Santiago Abascal, en la sede de Vox hace unos días.Europa Press
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El dato más impactante de las elecciones extremeñas fue ese 60,08% que sumaron PP y Vox. Por alguna razón, parece que a la comunidad más de izquierdas de España no llegó la alerta antifascista de Pedro Sánchez y acólitos. Al contrario, los extremeños han iniciado un viaje que recuerda mucho al de Andalucía y que consistiría en concluir que votar a la izquierda ya no "les renta", por usar el nuevo argot presidencial.
Los resultados apuntan, en efecto, a un cambio profundo que supera con mucho una abstención alta o un revés por un mal candidato. Se ha producido aquello contra lo que Sánchez levantó su muro: un trasvase de votos de la izquierda a la derecha. Y no en cantidades pequeñas ni en una sola dirección. El PSOE ha cedido votos al PP, pero todo indica que ha empezado a enviarlos también en dirección a Vox, lo que no deja de ser una venganza del destino contra quien más ha promovido y deseado el crecimiento de Abascal.
Veamos dos casos concretos. El primero en Villanueva de la Serena, feudo absoluto del PSOE extremeño y pueblo del candidato Gallardo, donde los socialistas han perdido 20 puntos de porcentaje de voto, que se traducen en 2.892 sufragios menos. Si asumiéramos, aun siendo mucho asumir, que toda la nueva abstención en el pueblo viene del PSOE (593 votos menos que en 2023), que todo lo ganado por el PP viene del PSOE (485) y que todo lo que ha subido Podemos viene también del PSOE (375), siguen faltando la mitad de los votos perdidos. ¿Dónde han ido? Vox ha ganado 1.562, el que más sube. Haga usted su propia deducción.
Segundo caso: Badajoz capital. Aquí el PSOE ha perdido 10.112 votos, otra cantidad enorme. De nuevo, nos encontramos con que el PP ha ganado apenas 316, mientras que Podemos ha subido 3.262 y la abstención ha aumentado en 3.541 personas. Vuelven a faltar votos y, de nuevo, el que más gana es Vox, que con 5.444 votos más ha conseguido ser segunda fuerza en la ciudad más poblada de Extremadura.
Que PP y Vox sumen el 60% de los votos es algo realmente excepcional en España. La derecha no nacionalista sólo suma más del 50% en seis autonomías -Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, La Rioja y la propia Extremadura- y nunca ha sido mayoría en el conjunto del país. La vez que más se acercó fue en 2011, con la mayoría absoluta de Rajoy y en medio de la mayor crisis económica de nuestra historia reciente.
Con la agrupación de fuerzas actual, en la que el PSOE lidera un bloque con extremistas y separatistas, el PP sólo habría gobernado de 2000 a 2004 y de 2011 a 2015, y la primera sería discutible, porque si CiU y PNV no hubieran apoyado al primer Aznar y hubieran mantenido al PSOE de González en el poder, como hacen ahora con Sánchez, seguramente jamás habría existido aquella mayoría absoluta del aznarato. Y ahora, sin embargo, las encuestas ofrecen una mayoría política sólida de la derecha. La última encuesta de Sigma Dos de ámbito nacional, publicada a comienzos de este mes, daba a la suma de PP y Vox el 50% de los votos, que se iba al 51,3% con UPN y el partido de Alvise.
La hegemonía de la izquierda y los nacionalistas ha sido una constante en la España democrática. El tablero inclinado, siempre a favor suyo, siempre al servicio de su marco político y cultural. Y lo que está en discusión es si eso se ha terminado y el tablero se ha equlibrado.
Es indudable que Sánchez cuenta con ella, porque su reacción al desastre extremeño ha sido más de lo mismo en dosis doble. Ha puesto a Elma Saiz de portavoz para anunciar otra subida de las pensiones, antesala de lo que seguramente será un festival de gasto de aquí a las elecciones. Pero para la clase media que soporta la carga fiscal, los jóvenes que sufren los sueldos de subsistencia y los autónomos que padecen las subidas de las cuotas, Saiz es la ministra de la brecha generacional, de la precariedad, de los impuestos arbitrarios y de la entrada de medio millón de inmigrantes al año sin políticas de integración, que eso también es negociado suyo.
Un Gobierno que se desconecta de la mayoría del país es un proyecto con fecha de caducidad. No es sólo una crisis política por la corrupción y el desgobierno, que también, sino que hay señales de pérdida del dominio cultural y la mayoría social. Un clima de hartazgo, cuyo resultado veremos en 2026... o 2027.