La educación ha sido en las últimas décadas uno de los asuntos sociales más utilizados por los políticos, una herramienta esencial para armar su discurso, pero desde hace un par de años ha perdido presencia en la guerra ideológica. Hay más de 10 millones de estudiantes y casi un millón de profesores en España, pero los partidos no los consideran una prioridad, como constata el escaso protagonismo que han tenido durante las pasadas elecciones en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

En las cuatro campañas de las autonómicas se habló de inmigración, vivienda, sanidad y juventud, los cuatro focos sociales que capitalizan ahora el debate, pero apenas se abordaron los problemas escolares y universitarios, estando la educación transferida a las comunidades.

Si acaso en Aragón, donde se generó polémica en torno al concierto público del Bachillerato en los colegios privados, hubo más discusión. Pero la candidata del PSOE, precisamente la ex ministra de Educación Pilar Alegría, demostró la poco importancia que se da al tema cuando se refirió a la «Universidad de Teruel» aunque no existe tal institución.

La educación suscita incomodidad para todos los partidos porque nadie tiene muy claro qué hacer para mejorar los indicadores. El PP tuvo la oportunidad cuando gobernó en La Moncloa con mayoría absoluta pero su Lomce fue desautorizada incluso dentro del partido. Tampoco ha tenido éxito a la hora de poner de acuerdo a sus comunidades autónomas para organizar la prometida Selectividad «común».

Alberto Núñez Feijóo ha mantenido en este asunto un deliberado perfil bajo, como prueba que, en su discurso de propósitos para 2026, no aludiera ni una sola vez a la escuela o a las universidades. Tampoco Vox, Sumar o los nacionalistas tienen la educación entre sus objetivos. Más allá de insistir en la lengua de aprendizaje en las aulas, han presentado pocas ideas sólidas para mejorar la situación de las escuelas.

En la calle la situación se vive de otra forma. Mientras la escuela española registra los peores resultados de la historia en los ránkings internacionales, cada vez hay más familias que se quejan de que los alumnos terminan la educación obligatoria sin saber leer o escribir bien y los profesores están más descontentos que nunca. El malestar va a más y se avecina un septiembre encendido.

Tras la multitudinaria huelga de profesores del año pasado en Asturias, este final de curso está marcado por movilizaciones en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y la Madrid, así como las protestas en toda España en el primer ciclo de Infantil, el primer paro educativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que hoy pone la guinda una manifestación unitaria en Madrid.

Aquella marea verde nacida en Madrid en defensa de la escuela pública ha resurgido con fuerza 15 años después teñida también de amarillo, el color de la reivindicación en Cataluña, que tras la huelga de febrero afronta en mayo y junio un conjunto de 17 días de paros, divididos por territorios y etapas educativas.

Las reivindicaciones comunes de los docentes en todas las autonomías son la subida de sueldos, el refuerzo de profesionales que trabajan en la inclusión de alumnos con necesidades especiales y una reducción de la carga burocrática que ha multiplicado la Lomloe. En Aragón se protesta expresamente por la financiación con dinero público del Bachillerato privado, mientras que en Madrid, donde se manifestaron los docentes de todas las etapas el 19 de abril, la movilización se centra en el ciclo de 0 a 3 años, que lleva más de un mes en huelga indefinida.

Dimisiones masivas

La protesta más intensa, en cualquier caso, se vive en las escuelas de la Comunidad Valenciana, donde la queja es constante desde los tiempos en que gobernaba el PSOE aunque los docentes llevan 10 días en huelga indefinida. Algunos profesores han dicho que pondrán un 10 generalizado a sus alumnos de 2º de Bachillerato si no llegan a un acuerdo con el Govern, mientras que 290 miembros de equipos directivos de 157 colegios e institutos han anunciado su dimisión en bloque.

