El PP ha decidido limar cualquier roce con Vox que pueda afectar a sus futuros pactos y, al mismo tiempo, tratar de frenar una fuga de votos hacia la formación de Santiago Abascal, defendiendo por primera vez en el Congreso el llamado principio de "prioridad nacional", recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición extremeño, cuya traducción sin eufemismos es "españoles, primero".

Los populares enarbolan ya este principio aunque tratan de puntualizar que su puesta en práctica deberá acogerse a la "legalidad". El objetivo a todas luces tiene dos derivadas: de un lado, proteger los acuerdos con Vox que, tras el de Extremadura, tendrán que suscribirse en Aragón y en Castilla y León y, probablemente, con la vista puesta en las elecciones generales, también a nivel nacional. Y, de otro, evitar una mayor fuga de votos hacia el partido de Abascal, que ha encontrado en la cuestión migratoria un argumento claro para atraer al electorado más desfavorecido.

En este sentido, el PP ha presentado una enmienda a la moción de Vox sobre política migratoria en la que textualmente aboga por "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema", añaden, "adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

Además, el texto que firman los populares hace mención especial al sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social para el cual debería exigirse, señalan, un empadronamiento histórico en el territorio de un mínimo de 10 años para la compra y cinco para el alquiler, así como valorar la trayectoria de cotización y actividad laboral del solicitante.

El redactado que propone el PP de Alberto Núñez Feijóo es una traslación, prácticamente literal, de lo que recoge el pacto sellado entre ambas derechas en Extremadura. Es, pues, su forma de responder al intento de Vox de forzarles a pronunciarse en el Congreso sobre la "prioridad nacional" en unos términos más amplios que los que contempla el acuerdo extremeño. La moción que registró el partido de Abascal no recoge, por ejemplo, los criterios que marcan esa "prioridad nacional", mientras que el PP aboga por acotarla al "arraigo" en el territorio -y no directamente a la nacionalidad, aunque en la práctica vaya, en cierta medida, ligado-.

Los populares, con su enmienda, ponen así coto a las pretensiones de Vox, limitando su acepción del concepto de "prioridad nacional" a lo pactado en Extremadura, que tiene hasta cierto punto encaje legal ya -vía baremos en la concesión de ayudas, por ejemplo- y que se remite a una futura modificación de la Ley de Extranjería.

Fuentes de Génova dicen tener "cero problemas" con el concepto de "prioridad nacional" -si se entiende en los términos que recoge la enmienda del PP, vinculándolo al arraigo territorial- y sostienen que es un principio que "inspirará" algunas de sus políticas. Así, y pese a los barones populares que criticaron lo pactado en Extremadura -la más directa, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, Feijóo lo abraza ahora en el Congreso y fija ahí su límite con Vox.

La moción de Vox, con o sin enmienda del PP, en caso de que fuera aprobada, no tendría ningún efecto vinculante para el Gobierno, pero sí viene a poner de manifiesto la sintonía entre los dos partidos a la hora de afrontar la política migratoria.