmuebles repartidos por distintas zonas de Ourense, tres de ellos además con plaza de garaje.
El Ejecutivo gallego defiende esta fórmula como una alternativa para responder al creciente problema del acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, intentar revitalizar barrios y áreas urbanas que han ido perdiendo actividad comercial durante los últimos años y acumulan cada vez más bajos cerrados.
Próximos pasos
El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) iniciará ahora el proceso de tasación de los locales que considere viables para uso residencial y formulará una oferta económica tomando como referencia el valor más bajo entre el precio solicitado por el propietario, el resultado de la tasación o el límite fijado por la propia Xunta.
El precio máximo de adquisición se calculará aplicando un valor de 650 euros por metro cuadrado construido, salvo que la tasación determine una cuantía inferior. En el caso de los trasteros, la superficie máxima computable será de ocho metros cuadrados, mientras que las plazas de garaje no podrán superar los 15.000 euros de valoración.
La Xunta también asumirá hasta 1.500 euros de gastos derivados de honorarios técnicos y trámites administrativos necesarios para formalizar las operaciones de compra de aquellos inmuebles que finalmente resulten seleccionados. El Gobierno gallego prevé resolver el procedimiento antes de que finalice este año.