Al cierre de esta edición se habían plantado ya 138 directores, 77 jefes de estudios, 56 secretarios y 19 cargos de diversa responsabilidad. Las renuncias no son efectivas hasta que no las presenten la semana que viene en la Consejería, que puede aceptarlas o rechazarlas, pero admiten ser «conocedores del riesgo que supone» esta acción.

«Cuando estamos dispuestos a renunciar no es por cansancio ni por estrategia. Es porque ha llegado un punto en el que la dignidad, la coherencia y la defensa de la escuela pública pesan más que el cargo», expresa Jaume Olmos, portavoz del grupo de equipos directivos críticos de la Comunidad Valenciana.

«Ahora es más difícil que nunca ser docente», le apoya Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO. «Cada vez la escuela tiene más atribuciones y necesitamos más recursos porque no podemos más. Además, hay maestros compartiendo piso con desconocidos porque el sueldo no les llega para alquilar una vivienda. Todo ese malestar está ahí. En los debates de las últimas cuatro elecciones autonómicas no se ha hablado de educación, pero estas movilizaciones ponen encima de la mesa que la educación es prioritaria».

Los motivos

¿Por qué, si los colegios están tan mal, los políticos no quieren ni hablar del tema? La falta de Presupuestos ha sumido al país en una parálisis legislativa. Pero hay más razones.

«Tiene que ver con la pérdida de rentabilidad electoral», explica el politólogo Javier A. Herreros. «No es que la educación haya dejado de importar, sino que ha dejado de ser útil políticamente en un contexto dominado por la inmediatez, la polarización emocional y los problemas percibidos como urgentes», prosigue este experto en comunicación política que ha diseñado campañas electorales en Andalucía.

«Durante años la educación ha sido un tema central porque era un campo de confrontación ideológica muy claro que servía para activar identidades políticas profundas y fácilmente reconocibles: lo público frente a lo concertado o privado, lo laico frente a lo religioso, los modelos culturales y territoriales distintos... El rédito político era inmediato, aunque los efectos no lo fueran».

«Ese marco hoy está agotado», añade Herreros. «Las posiciones están consolidadas, el votante ya sabe qué defiende cada partido y la educación ha dejado de generar movilización o cambio de voto. Desde la lógica de campaña, es un tema que no suma electoralmente y, en algunos casos, incluso genera más riesgos que beneficios», añade.

¿A qué riesgos se refiere? «El primero es que puede abrir conflictos con colectivos muy organizados que activen protestas o críticas que eclipsen el mensaje principal de la campaña. El segundo es que obliga a entrar en matices muy técnicos que son difíciles de simplificar en clave electoral y que diluyen el relato político general. Un tercer riesgo es el desgaste ideológico sin retorno: reabrir debates clásicos moviliza a los ya convencidos, pero rara vez amplía la base electoral. Desde el punto de vista estratégico, supone gastar energía donde no hay un crecimiento de voto. Por eso muchos partidos evitan convertir la educación en eje central del debate electoral», responde.

"Otras urgencias sociales"

En los últimos años, además, se ha producido un cambio sociológico. Los jóvenes, que eran los grandes ignorados por los políticos, han ganado más protagonismo en el espacio electoral. Ese «factor generacional», sostiene Herreros, «está llevando a otras urgencias sociales»: la vivienda, la precariedad laboral o la salud mental son percibidas por los jóvenes -y por sus familias- como los asuntos prioritarios.

«El problema ya no es tanto formarse, sino qué ocurre después de hacerlo», apunta el politólogo, que incide en que, «para muchos jóvenes, la educación ha perdido su condición de promesa clara de ascenso social».

El «factor de la inmediatez», que viene alentado por el auge de las redes sociales, también es novedoso. Fernando Jiménez, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, apunta que «la educación requiere tiempo, mientras que en las elecciones la visión es a corto plazo». Las leyes educativas tardan varios años en dar resultados, pero en España no se han podido ver los efectos de ninguna porque cada Gobierno ha derogado la norma anterior. «En las decisiones estratégicas se ha perdido por completo el sentido de Estado», sentencia.

