El portavoz del partido de Abascal en Extremadura deslizó que sus peticiones quedan circunscritas al marco de actuación de las comunidades
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Villablino (León).EFE
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El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, aprovechó ayer su intervención de 30 minutos sobre la tribuna para enumerar varias de las medidas que su partido ha planteado al PP para cerrar un acuerdo. Algunas, como él mismo reconoció, ya las había hecho suyas María Guardiola en su discurso de investidura. «Muchas de las cuestiones que ha puesto aquí sobre la mesa ya están acordadas», le dijo también la candidata popular. Sobre otras no hay pacto aún, pero la negociación sigue en marcha y las exigencias que ayer planteó Vox dejan margen al PP.
El partido de Alberto Núñez Feijóo lanzó hace 10 días un «documento marco» que recoge sus líneas maestras para cerrar acuerdos con otras formaciones -ahora, con Vox en las autonomías-. En este texto, el PP se comprometía a que todos sus pactos se circunscribieran a la «legalidad vigente», lo cual implica también ceñir las medidas acordadas al ámbito en que las comunidades son competentes. Esto provocó rechazo en Vox, que consideraba que dejar estas condiciones -«obvias», dijo Santiago Abascal- por escrito significaba tratarles de «salvajes». Sin embargo, algunas de las medidas que el partido de derecha dura defiende no pueden ponerse en marcha desde las autonomías, y esto ha generado varios choques entre PP y Vox en su relación en las comunidades. El ejemplo más claro: la distribución de menores inmigrantes por las regiones, estipulado ya por ley y que los de Abascal rechazan.
Pero ayer, en su enumeración de las exigencias que plantean al PP para cerrar un pacto, el portavoz de Vox deslizó que sus peticiones quedan circunscritas al marco de actuación de las comunidades. «Oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, sean mayores o menores», reclamó Fernández a Guardiola -no habló de no acatar normas, sino de rechazarlas «por todos los medios» posibles-. También en materia de inmigración, el dirigente de Vox pidió «priorizar» a los españoles en la concesión de ayudas o en programas de empleo y exigió revisar las medidas para «incorporar la prioridad nacional allí donde se pueda implementar».
Asimismo, Vox situó en la legalidad el límite a uno de sus reclamos más característicos: la retirada de subvenciones a sindicatos. «Eliminación de todas las subvenciones que excedan del mínimo legal vigente para sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública demostrada», dijo Fernández.
En materia medioambiental, Vox pidió al PP «oposición frontal a todo lo que perjudique al sector primario». Aunque, eso sí, añadió la exigencia de sellar «un compromiso firme de no aprobar ni una sola norma que perjudique al sector primario, viniendo de donde venga». Después añadió: «Hay que protegerlo política, económica y jurídicamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde», lo cual de nuevo deja una puerta abierta al PP para pactar en esta materia medidas que sí están en manos de las autonomías. Así, con Vox deslizando esa «legalidad» y respeto competencial que exige el PP, los populares tienen aún margen.