Basta con echar un vistazo a los datos para ver que la educación tampoco está quitando el sueño al conjunto de los ciudadanos. Se encuentra, de hecho, en uno de sus momentos más bajos junto a la época del Covid, donde había otras prioridades, y a los pacíficos años de Ángel Gabilondo, el momento en el que PSOE y PP estuvieron más cerca de alcanzar un pacto de Estado por la educación.

Poca preocupación

El último barómetro del CIS, de abril, dice que sólo el 5,1% de los encuestados percibe la educación como uno de los tres principales problemas en España. Es la preocupación número 14 de entre medio centenar, muy por detrás de la vivienda, la crisis económica, la inmigración, el paro, la corrupción o la falta de oportunidades para los jóvenes. Eso sí, está por delante de la desinformación y los bulos, las pensiones, el cambio climático o la okupación.

«La educación mueve voto porque moviliza a familias, jóvenes y profesores, un grupo potente de por sí, pero no sabría cuantificar cuánto decanta al final hacia uno u otro lado», expresa Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, que lleva una década en política educativa, primero como portavoz de Universidades del PSOE en el Congreso y luego de portavoz educativo en las Cortes de Aragón.

El que también fuera alcalde de Alcañiz (Teruel) dice que «la educación cada vez interesa menos a la gente por razones demográficas, porque afecta sobre todo a los niños y a sus padres y cada vez hay menos niños y menos padres». No deja de lamentar, en todo caso, la falta de propuestas educativas en las pasadas elecciones.

«La educación sólo moviliza voto cuando toca fibra directa, es decir, con el tema de la lengua, las familias con hijos, la convivencia o las becas, o cuando se convierte en batalla cultural o instrumento de dominación o imposición», afirma por su parte Marta Martín, catedrática de Comunicación en la Universidad de Alicante y el principal azote de los ministros Íñigo Méndez de Vigo (PP) e Isabel Celaá (PSOE) cuando era la portavoz de Educación en el Congreso del extinto partido Ciudadanos.

Perfil bajo deliberado

Fue en esos años (2015-2021), junto a los de José Ignacio Wert (2011-2015), cuando hubo más debate político sobre educación, con la aprobación de la Lomce y de la Lomloe. En pleno Covid, la escuela concertada y la educación especial salieron a la calle para protestar por las trabas que esta última ley impuso a estos modelos de enseñanza. Tanto revuelo se generó que Pedro Sánchez reemplazó a Celaá por Pilar Alegría para calmar las aguas y darle perfil bajo a la educación. Tras la pandemia, afirma Martín, «la educación fue expulsada de la agenda por la urgencia institucional, la urgencia social y la polarización», así como por «problemas muy graves e inmediatos, que la gente siente en el bolsillo, como la vivienda o la inflación».

Los politólogos consultados opinan que «tampoco ha ayudado» a poner la educación en el centro del debate que Méndez de Vigo, Celaá y Alegría fueran, al mismo tiempo, portavoces del Gobierno. «Los dos principales partidos que han gobernado se han permitido tener ministros a tiempo parcial que han descuidado el área que más atención requería», afirma Xavier Gisbert, que fue director general en el Ministerio de Educación durante la época de José Ignacio Wert. Admite, eso sí, que la actual ministra, Milagros Tolón, tampoco contribuye a amplificar el debate a pesar de que no tiene más atribuciones que las educativas.

Gisbert, por otra parte, observa una tendencia creciente a la indolencia en la última generación de representantes públicos: «Antes la política era un servicio al que accedían, de forma temporal, los mejores, pero se ha profesionalizado hasta tal punto que se ha convertido en un medio de vida para la mayoría de los que accede a ella y se nutre de personas en muchos casos con insuficiente preparación y formación. Y los menos preparados, para mantenerse en sus puestos, evitan liderar iniciativa alguna por temor a equivocarse, especialmente porque su futuro depende de ello».